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En el aire la plantilla de Acción Social pese al acuerdo con la Generalitat

120 trabajadores temen quedarse sin empleo el 31 de diciembre y que se disparen las listas de espera

La edil Llopis y la vicepresidenta Oltra, en 2020. | JOSE NAVARRO

La plantilla de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante ve peligrar la continuidad de alrededor de 120 puestos entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores y técnicos en inclusión social, entre otros perfiles, y que el servicio vuelva a desmantelarse el 31 de diciembre, como está sucediendo en los últimos años, pese al acuerdo alcanzado por la administración local y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra para la «colaboración y coordinación administrativa y financiera en materia de servicios sociales entre los años 2021 y 2024». En la práctica, este pacto a dos bandas, que lleva gestándose desde hace tiempo, garantizará la estabilidad de la plantilla, evitando el despido del grueso de trabajadores cada final de año, que dejaba a los servicios sociales municipales sin apenas personal durante el primer trimestre del ejercicio siguiente, lo que disparaba las listas de espera y demoraba la atención a menores y la elaboración de los informes de dependencia, sobrecargando a los trabajadores que se mantenían en su puesto hasta que volvían a recomponer los equipos.

Pese a la aprobación del acuerdo entre administraciones ayer en la Junta de Gobierno, la alarma cundió entre parte de la plantilla, a quienes, según fuentes sindicales, ya habrían comunicado el cese el 31 de diciembre para realizar los nuevos contratos. Trabajadores sociales, no obstante, explicaron que aún no está claro qué criterios se aplicarán puesto que se han celebrado oposiciones y aún se desconoce qué personas se quedarán con la plaza y cuáles entrarán por bolsa. Las mismas fuentes indicaron que a finales de verano sí que les comunicaron el cese a final de año pero que consideran que el acuerdo del contrato-programa suponía modificar la situación dado que la firma por cuatro años se retrotrae al 1 de enero de 2021. «Pero desconocemos si incluye el compromiso de mantener al personal o se deja a criterio de cada ayuntamiento», admitieron trabajadores.

El portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Ciudadanos), dijo al respecto que el convenio con la Conselleria de Igualdad, por 9 millones de euros, es una buena noticia porque evita los vaivenes y define bien las competencias. «Es una buena noticia para los servicios sociales. Nos debemos felicitar y los pequeños detalles se irán resolviendo», afirmó.

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