La decisión del Tribunal Constitucional de anular el cobro municipal de las plusvalías ha supuesto todo un terremoto en los ayuntamientos, obligados a rehacer los presupuestos de 2022 al ver reducidos considerablemente los ingresos.
En el caso de Alicante, el bipartito estima que el apartado de ingresos se recortará en unos 15 millones de euros, por lo que ahora se ha visto forzado a paralizar la elaboración de las cuentas para redactar un «plan B», a la espera de posibles movimientos desde el Gobierno central, tal y como ya están solicitando ayuntamientos. «El proyecto de Presupuestos ya estaba prácticamente cerrado para tramitar su aprobación y se ha tenido que parar. El equipo de gobierno ha puesto en marcha un ‘plan B’ con 15 millones menos de ingresos», explicaron este miércoles desde la Alcaldía, donde ya han marcado en rojo las partidas susceptibles de recortes si finalmente se tiene que aprobar un Presupuesto con 15 millones menos de ingresos: «Con el capítulo de inversiones comprometido por las plurianuales, no queda más remedio que ajustar en el gasto corriente y subvenciones; es decir, en los proyectos de las áreas que no son inversiones. En ningún caso el Ayuntamiento de Alicante aplicará reducciones en los servicios públicos (limpieza, recogida de residuos,...), ni en el apartado de personal». Y es que el gobierno local comprometió 18 millones de las cuentas de 2022 al impulsar inversiones plurianuales a financiar este 2021 con los remanente de tesorería. Entre esos proyectos, destaca la peatonalización del Centro Tradicional.
Según las mismas fuentes, la Oficina Presupuestaria municipal «trabaja desde este miércoles en la elaboración de esa alternativa». Desde el ejecutivo de Barcala han puesto el foco en el Gobierno central, como ha dejado entrever también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde la Alcaldía de Alicante apuntan que «sólo si el Gobierno de España reacciona con suma rapidez se evitarán unos retrasos y recortes que sufrirían todos los ciudadanos». Desde el gobierno municipal insisten en que «no es un problema específico del Ayuntamiento de Alicante, sino de todos y cada uno de los más de 8.100 consistorios del país», por lo que reclaman la intervención de Ejecutivo de Sánchez: «Es un problema que sólo el Gobierno de España puede solventar. De su actuación depende que los ayuntamientos veamos o no sustancialmente reducidos nuestros recursos y que podamos tener a tiempo los presupuestos». El Ministerio de Hacienda ya avanzó este martes, tras conocerse el fallo del Constitucional, que revisará el impuesto de plusvalía para que los ayuntamientos sigan ingresándolo.
LA CLAVE: CAMBIO DE FECHAS
Rehacer el documento provocará un retraso en la aprobación de las cuentas
Rehacer las cuentas obligará al bipartito a retrasar la aprobación de las cuentas, que se había previsto antes de finalizar el año.
El Ayuntamiento de Alicante había previsto ingresar este año 15,3 millones por este impuesto, un 5% del presupuesto municipal, por lo que la previsión para 2022 habría sido similar. La plusvalía es el tercer tributo que más dinero permitía recaudar hasta ahora a la capital alicantina, por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que aporta a las arcas unos 85 millones, y del Impuesto de Vehículos con unos 15,9 millones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), consideró este martes que «la sentencia pone en peligro los presupuestos de todos los municipios de España que cuentan, necesariamente, con los ingresos derivados de la plusvalía». «Este procedimiento, y su resolución por parte del Constitucional, era sabido por el Gobierno de Sánchez, que lleva más de dos años prometiendo la reforma legal correspondiente», añadió Barcala. El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, apuntó que, de confirmarse la primera interpretación sobre la sentencia relativa a la plusvalía, sería necesario «plantear una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación».
El alto tribunal anunció la declaración de inconstitucionales y, por tanto, nulos los apartados 1, 2 y 4 del artículo 107 de la ley reguladora de las haciendas locales, porque «establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición», con independencia de que haya realmente se haya producido y de su cuantía real.
Para prevenir el caos que puede suponer una sentencia de semejante trascendencia a nivel nacional, el fallo, cuyo texto íntegro se conocerá en su integridad en los próximos días, declara la «intangibilidad» de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la resolución, lo que significa que no podrán ser tocadas.
