La edil de Acción Social de Alicante, la popular Julia Llopis, ha anunciado que el servicio prestado por su concejalía no corre peligro y que mantendrá el mismo número de plazas habilitadas actualmente. Según Llopis, el contrato programa -un convenio plurianual que se firma entre la Generalitat y los entes locales para que la Administración autonómica financie la contratación de los equipos de servicios sociales municipales– garantiza la continuidad del servicio durante los próximos 3 años. Sin embargo, deja en el aire quiénes serán los profesionales que ocupen dichas plazas, una decisión que asegura no es competencia de su concejalía.
Hasta ahora, en torno a un centenar de trabajadores y trabajadoras de los centros sociales de Alicante, cuyos sueldos costeaba la Generalitat mediante subvención, eran despedidos cada mes de diciembre hasta que la llegada de los fondos autonómicos –generalmente a mediados de año– permitiese su recontratación. Una situación que ha sido objeto de polémica cada ejercicio y por la que Generalitat y Ayuntamiento se lanzaban acusaciones cruzadas: el Consistorio exigía que la subvención estuviese lista a principios de año para no tener que despedir al personal y la conselleria reclamaba que el Ayuntamiento adelantase el dinero de las contrataciones para no interrumpir el servicio prestado.
Con la entrada del nuevo contrato programa que se firmó hace unas semanas, ya no será necesario esperar a la aprobación de la subvención anual de la Generalitat, como se venía haciendo durante los últimos años. Sin embargo, este cambio que Llopis considera «una muy buena noticia para los servicios sociales de Alicante», no evitará que la plantilla actual sea despedida a final de año. Según ha explicado a este diario la concejala, «los trabajadores saben que su contrato es hasta el 31 de diciembre y que su continuidad o no depende de varios factores, principalmente de si se encuentran en bolsa o no y de las trabas que pueda poner el interventor municipal». Llopis ha recordado que el año pasado, ante la falta de personal, hubo que contratar a profesionales del Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunitat Valenciana (LABORA), pero que actualmente existen trabajadores en bolsa, por lo que es posible que las plazas del próximo año las ocupen otros profesionales.
La sobrecarga va a ser tremenda, hay equipos de trabajo que se quedarán con un solo profesional»
«La sobrecarga será tremenda»
Unas explicaciones que no convencen a los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales. El personal entiende que las plazas actuales deberían ser prorrogables ya que el contrato programa se ha firmado con carácter retroactivo y debería extenderse desde el 1 de enero de este mismo año hasta 2024. Por ello, aseguran que están estudiando poner la situación en manos de los sindicatos. Una situación que aseguran que no ocurre en otros ayuntamientos, como los de Elche y Mutxamel, donde ya están funcionando por el contrario con este tipo de contrato.
No obstante, la plantilla afectada considera que «el problema más grave no es el de los despidos, sino el del colapso» y aseguran que, a consecuencia de la extinción de los contratos, «la sobrecarga será tremenda». Denuncian que esta demora administrativa produce un parón en la atención prestada desde los servicios sociales y «un grave perjuicio para personas en riesgo de exclusión social».
Desde los centros sociales de la ciudad apuntan que «hay unidades que se quedan con una única persona, lo que va a hacer que la sobrecarga sea tremenda». Además, lamentan que esta situación, que lleva repitiéndose de manera cíclica cada mes de diciembre, «ha provocado tal desánimo y agotamiento a los profesionales que ni siquiera hemos salido a protestar como hicimos el año pasado».
Por su parte, ajena a las críticas del personal de su concejalía, la edil del Partido Popular se ha mostrado satisfecha con la labor de, y ha defendido que su trabajo «era que hubiese una estabilidad profesional para que se pueda dar servicio a las personas vulnerables». En cuanto a la cuestión de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio actualmente, Llopis mantiene que «la elección del personal depende de Recursos Humanos».
