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La nulidad de las escuchas amenaza al Plan Zonal, la principal pieza de Brugal

La Audiencia, que ya invalidó las intervenciones de las basuras de Orihuela, inicia la semana que viene en Elche el juicio al expresidente de la Diputación, Ortiz y a otros 11 acusados de amaños en la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja

La Policía acordona la Diputación en julio de 2010 para realizar un registro motivado por el caso Brugal.

Más de once años después de que la Policía Nacional realizara espectaculares registros con un amplio despliegue de agentes en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Orihuela, la Audiencia Provincial tiene previsto iniciar esta semana en su sección de Elche el juicio por la causa de presunta corrupción política más importante de la provincia que se abrió en el llamado caso Brugal, la de los presuntos amaños en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, se sentarán a partir del próximo martes en el banquillo de los acusados junto a otros once procesados, entre ellos los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el exportavoz del grupo socialista en la Diputación, Antonio Amorós.

La vista oral, que arrancará con cuestiones previas de las partes, está señalada en diferentes sesiones hasta junio del próximo año. No obstante, el juicio podría reducirse si prospera la petición de más de un abogado defensor, probablemente todos, para que se declare la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron pie a la principal pieza del caso Brugal. Aunque es un tribunal diferente, la Audiencia de Elche ya declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía con autorización judicial y por ello se pretende que los magistrados se pronuncien sobre la validez de las escuchas antes de continuar con el juicio y no en sentencia, como se realiza habitualmente.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 122 años de prisión para los 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Además solicitan que los procesados paguen una indemnización de 1,1 millones de euros por los gastos soportados por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Las peticiones oscilan entre los tres años y medio de prisión para un mediador designado por otro acusado para negociar su entrada en la televisión Canal 37 y sendas penas de 17 años de cárcel para los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory y Ángel Fenoll. Para el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, la Fiscalía le pide 16 años de cárcel y 44 años de inhabilitación

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de la Diputación maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 para que Enrique Ortiz, que formaba parte de la UTE que resultó adjudicataria del Plan Zonal, comprara a Ángel Fenoll -descartado en el mismo concurso- una finca en la pedanía oriolana de Torremendo. En dicha finca se ubicaría el macrovertedero comarcal de residuos y el coste, según la acusación pública, sería repercutido posteriormente por el adjudicatario en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos de la Vega Baja.

Ortiz accedió a participar «en esta torticera operación sabedor de que, no solo ningún perjuicio patrimonial le depararía, sino que, además, obtendrían importantes beneficios económicos», según Anticorrupción.

El pacto promovido presuntamente por el expresidente de la Diputación se rompió después de que Ortiz se negara a compensar a Fenoll por no haberse formalizado la compra del terreno donde se iba a instalar el vertedero a un precio desorbitado, ya que lo había adquirido por menos de medio millón y pretendía obtener diez.

Anticorrupción sostiene que Ripoll se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación, desde dinero en metálico a la compra de dos pisos en Alicante valorados en casi un millón de euros, que no se entregaron por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca de Fenoll, así como viajes a Sevilla y a las Baleares en el yate de Ortiz.

Uno de estos viajes disfrutados por Ripoll y su familia, el realizado a Palma de Mallorca en agosto de 2008, lo valora el Ministerio Público en unos 70.000 euros de acuerdo a un informe pericial. Durante el verano de 2009 disfrutó de otro viaje de Dénia a Baleares y el coste lo cifra la Fiscalía en unos 34.000 euros.

Otra de las contraprestaciones, en este caso de Fenoll, que recoge la acusación pública es que el empresario oriolano accedió a los requerimientos de Ripoll para que comprara Canal 37, que se encontraba «en situación económicamente ruinosa» y con el consiguiente «beneficio económico que el presidente de la Diputación, institución que participaba en la citada empresa, pretendía reportar para la misma, para sus gestores y para cuantas personas participaran en la operación». Además, señala el fiscal, podría obtener «ventajas políticas» al disponer de «un medio de comunicación puesto a su servicio».

En las negociaciones sobre las presuntas irregularidades que se van a enjuiciar participaron también otros acusados como el empresario Rafael Gregory, absuelto esta semana de estafa en otra causa de Brugal, y el hijo de Fenoll. La Fiscalía vincula asimismo con la trama a la exalcaldesa de Orihuela y al exdiputado socialista Antonio Amorós, amigo de Fenoll.

La Fiscalía recoge en su acusación un informe de la Policía que concluye que la media de dinero de origen desconocido de Ripoll y su esposa era superior a los 9.000 euros al mes.

La investigación del caso Brugal se inició en 2006 después de que Fenoll, tras conocer que su empresa no iba a ser la adjudicataria de la contrata de basuras en Orihuela, difundiera unas grabaciones con un concejal que revelaban presuntas irregularidades. Comenzó entonces una larga investigación que dio origen a una veintena de piezas separadas, entre las que destacan la del Plan Zonal de Residuos, la de la contrata de basuras de Orihuela y la del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, donde la Audiencia descartó que hubiera amaños. La amenaza de la nulidad de las escuchas planea ahora sobre la pieza clave de Brugal.

Pedro Enmanuel Sáez

TÉCNICO

10 años y tres meses de prisión y 37 años de inhabilitación. Este técnico está acusado de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

José Joaquín Ripoll. Expresidente de la Diputación. 16 años de cárcel, 44 de inhabilitación y multa de un millón. Acusan al expresidente popular de la Diputación de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Enrique Ortiz. Empresario. 17 años de cárcel, 20 de inhabilitación y multa de 300.000 €. El empresario alicantino está acusado por Anticorrupción de delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Ángel Fenoll. Empresario. 17 años de cárcel, 20 de inhabilitación y multa de un millón. El empresario oriolano está acusado de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude, delitos por los que le piden penas que suman 17 años.

Mónica Lorente. Exalcaldesa de Orihuela. 4 años y 9 meses de prisión y 24 años y seis meses de inhabilitación. La exalcaldesa popular de Orihuela está acusada por el fiscal de delitos de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Antonio Amorós. Exportavoz del PSOE. 4 años y 9 meses de prisión y 24 años y 6 meses de inhabilitación. El fiscal acusa al exportavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Rafael Gregory. Empresario. 17 años de cárcel, 20 años inhabilitación y multa de un millón. El empresario alicantino está acusado por el fiscal de los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Vicente Gomis. Exsecretario de presidencia. 8 años y nueve meses de cárcel y 16 años de inhabilitación. El exsecretario general de Presidencia de la Generalitat está acusado de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Antonio Ángel Fenoll. Empresario. 8 años y nueve meses de prisión y 16 años de inhabilitación. El hijo de Ángel Fenoll se enfrenta a una petición de casi nueve años de cárcel por delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

José Candel. Empleado de la UTE. 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación. Empleado de la UTE y hombre de confianza del empresario Enrique Ortiz, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.

Ángel Luis Bracho. Apoderado de la empresa SUFI. 4 años y seis meses de cárcel y 16 años de inhabilitación. El apoderado de la mercantil Sufi en Alicante está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de información privilegiada, prevaricación y fraude.

Manuel Garriga. Empresario. 10 años de prisión y 20 de inhabilitación. El representante de Cespa y socio de Ortiz en la UTE para optar al plan zonal está acusado de delitos de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Jorge Sanz. Mediador para comprar CANAL 37. 3 años y seis meses de cárcel y 16 años de inhabilitación. El mediador designado por Ángel Fenoll para negociar la entrada del empresario en la televisión local Canal 37 está acusado de cohecho, prevaricación y fraude.

Una veintena de piezas y ninguna condena

De la veintena de piezas separadas del caso Brugal que se abrieron en diferentes juzgados de la provincia todavía no se ha conseguido ninguna condena. De las piezas aún sin resolución, se están juzgando las presuntas irregularidades en la planta de basuras de Ángel Fenoll en Calp y esta semana arranca en Elche el proceso por el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. En cuanto a los asuntos sentenciados sobre los que se tendrá que pronunciar el Supremo, en breve se presentarán recursos a la sentencia por el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, donde el tribunal de la Audiencia de Alicante no vio amaños en beneficio del empresario Enrique Ortiz. La sala solo condenó por cohecho al empresario Enrique Ortiz por el regalo de una chaqueta a Sonia Castedo (el delito para ella estaría prescrito); y al exregidor Luis Díaz Alperi por el viaje a Creta en jet privado. También está pendiente en el Supremo la revisión de la sentencia absolutoria de la trama por los supuestos sobornos en la contrata de la basura de Orihuela y en la que la Audiencia en Elche anuló las escuchas en las que se basó la investigación. Esta semana el Supremo ha anulado la condena por estafa a los hermanos Gregory en un juicio donde la Audiencia de Alicante sí dio validez a los pinchazos, pero en esta ocasión el Alto Tribunal no ha entrado en el asunto. Algo similar ocurrió en la pieza separada por una filtración de datos fiscales 4de Fenoll, donde la Audiencia condenó pero el Alto Tribunal no vio delito alguno.

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