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Expertos creen que aprobar Bachiller con un suspenso no mejorará los resultados educativos

Docentes y pedagogos afirman que la evaluación continua ya se aplica en muchos claustros y que la nueva norma no aporta grandes cambios u Los padres lamentan que no servirá para atajar el fracaso escolar sin refuerzos en el profesorado

Alumnos de la provincia atienden las explicaciones de un profesor durante una de las pruebas de Selectividad, el pasado mes de junio, en el auditorio de Torrevieja.

Hace apenas unos años era totalmente impensable que un alumno con suspensos pudiera llegar a la universidad. Sin embargo, desde el próximo curso será una opción para cientos de estudiantes que, de otro modo, habrían puesto fin a su vida académica y que ahora podrán cursar estudios superiores pese a no tener unas notas excelentes. Así lo contempla el borrador del decreto que regulará el Bachillerato a partir del curso que viene, que adapta los estudios posobligatorios al nuevo marco creado por la Lomloe, también conocida como «Ley Celaá», y que, entre otras cosas, permitirá que los alumnos puedan presentarse a la Selectividad con una asignatura suspendida si cumplen una serie de condiciones y así lo decide el equipo de profesores del centro. La propuesta ha provocado una honda disparidad de opiniones dentro de la comunidad educativa que, en líneas generales, considera que no aportará grandes cambios con respecto a lo que ya se venía haciendo de facto y que tampoco servirá para combatir el fracaso escolar si no se ponen en marcha otros mecanismos. 

Entre quienes ven más pros que contras en la nueva ley destaca Toni González Picornell, el director del instituto Pare Vitòria de Alcoy y presidente de la Asociación de Directores de IES del País Valencià (ADIES-PV). «Vivimos en una sociedad muy acostumbrada a medirlo todo en números, pero la tendencia que se exige cada vez más desde la OCDE es la de evaluar a los alumnos por cómo son capaces de aplicar todo lo que saben», explica el responsable de uno de los centros públicos de la provincia con mejores notas de Selectividad. González Picornell no cree, no obstante, que este cambio vaya a suponer una revolución en sí mismo: «Los números van a seguir existiendo, pero cada vez va a tener más peso la evaluación continua, que el equipo docente sea quien valora si el alumno tiene capacidad para poder continuar, como se viene haciendo, sobre todo, desde que comenzó la pandemia». Y, además, ahonda en otra idea: «Un 4 no siempre significa que un alumno no sea válido, sino que, a lo mejor, ha dejado de entregar un trabajo, ha dejado una lectura pendiente,... Quiere decir que debe mejorar o esforzarse un poco más, pero no que no sirva para seguir estudiando». 

En el lado diametralmente opuesto se encuentra Sonia Terrero, presidenta de Covapa, la Confederación Valenciana de APAs-AMPAs, en la que está integrada la FAPA provincial Gabriel Miró. «Esta propuesta viene a premiar la ley del mínimo esfuerzo», asegura la representante de esta organización de madres y padres de alumnos, quien además considera que medidas como el aprobado general generalizado a raíz de la pandemia de covid-19 o la posibilidad de ir a Selectividad con un suspenso «perjudicará» a los alumnos: «Llegarán menos preparados a la universidad y el nivel será cada vez más bajo».

¿El hecho de abrir la puerta al suspenso hará realmente que el listón educativo del alumnado esté aún más por debajo de lo que ya está? Javier Gómez, coordinador de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad Miguel Hernández cree que no tiene por qué: «En una asignatura concreta quizás ese alumno llegue con menor preparación, pero no en su conocimiento general», mantiene. Igualmente, este profesor apunta que el nuevo decreto viene a poner negro sobre blanco algo que ya se venía haciendo en los centros: «Excepcionalmente, los claustros ya evaluaban casos particulares», asegura, para después indicar que también puede servir como una especie de selección natural para el alumnado: «Por lógica, un estudiante que llegue con Lengua suspendida, difícilmente elegirá un grado donde esta asignatura pueda tener un peso importante, como la Filología; o si son las Matemáticas en lo que flojea, seguramente no estudiará una Ingeniería», de modo que, a su juicio, serán pocos alumnos a los que esto les pueda afectar en su rendimiento posterior como universitarios. 

Txomin Angos, presidente de la FAPA Enric Valor, considera que dar a los claustros poder de decisión sobre las capacidades de cada alumno, más allá de una nota numérica o del resultado de un examen, «está muy bien sobre el papel, pero hay que ver el desarrollo». A su juicio, tomar como referencia si el estudiante se ha esforzado durante todo el curso «puede ser muy positivo», siempre y cuando en el centro haya una plantilla de profesores estable, que permita conocer en profundidad a quién están evaluando. «Si cada dos por tres hay rotación de profesores, las plazas se cubren a medias y con sustitutos y no se ponen medios, la buena voluntad de este decreto no servirá de nada», tras lo cual lamenta que la eventualidad en el sistema educativo, sobre todo en zonas geográficas como la Vega Baja, «es una norma permanente». 

«Un parche» dentro de un sistema educativo que necesita «una reforma mucho más profunda». Así define esta nueva medida Enrique Castillejo, el presidente del Colegio Oficial de Pedagogos de la Comunidad. Para Castillejo «no era necesario ningún decreto, porque las juntas de evaluación ya han hecho toda la vida lo que ahora se quiere regular», una medida que, a su juicio, también va a tener un «efecto real mínimo». Este pedagogo, no obstante, se muestra partidario de que la evaluación vaya mucho más allá de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados: «Lo importante no debería ser que los alumnos aprueben un contenido que se aprenden de memoria y olvidan, sino que sean competentes para desarrollar eso que aprenden». Frente a esto, Castillejo lamenta que la clase política «se limita a hacer de la educación algo ideológico», con leyes educativas que «anulan lo que hizo el anterior, pero sin escuchar a los técnicos y sin las reformas realmente necesarias para mejorar el sistema y acabar con el fracaso escolar». 

Apoyo unánime para el nuevo Bachillerato General 

Los expertos consideran que esta línea mixta será una oportunidad para los estudiantes más indecisos

Una de las cuestiones que recoge el nuevo decreto educativo que regulará el Bachillerato y sobre la que parece no haber ninguna duda es que a partir del curso 2022-2023 esta etapa se dividirá en cinco modalidades y no en tres como hasta ahora estaba definida. Y, dentro de estas cinco, la especialidad más novedosa será el Bachillerato General, que además de las asignaturas comunes, como Filosofía, Educación Física, Lengua castellana, Valenciano y Lengua extranjera, también incluirá como asignaturas obligatorias Matemáticas generales en el primer curso y Ciencias generales en segundo. 

Para el presidente de los directores de IES, Toni González Picornell, esta nueva modalidad permitirá la elección a «muchos adolescentes que aún están indecisos y no saben muy bien qué grado les gustaría estudiar o en qué les gustaría trabajar de adultos», por lo que, su juicio, esta nueva línea será «toda una oportunidad» para los alumnos. En el mismo sentido se pronuncia el coordinador de la PAU en la Universidad Miguel Hernández, Javier Gómez, quien considera que «la flexibilidad que ofrece este Bachillerato General o mixto es muy interesante para el alumnado, puesto que muchos jóvenes con 16 o con 18 años todavía no están suficientemente formados como para poder elegir entre una rama más específica y otra». 

Para las asociaciones de padres, esta novedad también ofrece solo ventajas. Txomin Angos, de la FAPA Enric Valor, dar a las familias y al alumnado más opciones donde elegir «siempre va a enriquecer el sistema educativo». Ahora bien, para las agrupaciones de madres y padres este incremento de opciones dentro de una misma etapa puede acabar siendo un foco de desigualdades y discriminación: «Se corre el riesgo de que el papel establezca una cosa, pero la realidad otra», mantiene Angos. «Puede haber un instituto que te diga que no es factible poder elegir alguna de estas cinco líneas porque no tiene profesorado ni medios suficientes o porque hay pocos alumnos que pidan esta opción, algo que acaba siempre perjudicando sobre todo a quienes viven en poblaciones o áreas geográficas pequeñas». Por eso, desde la Enric Valor exigen al Consell que ponga todos los medios para que el cien por cien del alumnado pueda elegir realmente entre los cinco bachilleratos recogidos en el nuevo decreto.

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