La Asociación de Vecinos del Centro Tradicional registró ayer una denuncia en Fiscalía contra el Ayuntamiento de Alicante por ignorar «de manera dolosa» el mandato judicial que obliga a la administración local a establecer limitaciones al ruido en Castaños y en otras diez calles más del centro. En el escrito, el colectivo litigante pide que se ejecute, tras casi dos años de demora, la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 que declaraba Zona Acústica Saturada una parte del centro tradicional en la que se concentran unos 80 locales de ocio, obligando al Ayuntamiento a tomar una serie de medidas correctoras. Tanto el gobierno local como la Asociación de Locales de Ocio, y algunos establecimientos en su propio nombre recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, y están a la espera de resolución.
Consultado el bipartito sobre la denuncia vecinal de ayer en Fiscalía para que se ejecute la sentencia, este diario no obtuvo respuesta.
La asociación de vecinos adjunta a la denuncia ante el fiscal una serie de documentos, entre ellos la sentencia, del 14 de noviembre de 2019; la demanda de ejecución provisional de 30 de noviembre de 2020; el escrito presentado al juzgado el 8 de junio de este año «ante la inactividad de la administración en el cumplimiento de la sentencia»; y la providencia de la juez del pasado 21 de julio requiriendo al equipo de gobierno bipartito (PP y Cs) a explicar si se está dando o no cumplimiento al fallo dictado, y a adjuntar la documentación acreditativa de las medidas que está tomando. Asimismo, aportan la respuesta del Ayuntamiento al requerimiento a través del letrado asesor del servicio jurídico municipal en la que el abogado explica que se ha elaborado un censo de actividades en la zona, que se realizan mediciones sonométricas y que «se ha avanzado en la redacción de los modelos de proyección en aras a la correcta ejecución de la sentencia», puntos que cuestiona la asociación del Centro Tradicional, que considera que estas medidas nada tienen que ver con el establecimiento de limitaciones en materia de sonido ambiental. Asimismo, adjuntan un último documento municipal que, a juicio de la entidad, justifica el no cumplimiento de la sentencia, porque «insiste en las campañas de medición y se escuda en la crisis sanitaria ignorando que el mandato judicial es claro».
Más bien al contrario, los afectados acusan al bipartito de conceder más licencias de actividad de ocio en una zona acústica saturada (ZAS) donde «debería estar aplicando medidas correctoras». La presidenta vecinal, Alcázar Moreno, afirma que el Ayuntamiento da licencia de hostelería a cada negocio de comercio que cierra definitivamente, «pero de ocio puro, de copas. Cada día hay más mesas en la calle, más música y locales». «Si el Ayuntamiento tiene una zona acústica saturada donde tendrá que aplicar las medidas porque se ganó la sentencia, aunque esté recurrida, no entendemos que siga concediendo licencias. Eso es señal de no está haciendo nada y de que no quiere hacerlo». Asimismo, los vecinos denuncian que llevan dos fines de semana alternos que «cortan los sonómetros y no podemos controlar los excesos».
«Las terrazasinvaden calzadas y calles peatonales»
Los vecinos están molestos porque, como consecuencia de la pandemia de covid-19, «el Ayuntamiento ha dado permiso para la ampliación de terrazas de bares y restaurantes, permitiendo invadir, ya no solo los laterales de las calles peatonales, sino su totalidad y las no peatonales se han llenado de mesas y sillas incluso en las zonas de aparcamiento de las calzadas». Afirman que la mayoría sobrepasan las fachadas de los bares y dejan un espacio muy reducido al tránsito de personas.
