Una joven de 20 años, Jennifer Riera, y sus dos hijos de 3 y 2 años han sido desahuciados este martes de la vivienda que ocupaban, un bajo en la calle Lira, en el barrio de la Florida. La casa era propiedad de un banco y, según la afectada y su abogado, Samuel García, estaba vacía en el momento en el que la ocuparon, hace año y medio. El lanzamiento estaba previsto para las 10 de la mañana y en torno a las 11 se han presentado en la vivienda varios agentes de la Policía Nacional junto con un cerrajero para cambiar la cerradura de la vivienda, mientras la comitiva judicial levantaba acta del desahucio.
Mientras, en el rellano de la casa, Jennifer y sus amigos iban sacando todos los objetos personales en cajas y bolsas de plástico. En torno a las 12 de la mañana la familia estaba ya en la calle con todas sus pertenencias. «De momento me iré a casa de mi madre, hasta que me concedan un alquiler social, porque no me niego a pagar, pero tiene que ser una cantidad justa», señala esta joven que cobra una renta activa de inserción, 451,92 euros al mes, y que hace un año y medio que solicitó poder acceder a un piso de alquiler social. Según su abogado, este caso cumplía todos los requisitos para acogerse a la nueva ley del Gobierno que paraliza los desahucios sobrevenidos a causa de la pandemia. «Ella tiene un informe de especial vulnerabilidad emitido por su centro social y tiene medidas de protección por ser víctima de malos tratos. No entendemos por qué el juzgado no ha paralizado el desalojo por lo menos hasta el mes de febrero, como se contempla en la ley». En este sentido, García señala que van a recurrir la decisión del juez que ha dejado a esta familia en la calle.
Desde la Concejalía de Acción Social recuerdan que las soluciones alternativas de vivienda corresponden en este caso a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat, la EVHA. En este caso, añaden las mismas fuentes, los servicios sociales no ha tenido que intervenir, al no tratarse de una emergencia, puesto que la joven tiene la posibilidad de alojarse en casa de su madre. Al inicio de la pandemia, el Gobierno publicó un real decreto con el que se paraban los lanzamientos de su vivienda habitual de hogares vulnerables económica y socialmente. La norma ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última en el mes de octubre. Esta última prórroga establecía que hasta el mes de febrero se mantendría este escudo social para las personas más vulnerables. Sin embargo, esta medida ha tenido poco efecto en la provincia de Alicante, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que revelan que en el primer semestre del año se han ejecutado 1.505 lanzamientos. Son casi el doble que los 785 registrados en el mismo periodo del año 2020 y una cifra similar a los que había antes de que estallara la pandemia, en 2019, cuando en los dos primeros trimestres del año se produjeron 1.702 desahucios en la provincia.
Fuentes judiciales y de las plataformas antidesahucios coinciden en señalar que los férreos requisitos de la ley hacen en la práctica inviable que las familias vulnerables puedan acogerse a la misma. Sin embargo, en el caso de Jennifer Riera, su abogado insiste en que se cumplían todos los requisitos para que su desahucio se paralizara. «De hecho estábamos convencidos de que no se iba a producir el lanzamiento, por lo que seguiremos recurriendo».
