La Diputacion se ha adelantado al Consell y ha presentado ante el Tribunal Supremo el recurso por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el cambio de las normas de explotacion del trasvase Tajo-Segura. Decisión unilateral que, según la Diputación, vulnera el proceso de participación pública e, incluso, va en contra de la recomendación de los propios técnicos del CEDEX, que trasladaron a la vicepresidenta Teresa Ribera que lo mejor era esperar, y vincular el cambio puntual de las normas de explotación del Tajo-Segura a tener aprobado el nuevo plan hidrológico del Tajo. Es decir, en 2022, a fin de fijar mejor y para un periodo más largo las reservas y disponibilidades de agua para Alicante, Murcia y Castilla-La Mancha. Esta es, en su conjunto, la línea argumental del recurso contencioso-administrativo de los servicios jurídicos (asesorados por el Instituto del Agua de la Universidad) de la Diputación, las comunidades de regantes y Asaja-Alicante.El procedimiento judicial fue presentado el pasado jueves ante el alto tribunal al entender, desde la institución provincial, que esta medida, que entró en vigor el pasado mes de julio y que redujo la transferencia mensual a 27 hectómetros cúbicos, es arbitraria y extemporánea y atenta contra los intereses de la provincia de Alicante. No se ajusta a derecho y, según los letrados de la Diputación, podría hasta vulnerar la Constitución.
El cambo de las normas de explotación del trasvase costará en el mejor de los escenarios hírdrológicos 132 hm³ a la provincia. Tras publicarse en julio en el BOE la decisión del consejo de ministros, tras una decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica, avalada por el Consejo Nacional del Agua controlado por Teresa Ribera, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo avanzó ya, en este sentido, las cuentas. “Si el cambio del los parámetros de las normas de explotación se hubieran aprobado en diciembre de 2020, Alicante y Murcia se hubieran quedado sin 66 hm³ de agua del Tajo ese año”. Al margen del recurso de Diputación y agricultores, el Consell prepara el suyo propio que lo puede presentar por su cuenta.
La reacción de la Diputación y los regantes se produce justo tras publicarse en el BOE el pasado verano la resolución del Consejo de Ministros certificando el cambio puntual de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que deja el envío mensual máximo en 27 hm³, once menos que con las reglas que estaban en vigor desde 2013. Una paso adelante en la hoja de ruta para ir sustituyendo el trasvase de agua del Tajo por agua desalada que tomará aún más ritmo a mediados de 2022, cuando entre en vigor el nuevo plan hidrológico del Tajo y haya que recortar aún más el envío máximo al tener que recalcular a la baja las normas de explotación porque habrá menos agua circulando por el río al haberse aumentado el caudal ecológico.
De momento, la modificación impedirá que, por ejemplo, en un año bueno, como el último que hemos tenido dejen de llegar en torno a los 66 hm³, que se han trasvasado este y que deberán ser suplidos por agua desalada en Torrevieja y Murcia, que, de momento, tampoco la puede producir. Con la actuales reglas de explotación, el trasvase máximo anual no podrá superar los 324 m³, cuando como mínimos necesitarían 400 hm³, dado el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Agua desalada que cuesta a razón de 0,60 euros/m³ por los 0,17 euros/m³ del caudal del Tajo.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha manifestado que con este recurso “damos un paso más en la defensa legítima de nuestra provincia y de nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente el trasvase Tajo-Segura poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de Europa”.
“Como ya hemos dicho muchas veces, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a defender a ultranza una infraestructura que es vital para para esta provincia, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”, ha señalado Mazón. Asimismo, ha recordado que, además de este recurso, desde la Diputación de Alicante se han presentado alegaciones ante los “continuos recortes” promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se han respaldado distintas movilizaciones en defensa del trasvase que, ha advertido, “se intensificarán si, como nos tememos, el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en su funesto plan”. En este punto, ha señalado que está previsto que en diciembre se apruebe el incremento de los caudales ecológicos “lo que dará la puntilla definitiva a esta obra”.
En este sentido, el presidente ha vuelto a criticar al ejecutivo socialista “por ningunear y agraviar a la provincia de Alicante, atentando contra sus intereses de forma reiterada ya que todos los meses, desde hace más de dos años, adopta decisiones, sin ningún tipo de criterio técnico y científico que las avale, cuyo único objetivo es acabar con el trasvase, abocando a la ruina a miles de agricultores y regantes de esta provincia y del conjunto del sureste español”.
