Los agricultores alicantinos productores de cítricos se han topado en los últimos días con dos noticias que en un sector machacado por los bajos precios y la falta de agua de calidad y buen precio pueden tener, además, consecuencias fatales e irreversibles en el medio plazo y, por supuesto, en el futuro del sector primario de una provincia en la que la agricultura parece la hermana pequeña de la economía pese a su importancia. Por un lado, las primeras naranjas de la temporada se cotizan a 15 céntimos de euros el kilo (el precio que paganos en el súper es otra historia), debido a que los importadores pueden comprar, traer y llenar los departamentos de las fruterías de kilos y kilos de naranjas de Sudáfrica hasta final de noviembre. Algo quizá entendible en mayo pero ¿ahora, a las puertas casi del invierno?
Por el otro, al margen de la mano que pueda echar el Tribunal Supremo con los recursos del Consell, la Diputación y el Ayuntamiento de Orihuela contra los recortes en el Tajo-Segura, han constatado, negro sobre blanco, que la hoja de ruta del Gobierno no tiene marcha atrás: el clima, Emiliano García Page -presidente de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es cerrar el acueducto- y esa obsesión antitrasvasista de la vicepresidenta Teresa Ribera (por supuesto que es libre en creer que la mejor garantía de suministro es el agua desalada, pero también es cierto que puede estar equivocada), condenan al trasvase. Y el Ejecutivo lo hace, además, sin ningún tipo de miramiento. Ribera plantea (hasta ahora todo lo que suena a propuesta del Gobierno acaba en imposición), una tarifa del agua desalada que duplica la que pueden asumir los agricultores. Ojo, el 80% de los regantes de Alicante y Murcia, no hablamos de las grandes empresas agroalimentarias del Campo de Cartagena que, incluso, al final podrán hasta pagar el agua al precio del cava. Nos referimos al futuro de miles de familias cuya subsistencia depende del agua del Tajo, cada día más amenazado. Da la sensación de que no importan a nadie.
Podría parecer una broma, pero hablamos de unos 50.000 trabajadores de muchos sectores, que se verán arrastrados al desempleo porque con eso de la globalización los tomates se pueden comprar en Marruecos, las naranjas en Argentina y Sudáfrica, las chufas en Mali y los melones en Senegal. ¿Qué agricultor puede pagar el agua desalada a 0,5 euros el m y luego subsistir con los 15 céntimos que recibe por un kilo de naranjas?. Esa es la realidad que se vive ahora mismo en un provincia de acogida de miles de españoles, que acabará contra las cuerdas. No ahora, ni quizá en diez años, pero si alguien no le echa sentido común el futuro es negro. Si ya es duro que se imponga el agua desalada, con los problema que conlleva el utilizarla directamente, casi es peor que en Madrid la indiferencia hacia Alicante les lleve a cobrarla a precio inasumible y, ni siquiera, se planteen la posibilidad de una subvención.
Y encima, sin que en la hoja de ruta del Gobierno se contemple que el agua del Tajo vaya a dejar de venir tenga un caudal que le supla. Las desaladoras en las provincias de Alicante y Murcia -Torrevieja, Águilas, Alicante y San Pedro del Pinatar- tienen capacidad para producir actualmente un total de 207 hm de agua desalada para contribuir a completar el regadío y el abastecimiento urbano de toda la región de Murcia, 34 municipios de la provincia de Alicante y dos de Albacete. Un volumen de agua insuficiente para sustituir los 350 hm de agua que llegan del trasvase del Tajo porque, además, una gran parte del agua desalada ya se genera y utiliza todos los años. Por lo tanto, ahora mismo el recorte de hasta 264 hm al año que plantean los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo dejaría prácticamente sin los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo futuro de una parte importante de la provincia de Alicante, incluidas la ciudades de Alicante y Elche y toda la Vega Baja.
Con estas cifras, y analizando un escenario futuro, Alicante y Murcia necesitarían otras cuatro para cubrir el suministro hídrico. Ahora mismo, el plan de futuro del Gobierno tan solo pasa por ampliar hasta los 180 hm la capacidad de producción de la planta de Torrevieja, pero no hay previsión de nuevas plantas ni tampoco de ampliaciones de las actuales, pues solo se contempla su interconexión. A eso se une el coste de construir nuevas desaladoras, que se acercaría a los 800/900 millones de euros cuyo pago, además, deberían afrontar regantes y ayuntamientos como usuarios, tal como se las gasta el Gobierno. Coste de las nuevas desaladoras que se sumaría a los 2.000 millones de euros que ya se llevan gastados en las plantas construidas. Agua desalada que para poder ser utilizada en los cultivos debe mineralizarse, y para ello mezclarse con el agua del Tajo.
Agua desalada que, hoy por hoy, aunque se produce en Torrevieja, se va toda al Campo de Cartagena. Allí hay dinero para pagarla, y sigue sin poder utilizarse en la provincia porque, pásmense, no hay conexiones con las explotaciones agrícolas de más de 20.000 agricultores del sur. Mientras, el Gobierno (Acuamed) sigue con sus planes para ampliar la capacidad de producción en Torrevieja hasta los 180 hm pero sin resolver negro sobre blanco, vía BOE, lo básico, su distribución en Alicante, por lo que si nadie lo impide el caudal será para la rica huerta murciana.
Mientras, el cerco al trasvase del Tajo se estrecha tanto en Madrid como en Toledo, y continúa el bloqueo del Júcar-Vinalopó tras haberse invertido más de 400 millones de euros de dinero público, también es cierto que la provincia tampoco ha trabajado en paliar el déficit n el propio territorio como sería el aprovechamiento de las aguas residuales que se van al mar hoy con una depuración mínima, y que podrían utilizarse sin problemas en la agricultura siempre que el caudal fuera de calidad.
Por supuesto, no para el consumo humano. Un asunto cuyas competencias son del Consell, que nunca ha hecho los deberes en este tema del que el PP fue el primer culpable, pero para el que ahora hay que exigir soluciones al equipo de Ximo Puig . Lo que sí parece ya claro es que reclamar trasvases del Ebro y del Tajo Medio, en la Sierra de Gredos donde el agua es mineral, aunque técnicamente sean posibles, parece ya un brindis al sol dado viendo por donde va la política estatal y europea. No se hicieron en su momento y no se harán jamás pese a que en España funcionan el año hasta quince trasvases entre las cuencas.
El futuro del Tajo-Segura se antoja, por los tanto, más complicado que nunca porque, además, el cielo no ayuda. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a modificar los caudales ecológicos en esa parte del río, su cabecera, donde la sequía es tan cruel como en Alicante. Y las cuentas no salen. Por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal ecológico se reducirán 30 hm3 al año del trasvase a Alicante y Murcia. Como el objetivo de la Confederación del Tajo parece al final que es duplicarlo, es decir, de los seis actuales pasar a 12 m3 por segundo, la merma se queda en 180 hm3 al año sobre unas existencias, que rara vez superan los 600 hm y con la espada de Damocles de la línea de los 400 hm3 de reserva a partir de la cual se cierra el trasvase. Cuando Mariano Rajoy y sus colaboradores vendieron que el «memorándum» del Tajo acabaría con todos los problemas, plantearon aquello de que o caudales ecológicos o subir la reserva. Se optó por lo segundo y funcionaba. El Supremo falló después algo así como el «2x1», dejó el trasvase contra las cuerdas, e hizo que Alicante sume una nueva derrota en su lucha por asegurarse un suministro de agua de calidad y a buen precio. ¿Solución? La política de altura, el golpe sobre la mesa en Madrid, no solo en la EUIPO, donde está muy bien pero nos se toman las decisiones. Ahora mismo esa responsabilidad es del presidente Ximo Puig, preso de su perfil bajo.
