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Antonio Cabrales: «Hay que pagar a la Universidad por los alumnos que salen contratados, no por los que entran»

El investigador, premio Jaume I, asegura que el Consell contempla la empleabilidad en la financiación universitaria

El investigador y economista Antonio Cabrales, Premio Jaume I 2021, en Alicante. | HÉCTOR FUENTES

«Hay que pagar a las universidades por los que salen contratados, no por los que entran por la puerta». Así define el prestigioso investigador Antonio Cabrales, premio Jaume I de Economía 2021, la filosofía que debe mover a las universidades a salir de su espacio de confort para recibir más fondos de la Generalitat.

La empleabilidad del estudiante universitario es uno de los nuevos requisitos que baraja la dirección general de Universidades en el proceso de elaborar el nuevo Plan de Financiación, tal y como adelantó este jueves en Alicante el investigador, que figura entre los asesores directos de la conselleria sobre este nuevo proyecto de reparto de fondos para las universidades.

Invitado por la Universidad de Alicante, de la mano de la también Jaume I en 2017 y ahora emérita, Carmen Herrero, y el foro económico Germán Bernácer, Cabrales puntualizó a preguntas d e este diario que aunque la decisión final es política, inicialmente el propio presidente Puig ve con buenos ojos esta medida aunque en cualquier caso se introduciría «progresivamente» para no distorsionar excesivamente la financiación de las universidades y se vayan ajustando con el paso del tiempo.

A su vez vicepresidente ejecutivo de la Asociación Económica Europea, el investigador sostiene que «con toda probabilidad de aquí a 10 ó 15 años el paro mejorará por cuestiones puramente demográficas» e insta a aprovechar la oportunidad para subir significativamente el nivel de formación de calidad que los trabajadores. «Serán menos, pero que sean más productivos , mejor formados y que se sientan mejor tratados por la empresa que en lugar de tener dos mal pagados tenga uno solo y mucho mejor pagado».

Ante los responsables académicos y empresariales convocados a la jornada que reanudó el Foro de Debate Bernácer, Cabrales desglosó un detallado informe elaborado sobre la FP Dual en la Comunidad de Madrid con la intención de completarlo en otras autonomías progresivamente porque los datos no se pueden extrapolar, cada comunidad organiza distintos horarios.

Defiende no obstante de forma general que la FP dual puede hacer de puente entre la formación del estudiante y su inmersión laboral en la empresa, pero que de la misma manera que con las universidades «los institutos con más éxito reciban un plus salarial extra a modo de incentivo. Este país -sentenció- debe pasar de las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio al de la mayor calidad de sus trabajadores si queremos estar entre los de primer orden».

No obstante advierte de que la FP Dual no debería generalizarse, porque todos los sectores no necesitan lo mismo y no sería realista, así como que es imprescindible atender las demandas de la empresa a la hora de plantear la formación previa: «Los alumnos no saben programar», lamenta.

Respaldo a la rectora en sus críticas a que las prácticas de la carrera coticen

Tras resaltar la relevancia del premio Jaume I en Economía 2021, y reivindicar el mismo estatus para la investigación en Ciencias Sociales y Económicas que para las ciencias más experimentales, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, abrió el coloquio posterior a la exposición del economista Antonio Cabrales poniendo sobre la mesa un espinoso tema que ya coleó hace dos años y vuelve a la actualidad porque en los Presupuestos Generales del Estado se contempla la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas. «Es una situación económica difícil para una pyme o un despacho a parte de que son prácticas obligatorias para acabar los estudios», precisa la rectora. Alentada en su alegato por el prestigioso economista, que defiende que «lo natural es que no cotizaran a la Seguridad Social» porque es formación y no trabajo, Navarro advierte de que si no asumen el impacto las empresas, deberán hacerlos las universidades «con sus dificultades financieras», lamenta, al tiempo que cita otro impacto en la igualdad sobre los estudiantes cuyas familias cuentan con una menor capacidad económica.

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