La Diputación se ha adelantado al Consell y ha presentado en el Tribunal Supremo, a través de la plataforma telemática del Ministerio de Justicia, el recurso por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el cambio de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Decisión unilateral que, según la Diputación, vulnera el proceso de participación pública e, incluso, va en contra de la recomendación de los propios técnicos del Cedex, que trasladaron a la vicepresidenta Teresa Ribera que lo mejor era esperar, y vincular el cambio puntual de las normas de explotación del Tajo-Segura a tener aprobado los nuevos planes hidrológicos del Tajo y el Segura. Es decir, a lo largo de 2022, a fin de fijar mejor y para un periodo más largo las reservas y disponibilidades de agua para Alicante, Murcia y Castilla-La Mancha. Esta es, en una parte, la línea argumental del recurso contencioso-administrativo de los servicios jurídicos (asesorados por el Instituto del Agua de la Universidad) de la Diputación, las comunidades de regantes y Asaja-Alicante.
El recurso va acompañado de un estudio jurídico de los letrados de la Diputación en el que se acusa al Gobierno de vulnerar el derecho de participación de los regantes, sectores económicos y ayuntamientos afectados (34), al aprobarse la modificación un año antes de contar con los planes hidrológicos del Tajo y el Segura, y resolver las oportunas alegaciones. Por otro lado, según la Diputación, la iniciativa no calcula el daño que provocará en la economía y huella de carbono de la provincia en la agricultura de regadío y el turismo sustituir agua de trasvase por desalada. El recurso podría, incluso, según los letrados de la Diputación, vulnerar la Constitución, e incluye también sentencias que avalan que la institución esté legitimizada para presentar el recurso.
Por otro lado, un informe del Instituto del Agua de la UA, avanzado ayer en una jornada celebrada en Los Montesinos, advierte de que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo (el otro gran caballo de batalla del Gobierno contra los agricultores) provocará unas pérdidas de 400 millones de unos euros anuales al sector agroalimentario de la provincia, y aumentará el problema del boro porque si el agua desalada que contiene esta metal se mezcla con la del río los suelos pierden calidad, sobre todo en los cítricos. «Y más todavía si el agua desalada se utiliza directamente para riego. Entonces el daño será mayor», subraya Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua.
El cambio de las normas de explotación del trasvase costará en el mejor de los escenarios hidrológicos hasta 132 hm3 a la provincia. Tras publicarse en julio en el BOE la decisión del consejo de ministros, tras una iniciativa unilateral, aunque legal, del Ministerio para la Transición Ecológica, avalada por el Consejo Nacional del Agua el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo avanzó ya, en este sentido, las cuentas. «Si el cambio del los parámetros de las normas de explotación se hubieran aprobado en diciembre de 2020, Alicante y Murcia se hubieran quedado sin 66 hm3 de agua del Tajo ese año». Al margen del recurso de Diputación, el Consell prepara el suyo propio que lo puede presentar por su cuenta.
La reacción de la Diputación y los regantes se produce tras llevar ya tres meses en vigor la resolución del Consejo de Ministros del pasado julio certificando el cambio puntual de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que deja el envío mensual máximo en 27 hm3, once menos que con las reglas que estaban en vigor desde 2013. Un paso más adelante en la hoja de ruta para ir sustituyendo el trasvase de agua del Tajo por agua desalada, que tomará aún más ritmo a mediados de 2022, cuando entre en vigor el nuevo plan hidrológico del Tajo y haya que recortar aún más el envío máximo al tener que recalcular a la baja las normas de explotación porque habrá menos agua circulando por el río al haberse aumentado el caudal ecológico.
De momento, la modificación impedirá que, por ejemplo, en un año bueno, como el último hidrológico entre octubre de 2020 y el pasado mes de septiembre, dejen de llegar en torno a los 66 hm³, que deberán ser suplidos por agua desalada en Torrevieja y Murcia, que, de momento, tampoco la puede producir. Con la actuales reglas de explotación, el trasvase máximo anual no podrá superar los 324 hm3, cuando como mínimos necesitarían 400 hm3, dado el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Agua desalada que cuesta a razón de 0,60 euros/m3 por los 0,17 euros/m3 del caudal del Tajo. Un precio que está pendiente que se vaya incorporando la energía fotovoltaica para alimentar de energías las desaladoras.
El procedimiento judicial se ha presentado ante el alto tribunal al entender, desde la institución provincial, que esta medida ya ha reducido la transferencia máximo mensual a 27 hm3, «es arbitraria y extemporánea y atenta contra los intereses de la provincia de Alicante. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, subraya que con este recurso «damos un paso más en la defensa legítima de nuestra provincia y de nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa».
Mazón asevera que «como ya hemos dicho muchas veces, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a defender a ultranza una infraestructura que es vital para para esta provincia, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico». Asimismo, el presidente recordó que, además de este recurso, desde la Diputación se han presentado alegaciones ante los «continuos recortes» promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se respaldan las distintas movilizaciones en defensa del trasvase. Acciones que, advierte, «se intensificarán si, como nos tememos, el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en su funesto plan».
En este punto, Mazón apuntó que está previsto que en diciembre se apruebe el incremento de los caudales ecológicos «lo que dará la puntilla definitiva a esta obra». Para el presidente de la Diputación, Pedro Sánchez adopta decisiones, sin ningún tipo de criterio técnico y científico que las avale, cuyo único objetivo es acabar con el trasvase, abocando a la ruina a miles de agricultores y regantes de esta provincia y del conjunto del sureste español», según Carlos Mazón.
Caudales ecológicos hinchados artificialmente
El informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que forma parte de las alegaciones presentadas por la Diputación al plan hidrológico del Tajo, constata que el Ministerio para la Transición Ecológica habría hinchado de manera artificial el volumen del caudal ecológico que se quiere imponer en Aranjuez (8,52 hm3 a partir de 2026), porque, según informes de expertos independientes, ese caudal no se podría alcanzar ni de manera natural, o sea con el aporte de las lluvias. En el informe, el director del Instituto, Joaquín Melgarejo, advierte también de que el déficit anual de agua en la cuenca del Segura alcanza ya los 400 hm3 al año, por lo que cualquier nuevo recorte del envío de agua pondrá en peligro el futuro económico y social de los 34 municipios que se abastecen del agua del río, porque no hay forma de sustituir esos caudales.
La gran amenaza para el trasvase Tajo-Segura es que el Ministerio para la Transición Ecológica avala que el río debe pasar de un caudal mínimo legal de 6 m3/segundo a un aumento final de 8,52 m3/segundo en Aranjuez, y también que en Toledo sea de 10 m3/segundo y de 17,8 m3 /segundo en Talavera (2022-2027).
Se trata de valores muy superiores a los propuestos en los estudios realizados para caracterizar los caudales ecológicos mínimos en el tramo Aranjuez-Talavera de la Reina elaborados por el catedrático Luis Garrote de la Universidad Politécnica de Madrid y el biólogo Fernando José Mariño.
El Instituto del Agua de la UA sostiene que el aumento del volumen no responde a necesidades naturales
Las conclusiones de este análisis destacan que no existen motivos, según el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, para modificar el valor de caudal mínimo de 6 m3/segundo que se aplica actualmente en el tramo Bolarque-Aranjuez.
Conclusión: Pérdidas económicas para Alicante en el sector agroalimentario que superan los 400 millones de euros al año con esa elevación del caudal ecológico y se puede ver afectada más de 1/3 de la superficie regada por el trasvase (el 60% del regadío de la provincia depende del Tajo). La sustitución en su caso por agua desalada, incrementa, además, los problemas con el boro.
