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Los agricultores pagarán el agua desalada más cara de España por los recortes del Tajo-Segura

El Ministerio para la Transición Ecológica propone un precio de 0,5 euros/m3, lo que supone un aumento del 66% sobre la tarifa actual - Los regantes no pueden pagar mas de 0,3 euros por m3

Interior de la desaladora de Torrevieja, cuya capacidad de producción se ampliará a 180 hm3. | TONY SEVILLA

La penúltima. El Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto su empresa pública Acuamed, propone fijar un precio final de 0,484 euros/m3 para el agua desalada que tendrán que adquirir las comunidades de regantes de la provincia en la planta de Torrevieja para paliar la falta del caudal que debiera llegar del Tajo, por los recortes previstos del trasvase debido a las modificación de las reglas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos. Agua del trasvase que se paga, además, a 0,17 euros/m³, y cuya alternativa, la desalada, se viene comprando desde 2018 con una tarifa «sequía» de 0,30 euros/m3 . La subida figura en el borrador del convenio que se ha trasladado a las comunidades de regantes.

La tarifa que se quiere institucionalizar en un convenido revisable para los próximos 50 años acaba con el precio «simbólico» vigente de 0,30 euros/m³ desde el decreto de sequía de aprobado en marzo de 2018, y que ha regulado el suministro de agua desalada, aunque en los últimos años también ha habido ocasiones en los que el caudal desalado se ha llegado a pagar entre 0,60 euros/m3 y 0,80 euros/m3. En concreto cuando se compró caudal a la Mancomunidad de Canales del Taibilla cuyas plantas de Alicante producen agua dulce pero para abastecimiento urbano.

Paradójicamente, la tarifa que se quiere institucionalizar llega en un momento en el que España está inmersa en un nuevo ciclo seco. Y en medio de un futuro hoy hipotético: que el Ministerio abarate el precio del agua desalada al incorporar la energía fotovoltaica la desaladora de Torrevieja, cuya infraestructura también habrá que pagar.

Un encarecimiento del agua que no se quedará ahí, pues al precio bruto de esta tarifa del agua se suma el que al final habrá que pagar todavía más, ya que hay que calcular el incremento de costes que habrá por las pérdidas en el transporte del agua (10%) y el peaje que deberá fijar la Confederación Hidrográfica del Segura por el uso de la infraestructura del trasvase y el coste de las comunicaciones que tiene que realizar el Estado: la interconexión de las desaladoras de la cuenca, y de la propia de Torrevieja con los 25.000 agricultores del sur de la provincia siguen sin poder recibir este agua.

Pero el tema no queda ahí. La empresa pública Acuamed ha trasladado al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura que también deberán sufragar una parte de la amortización del coste de la planta, cuya construcción salió por 350 millones de euros y ahora se quiere ampliar. En concreto, el Ministerio ha fijado una tarifa de 0,11 euros/m3. Acuamed pretende, en virtud de una directiva europea, que los agricultores paguen entre el 40% y el 50% de la macrodesaladora de Torrevieja, mientras que, por ejemplo, no exige lo mismo en la desaladora que se construyó en Barcelona (El Prat-Llobregat), también con fondos públicos y de la UE, donde los usuarios han asumido solo el 20% de la amortización.

Acuamed ofrece firmar un convenio de suministro del agua desalada por 50 años, según el documento que se ha remitido, vía Sindicato Central, a todas las comunidades de regantes. La empresa pública ofrece también en el borrador del convenio que se puedan ceder excedentes o solicitar cantidades de agua adicionales sobre la concesión, sin bien se requerirá de la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la comunidad a la que le sobre el agua.

En el borrador se establece que no se garantiza el suministro de agua en caso de averías ni tampoco posibles indemnizaciones. Un precio final al que habría que añadir, también, el coste energético de elevar el agua desalada en Torrevieja hasta el embalse de Ojós, en Blanca (Murcia) a doscientos metros de altura sobre el Mediterráneo.

«Este precio no es creíble, parece un caballo de Troya para los regantes». Con esta frase definió este viernes Antonio Rico, director del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante, la tarifa propuesta del precio del agua para los próximos 50 años. «Me parece irreal porque ahora mismo el precio de la energía eléctrica impide saber cuál será el coste real del agua. Con la cantidad que se produce en Torrevieja ni aunque Acuamed logre un precio de 0,15 euros el kw/hora saldría ese precio final del agua».

Rico revela, por otro lado, que según una encuesta que ha realizado el Instituto entre todas la comunidades de regantes de la provincia que ya usan agua desalada, la conclusión es rotunda. «Todas coinciden en que no pueden pagar más de 0,30 euros/m3», la tarifa establecida en el decreto-sequía de marzo de 2018. Una nueva polémica abierta pues en la batalla del agua que amenaza con cobrarse la víctima más débil: el trasvase Tajo-Segura.

Reunión con Pedro Sánchez

Por otro lado, el presidente de la Federación Española de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole una reunión en la que los agricultores de toda España -siete organizaciones entre ellas el Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura- quieren trasladarle la falta de sintonía el Ministerio para la Transición Ecológica con el futuro del regadío en España. Los regantes muestran su preocupación por la derivada conservacionista del Ejecutivo con los ríos mientras condena al campo a producir con agua desalada. «Garantizar el agua en las distintas cuencas hidrográficas es fundamental para asegurar la alimentación y el suministro, así como para reforzar la lucha contra el cambio climático y evitar la despoblación de las zonas rurales». Sin embargo, según la Federación, «la planificación hidrológica, tal y como está concebida en estos momentos, puede asestar un golpe letal al regadío español y a toda la industria agroalimentaria», subraya Andrés del Campo. Los agricultores no ven tan necesaria la protección de los ríos.

Rechazo frontal del Sindicato y tibieza del Consell 

La propuesta de Acuamed fue rechazada de plano por el Sindicato Central de Regantes y la Diputación, pero volvió a encontrarse con la postura «light» de la Generalitat, aunque fuentes de Presidencia aseguraron que desde el primer momento se está con los regantes y a favor del mantenimiento del trasvase. Ni Presidencia ni Transición Ecológica y Agricultura valoraron en concreto el nuevo problema, pero insistieron en que el presidente Ximo Puig ha dejado claro siempre su defensa del trasvase Tajo-Segura.

Mazón: «Una salvajada que nos daña a todos» 

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, aseguró no dar crédito a lo que está sucediendo con el agua en la provincia en los últimos meses, y rechazó de plano la intenciones de Acuamed con los precios del agua desalada. «Esta subida salvaje de las tarifas no sólo perjudica a la agricultura sino al conjunto de la economía provincial. La situación es insostenible y muy preocupante». Para Mazón, «a los arbitrarios recortes en los envíos de agua del Tajo al Segura decididos por la ministra socialista Teresa Ribera se suma ahora el incremento de las tarifas del agua desalada, que volvemos a insistir que no es la solución. Los costes son inasumibles». 

El presidente de la Diputación considera que los costes con esta subida son inasumibles

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El agua del trasvase Tajo-Segura es vital para el campo y los regantes. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, sí que reitera, en este sentido, su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la institución provincial contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. 

«La decisión del Supremo es un paso importante y positivo para la defensa del Tajo-Segura porque estamos convencidos de que contamos con los argumentos jurídicos y técnicos que avalan nuestra oposición al decreto del Gobierno Central que modifica, de forma extemporánea y arbitraria, las normas de explotación del trasvase», reitera el presidente de la Diputación Provincial.

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