Con un año de retraso y sin cambios, al menos por ahora. Se mantienen las multas de hasta 3.000 euros y sigue sin haber ni rastro de intervención social a favor de las más personas más desfavorecidos (mendigos, sintecho y prostitutas), lo que aleja el documento del borrador impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias.
El bipartito de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, dio luz verde este viernes a la ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, en la Comisión de Presidencia, previa al pleno de noviembre, que se celebrará el próximo jueves. En esa sesión plenaria, el texto se aprobará inicialmente, lo que abrirá el plazo de exposición pública, en el que Cs prevé presentar, ahora en tiempo y forma, sus propuestas de mejora en forma de alegaciones. Serán las mismas que registró como enmiendas el pasado 11 de noviembre, con más de un año de retraso respecto al resto de grupos, lo que impidió que se debatieran y votaran en esta fase del trámite. Se prevé que la ordenanza pueda entrar en vigor antes de que finalice febrero.
El bipartito, a estas alturas, tenía dos opciones: seguir adelante, como ha hecho, lo que obligará a Cs a votar en pleno a favor de una ordenanza que bloqueó hace un año, previo acuerdo presupuestario con el PSOE, y que cuenta con un informe contrario de Igualdad o reiniciar la tramitación, volviendo a la casilla de salida, lo que habría permitido incluir las propuestas de Cs en el documento antes de pasarlo por Junta de Gobierno, dándole así un carácter más social al texto, con medidas de intervención hacia los más vulnerables y no equiparando las multas a las prostitutas y a los hombres que solicitan los servicios sexuales. El camino elegido ha sido el más rápido, y también el que fuerza a Ciudadanos a avalar un documento que ahora considera «mejorable», pese a que hace un año, en octubre de 2020, lo aprobó tal cual en Junta de Gobierno antes de que estallara la polémica por la exclusión de cualquier tipo de medida de índole social para las personas más necesitadas.
El concejal Antonio Manresa, representante de Ciudadanos en la comisión ante la ausencia de la vicealcaldesa, aseguró que la ordenanza es «necesaria», aunque apuntó que se «mejorará» cuando se acepten las aportaciones de su grupo. Desde Vox, el portavoz, Mario Ortolá, lamentó que se haya tardado un año en aprobar el mismo documento que impulsó el gobierno en octubre de 2020: «Lamentamos que se haya perdido un año en algo bueno por los complejos del gobierno para, finalmente, aprobar el texto inicial».
La izquierda, que votó en contra del proyecto y que previsiblemente dará pie a movilizaciones contra el proyecto del bipartito, cargó con dureza contra el ejecutivo de Barcala y, sobre todo, contra Cs, por avalar un texto que, a priori, no comparte. La socialista Llanos Cano consideró que «no se puede aplicar sin la puesta en marcha de toda una suerte de medidas de acompañamiento a los colectivos más vulnerables». Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero sostuvo que el Ayuntamiento irá «contra derechos básicos como la dignidad humana», mientras el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, apuntó que «con la aprobación de la ordenanza en comisión, el bipartito de PP y Vox, junto a sus comparsas de Cs, muestran su cara más cruel y su nula empatía con las personas más vulnerables».
Sanciones: 35 tipos de infracciones desde 210 euros
El proyecto de ordenanza que se aprobará el jueves en el pleno incluye 35 tipos de infracciones, que van desde los 210 (por arrojar, abandonar o dejar en la vía pública, durante el uso normal de los espacios públicos, todo tipo de residuos) a los 3.000 euros de multa (por pintar grafitis, practicar juegos en el espacio público, realizar conductas que, bajo apariencia de mendicidad, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos y llevar a cabo actos vandálicos).
