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Los desahucios en la provincia de Alicante se disparan en un año pese a la norma que los limita

Los requisitos estrictos para acogerse a la paralización de un desalojo frenan en la práctica que las familias puedan beneficiarse de la moratoria - En los primeros seis meses del año ha habido 1.505 desalojos

Aroa Gómez, con el menor de sus hijos, en la casa que ocupa desde hace seis años. | RAFA ARJONES P.ALBEROLA

Suspender los desahucios de sus viviendas a personas o familias afectadas por la crisis del covid. Esta es una de las medidas estrella del denominado «escudo social», que desplegó el Gobierno cuando estalló la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esta medida ha tenido poco efecto en la provincia de Alicante, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que revelan que en el primer semestre del año se han ejecutado 1.505 lanzamientos. Son casi el doble que los 785 registrados en el mismo periodo del año 2020 y una cifra similar a los que había antes de que estallara la pandemia, en 2019, cuando en los dos primeros trimestres del año se produjeron 1.702 desahucios en la provincia.

El pasado verano, el Gobierno decidía prorrogar hasta el 31 de octubre la ley para evitar que una familia afectada por la pandemia pueda perder su vivienda. Fuentes judiciales y de las plataformas antidesahucios coinciden en señalar que los férreos requisitos de la ley hacen en la práctica inviable que las familias vulnerables puedan acogerse a la misma. Los requisitos para poderse acoger a esta moratoria es haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40% . Además, su renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (casi 1.700 euros mensuales) y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos, deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

Plataformas

«La norma exige como requisito que estés en el paro a causa del covid o en erte o que hayas perdido buena parte de tus ingresos por la pandemia, lo que hace que no se puedan acoger a ella familias que ya estaban en una situación precaria antes de que estallara la pandemia», señala Celeste Doello, de Obra Social PAH Alicante. Doello recuerda que en la ciudad de Alicante el problema de la vivienda sigue siendo acuciante y que se arrastra desde la crisis de 2008, cuando cientos de familias perdieron sus viviendas por no poder pagarlas, sin que se le hayan dado soluciones desde entonces. El parque de vivienda pública sigue siendo muy escaso mientras muchas casas propiedad de los bancos permanecen vacías u ocupadas de manera irregular por familias que no tienen otra alternativa de vivienda.

«La norma para evitar los desahucios ha ayudado a detener algunos lanzamientos, pero para los casos que estaban enquistados no ha sido de ninguna ayuda y se siguen produciendo».

Las plataformas antidesahucios de Alicante aseguran que recibe diariamente alrededor de diez llamadas de personas que no pueden hacer frente al alquiler o la hipoteca. 60.000 personas viven de alquiler en la provincia y unas 10.000 tienen problemas para afrontar el pago.

«Temo verme en la calle con mis cinco hijos»

Vive sola con sus cinco hijos menores de edad, cobra algo más de 900 euros y si nada lo remedia en diciembre será desahuciada del piso que ocupa en la zona norte de Alicante. Aroa Gómez teme que ese día llegue. «Me quita el sueño verme en la calle con mis hijos, porque no tengo otro sitio al que ir. Mi madre vive en Rojales con mis tres hermanos, así que allí no nos podemos quedar», explica esta joven de 35 años. Aroa no se niega a pagar un alquiler, pero pide que sea proporcional a sus ingresos.

«Podría hacer frente a 150 o 200 euros, pero hoy en día no se encuentra nada por ese dinero». Hace 13 años que pidió por vez primera un alquiler social al entonces Instituto de la Vivienda, Ivvsa. Lo hizo con apenas 22 años y un bebé de corta edad. Hoy tiene cuatro hijos más que saca adelante ella sola, con un subsidio y limpiando casas, «aunque ahora que tengo un bebé de 12 meses no puedo trabajar».

En todos estos años son innumerables las reclamaciones que ha puesto a la Generalitat y las quejas al Síndic de Greuges para tratar de acceder a un alquiler social. «Siempre me han dicho que no reúno los puntos suficientes o que tengo a más gente delante que necesita la vivienda más que yo». Afirma Aroa que el piso que ocupa se lo dejó una amiga que no podía pagarlo y regresó a su país. «Lo he arreglado como he podido porque cuando llegué estaba destrozado», señala mientras muestra las sencillas habitaciones de la casa en la que vive con sus hijos.

Días atrás le llegó un requerimiento para que abandonara la vivienda. «Antes me llamaron de una inmobiliaria y me y me dijeron que me ofrecían 1.000 euros si me iba, que querían poner el piso en venta. Yo les dije que con ese dinero no podía encontrar nada para irme con mis hijos y ellos me dijeron que no eran una obra de caridad».

Aroa ha presentado en los juzgados el certificado de vulnerabilidad que le hizo la trabajadora social y todos los informes en los que se pone de manifiesto que lleva trece años esperando una vivienda social. Su caso está ahora en manos de un abogado de oficio para tratar de paralizar el desahucio fijado para el 13 de diciembre.

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