En su curriculum figuran hasta siete cargos públicos pero quien fuera presidente de la Diputación de Alicante, vicepresidente de la Generalitat y responsable del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, volvió a ser ayer el objetivo de los periodistas que se agolpaban a las puertas de la sede de la Audiencia en Elche por su presencia en el juicio en el que, junto a doce personas más entre expolíticos, empresarios y técnicos, va a ser juzgado por supuestas irregularidades en la instalación de un macro vertedero en la Vega Baja. Unos hechos por los que se le detuvo y fue registrada la Diputación en 2010 y por los que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
La vista oral con una duración prevista de siete meses arrancó este martes con la primera de las doce sesiones fijadas para las cuestiones previas, fase en la que las defensas ya han comenzado a echar el resto precisamente para evitar que el juicio se celebre. ¿Cómo? Sembrando tantas dudas sobre la legalidad de la instrucción de la considerada pieza principal del caso Brugal que lleve al tribunal a exonerar a los acusados mediante un auto. Y hacerlo así antes de que a mediados del próximo enero comience propiamente la vista con el interrogatorio de los acusados en vez de esperarse a pronunciarse sobre las cuestiones que ahora se están planteando en sentencia, como ocurrió con el juicio por los amaños del PGOU de Alicante, otra de las piezas de Brugal.
En el proceso del Plan Zonal se intenta aclarar si, como sostienen los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, Ripoll se prevalió de su cargo para, en contra del interés general, beneficiar a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en la instalación de una macro planta de basuras, que no llegó a materializarse, a cambio de prebendas que irían desde dos pisos hasta dinero en metálico y viajes.
Bernardo de Rosal, defensor de quien también fuera presidente de la Autoridad Portuaria, no tuvo reparo en calificar el proceso de «una causa general inquisitorial» y en aludir en varias ocasiones a la teoría del árbol envenenado, la que invalida todas la pruebas que tengan su origen en una nulidad. Porque así es como lo ve este letrado, en plena coincidencia con las defensas de Fenoll, de su hijo y del también empresario Rafael Gregory, todos ellos acusados en este proceso.
Los letrados que intervinieron este martes plantearon la nulidad de las intervenciones telefónicas, principal prueba de cargo de la causa, que se prolongaron durante casi tres años (del 4 de julio de 2007 al 26 de mayo del 2010), la de las entradas y registros y las de «aquellas pruebas que se soportan en pruebas ilícitas». Y se quejaron de que ni siquiera se les haya dado traslado de todas las actuaciones, en referencia sobre todo a las grabaciones de los pinchazos telefónicos, «que únicamente se nos permitió escucharlos en sede judicial, para lo que hubiéramos precisado ocho meses dado su volumen», precisó la defensa de Gregory, el abogado José Celestino Maneiro.
De Rosal fue especialmente crítico con la Policía, a la que acusó de elaborar un «extenso, farragoso, confuso y tendencioso informe» (que había sido requerido por el instructor a los investigadores para conocer el estado de las actuaciones) «con el que se trató de justificar y encubrir pesquisas policiales hechas al margen del conocimiento y de la autorización del juzgado y, por supuesto, de las partes afectadas. Y ello a pesar de que se practicaron cuando los autos ya no eran secretos, hurtando a esta defensa la posibilidad de conocer y oponerse a lo que tenían que haber sido diligencias solicitadas por el fiscal y acordadas por el instructor», señaló.
El abogado de Ripoll concretó que, «sin autorización judicial» se solicitó información que afectaba a la intimidad no solo del entonces presidente de la Diputación sino también de su mujer, «que nunca estuvo imputada». Tal fue el caso de los gastos de la familia en viajes, ropa o en la decoración de hogar. Datos con los que se elaboró un informe policial «remitido por iniciativa propia en lo que constituye una notaria extralimitación de las funciones que corresponden a la Brigada de Blanqueo de capitales como fuerza actuante», puntualizó el letrado.
«Una inseguridad»
Para el de los Fenoll, Mariano Bo, es palmaria la falta de motivación para mantener pinchados los teléfonos de varios de los entonces investigados, entre los que estaban sus clientes además de Ripoll, Ortiz y Gregory, «cuando las intervenciones no se solicitaron para este asunto». Bo recordó al tribunal que otra sala de esa misma Audiencia había declarado nulas gran parte de las escuchas y los registros acordados en el marco del caso Brugal (en alusión al proceso por la adjudicación de las basuras en Orihuela, que se saldó con una absolución que está recurrida al Supremo) y que «condenar ahora por una prueba que otra sentencia ha declarado nula sería una inseguridad».
Al igual que de Del Rosal, este abogado habló también de «inquisición general a Ángel Fenoll y a todos los que se acercaban a él» a quienes, añadió, «se le intervinieron las comunicaciones para ver lo que caía en el saco de las acusaciones». En su opinión, « la nulidad está en el origen porque se produce una grosera vulneración del derecho de defensa y a la intimidad (...) ya que se autorizan los pinchazos sin concretar qué hechos se investigaban. Las escuchas y el secreto de las actuaciones se extendieron artificialmente», puntualizó.
El letrado de Gregory, por su parte, incidió en la «notable falta de control judicial» que en su opinión rodeó la instrucción de esta causa, y agregó que la acusación pública solo había llevado ante la sala «una amalgama de conversaciones sin concretar los hechos delictivos, lo que dejan al arbitrio del tribunal cuando ese no es su cometido ni su obligación».
Las cuestiones previas de las defensas continúan este miércoles mientras la Fiscalía solo ha planteado pruebas para el juicio.
