Vox presiona ahora al bipartito de Barcala con los impuestos municipales, tras las bajadas de este mandato. Los ultras quieren reducir el impuesto de circulación en Alicante, conocido oficialmente como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que actualmente supone unos ingresos de casi 16 millones de euros al año, por delante incluso de la plusvalía (según se recaudaba hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha obligado a realizar cambios en el impuesto). La propuesta de Vox se lanza en plena redacción de los Presupuestos de 2022. Para la aprobación de las cuentas, el bipartito deberá contar con Vox si finalmente el bloque de la izquierda se posiciona en contra.
La proposición de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica ya se ha activado, tras el registro de la iniciativa por parte de Vox. El alcalde, Luis Barcala, firmó este martes el inicio del trámite, que en primer lugar debe pasar por Junta de Gobierno. Según recoge el documento, la propuesta se debió presentar ante la Secretaría General del Pleno, que la remite a los órganos de la Junta de Gobierno Local, para que se someta a «informe jurídico y, en su caso, a informe técnico y económico, por plazo de treinta días». Éste será el siguiente trámite de la iniciativa municipal de Vox.
La Ley de Haciendas Locales dispone de una tabla de cuotas mínimas a la que los ayuntamientos pueden sumar un coeficiente multiplicador de hasta dos puntos, según Vox. «En Alicante prácticamente ninguno de estos coeficientes baja del 1,6, por lo que se está cobrando cuotas tributarias que rozan el máximo legal», añaden. Si saliera adelante la propuesta de la formación ultra, según sus cálculos, un recibo de coche bajaría de los 128 euros hasta los 71 euros.
Desde Alcaldía explicaron este miércoles que la propuesta de Vox se trata de un «acto reglado» contemplado en el Reglamento Orgánico del Pleno. La formación liderada por Mario Ortolá presentó una moción, pero el secretario dijo que no era viable y la reformularon como propuesta administrativa, «cuya tramitación es obligatoria por tratarse del cauce reglado para modificar una ordenanza, que está a disposición de cualquier grupo municipal», según fuentes de Alcaldía. «Llegará en su día al Pleno, tras la correspondiente tramitación por los servicios jurídicos, y en ese momento se someterá a debate y votación», añaden. En este momento del proceso, los populares de Barcala tiran balones fuera: «El grupo no se plantea modificar ningún impuesto hasta que no esté resuelta la nueva configuración fiscal de las plusvalías».
Según el reglamento, actualmente procede acordar la tramitación de la propuesta normativa sometiéndola a informe jurídico y económico del Servicio de Economía y Hacienda y de la Intervención municipal, debiendo, asimismo, emitir el correspondiente dictamen el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Alicante.
