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La cuarta vía

Una partida de ajedrez con la provincia de Alicante al borde del jaque mate

El Gobierno recurre al drama para imponer el agua desalada a precio de oro: veintisiete millones de españoles vivirán en 2050 con escasez de suministro y, por supuesto, los alicantinos

La vicepresidenta Teresa Ribera en su última visita a Alicante en septiembre. RAFA ARJONES

La vicepresidenta Teresa Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Agua, Teodoro Estrela, reina y alfiles en esta partida de ajedrez que el Gobierno libra con los agricultores, simples peones, para decidir el futuro del agua y, por lo tanto, de la provincia de Alicante, desembarcan este lunes y martes en Alicante para tratar de convencernos de su verdad y sus soluciones. El mensaje está claro: no se preocupen, hay vida sin el trasvase Tajo-Segura y nosotros se lo vamos a demostrar. Para ello, partirán de una premisa que a bote pronto parece incontestable. Los expertos, entre ellos algunos los mismos que calcularon las existencias y posibilidades de agua en la cabecera del Tajo con los datos de lluvias de una de las peores sequías que ha sufrido la provincia, aseguran que en 2050, es decir en menos de 30 años, 27 millones de españoles (por supuesto entre ellos los 1,7 millones de alicantinos) tendremos que convivir con escasez de recursos, aquí y en la cabecera del Tajo. Amén.

Por lo tanto, no cabe otra que ir olvidándonos de que llegue agua del Tajo. Nadie puede asegurar, por supuesto, cómo estarán los acuíferos entonces (en algunos el agua está ya a 500 metros de profundidad y con más contenido en sal que la del mar) y, que quieren que les diga, lo de la reutilización del agua residual depurada tiene sus límites por muchas inversiones que nos prometan para mejorar su calidad, y porque la historia ratifica que la lluvia de millones se quedan casi siempre en el sufrido papel del BOE. ¿Qué nos queda? Pues el agua desalada, ese caudal que si nadie lo remedia se pondrá el próximo año 1,25 euros el m para los agricultores y también para hacer el arroz de los domingos a partir de 2022.

Tras la «revuelta» de mayo, con los agricultores protestando a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid mientras la vicepresidenta prefería irse a Toledo a un acto con el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, Teresa Ribera reaccionó, recibió a los agricultores y la provincia de Alicante entró en su agenda. Desde entonces, esta de este lunes es la tercera vez que visita Alicante, y dos más se ha reunido con ellos en Madrid, pero no se mueve un milímetro de su hoja de ruta. Enrocada como la torre del tablero de ajedrez, pero con el poder de la reina, su discurso no varía. El cambio climático reducirá las lluvias, el caudal de los ríos y la «huerta de Europa» tendrá que arregláserlas con el agua del mar desalada (esto al menos no lo ha dicho abiertamente) pero viendo sus movimientos seguro que hasta lo ha pensado alguna, vez, como buena ecologista. Agua desalada o cambiar los cítricos por las tápenas, que en España ya nos hemos preocupado que haya naranjas de Sudáfrica hasta noviembre.

Teresa Ribera es una rival a tener en muy cuenta. Suave es sus formas pero implacable y férrea en sus movimientos. Tras meses de conversaciones después de ese mes de mayo en que se dio cuenta de que en Alicante y Murcia tenía un problema ha ido dando pasos adelante, incluso tenía medio convencidos a los agricultores, dispuestos a aceptar el agua de donde sea para poder regar, pero hace dos semanas volvía a estallar la bomba. Acuamed (el Ministerio) vuelve a maniobrar y trata de dividir a los agricultores negociando puerta a puerta con la comunidades de regantes el suministro y precio del agua desalada al margen del Sindicato Central del Tajo-Segura, o así lo parece por los hechos, y fija un precio seis veces más alto que la del Tajo. No solo impone el agua desalada, sino que la quiere cobrar al precio de la gasolina porque la factura eléctrica está descontrolado.

Y ahí vuelve a pinchar. Instrumentos legales tiene para abaratar este caudal para la agricultura, agua de la que no se sabe tampoco muy bien si terminará arruinando los campos por su contenido en boro, pero sigue mirando para otro lado. Los regantes ya le han dicho, con datos e informes en la mano, que más de 0,30 euros/m no pueden afrontar. Treinta mil agricultores amenazados por lo tanto a corto plazo, pero todos lo sectores productivos a medio. Hasta los expertos más cercanos a las teorías de la ministra lo han proclamado por activa y por pasiva. El agua desalada para riego debe estar subvencionada. Ni caso.

El recorte del Tajo-Segura que deberá ser suplido con agua desalada, será de entre 13 hm y 60 hm al año, según lo que llueva en la cabecera del Tajo. Pero lo de menos ahora, aunque importante por supuesto, es hablar de cifras, sino de analizar cómo, poco a poco, se va minando el trasvase y consumándose el «golpe de estado hídrico» contra los de Alicante, sin que los que los tienen que defendernos hayan hecho su trabajo.

Todo parece calculado al milímetro, y desde hace tres meses el trasvase máximo mensual pasó de 38 hm a 27 hm3 en aras de que haya agua todos los meses -versión oficial y literal que no se cree nadie y empieza a ser casi imposible de cumplir a tenor del trasvases aprobados tras la modificación de las normas de explicación-. Un movimiento que se viene gestando desde hace dos años pactado con Castilla-La Mancha, del que en el Consell se enteraron, como siempre, tarde, y que se consuma sin más. Y después, a partir de 2022, llegará el aumento del caudal ecológico del río.

La hoja de ruta no se modifica ni un milímetro y en unos años, independientemente de la evolución del cambio climático, Alicante tendrá que beber, regar y construir viviendas y hospitales con agua desalada, seis veces más cara, ecológicamente más que cuestionable, y con elementos químicos que arruinan ciertos suelos. Vamos, que para el Gobierno central Alicante es como si fuera Lanzarote, donde no hay ríos, y España en su conjunto, Qatar, donde sí les sobran los petrodólares para las desaladoras. En España no hay ese dinero, pero sí una bolsa de 50.000 hm de agua en superficie que se va al mar cada año tras ceder a Portugal el triple del caudal acordado.

La estocada definitiva al trasvase empezó a fraguarse hace ya más de un año cuando se hizo público que el Ministerio, apoyado en informes técnicos (a estas alturas sabemos que los estudios rara vez contradicen el relato de quien los encarga), preparaba el primer «tajo» al trasvase en el Consejo Nacional del Agua con la decisión de cambiar las normas de explotación, consumada hace dos meses, y que continuará el año que viene con el aumento del caudal ecológico del Tajo. Mientras, quince trasvases entre ríos siguen activos en España, algunos a Bilbao y Barcelona -mucho más influyentes que Alicante y Murcia-, la España verde que diría José María Aznar. ¿Se atreverá la vicepresidenta Teresa Ribera a plantear desaladoras en Cataluña y el País Vasco para quitar presión al Ebro o al Ter?

El aumento de los caudales ecológicos del río no se negocia, y aunque quedan seis meses por delante para llegar a un acuerdo, la brecha sigue abierta. En la cuenca del Segura, las actuaciones que propone el Ministerio se centrarán en ampliar la capacidad de desalación. Se trabaja ya en la ampliación de la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, hasta un volumen de 70 hm adicionales, con la modificación el esquema energético utilizando energías renovables como la fotovoltaica, lo que, según el Ministerio, ayudaría a reducir los costes. ¿Saben cuál es el problema? Que en la provincia de Alicante es muy difícil confiar después de ver cómo se tiraron a la basura 400 millones de euros de un trasvase que no existe para nadie como es el Júcar-Vinalopó, o se construyó una macrodesaladora en Torrevieja que no tiene conexión con 20.000 agricultores. Hace una semana Ximo Puig defendió, a su manera, el Tajo-Segura ante Pedro Sánchez. ¿Tramoya congresual? Este lunes café con Teresa Ribera en Alicante. Esperemos.

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