Sí al trasvase Tajo-Segura. Sí, pero sin citarlo ni aclarar cómo va a afrontar el Gobierno el impacto económico que tendrá para los agricultores de la provincia el coste del agua desalada en Torrevieja, que Acuamed cobra ya a 0,81 euros/m³ y puede superar con creces el euro a partir de 2022. La vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del Ministerio para la Transición Ecológica, desaprovechó ayer una nueva oportunidad de oro para acercarse a los regantes de la provincia y aclararles cuál es el futuro que les espera con un trasvase que enviará cada año menos agua a la provincia y Murcia debido a la reducción de hasta un 40% del «agua fresca» (textual) en el Mediterráneo (recursos hídricos propios), por los efectos del cambio climático.
Palabras de la ministra Ribera, que aseguró que su compromiso es solucionar el problema para el medio y sobre todo largo plazo, pero desde una perspectiva global y en un escenario marcado por la disminución de los recursos hídricos. La vicepresidenta subrayó que mantiene un contacto permanente que los regantes y puso como ejemplo la negociación de la tarifas del agua del Tajo-Segura, cada vez más escasa y que deberá ser sustituida por agua desalada, de la que ayer no tocaba hablar. Dos veces trasladó este periódico la pregunta sendas mesas en las que participó Teresa Ribera y el director general del Agua, Teodoro Estrela, y en ninguna de las dos hubo respuesta.
El Museo de Arte Contemporáneo acogió este lunes una jornada en la que se analizó el futuro del agua y, en concreto, en el Mediterráneo, la «zona cero» del cambio climático como recordó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que pidió que la gestión de agua sirva para vertebrar pueblos. Palabras precedidas por la intervención de la vicepresidenta Teresa Ribera que insistió en su mensaje, sin citar para nada la palabra desalación, de que en 2050 la disponibilidad de agua «fresca» se habrá reducido en el Mediterráneo y por tanto en la provincia de Alicante un 40% y apeló a trabajar en optimizar al máximo los recursos.
«Nos vamos a tener que manejar en escenarios extremos», insistió Ribera, que explicó que existe una «gran diferencia con ejercicios de planificación pasados», porque, según afirmó, en estos momentos «hay que estar preparados para escenarios de inundaciones o de sequía máxima», apuntó la vicepresidenta. Ribera señaló que hasta el 75% de España podría estar en riesgo de desertificación, así como que 27 millones de españoles podrían vivir con escasez de agua en 2050, por lo que «si no se toman medidas, las sequías afectarán a un 70% más del territorio».
Para la vicepresidenta, la «gran apuesta hídrica» del Gobierno debe ser «garantizar la buena interconexión entre todos los volúmenes en cada una de las cuencas» españolas, para conseguir que todas estén «perfectamente interconectadas», algo que «hoy por hoy no existe», y que se ha convertido «en un desafío para las confederaciones del sureste, como el Júcar y el Segura».
Ribera explicó que el Ministerio trabaja, además, «para que la capacidad de reutilización, de desalación o de aportes de agua a través de trasvases o de los propios ríos» consigan una interconexión para lograr «que no haya un rincón sometido con estrés hídrico».
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, enfatizó que la provincia de Alicante está «en la zona cero» del cambio climático, por lo que el momento actual «obliga a más actuaciones y menos sobreactuaciones». Ximo Puig se mostró firme en la defensa del Tajo-Segura, parafraseó al climatólogo Jorge Olcina, al preguntarse «qué tiempo tenemos», y volvió a apostar por conjugar los trasvases -no se olvidó tampoco el Júcar-Vinalopó para el que anunció una inversión de 25 millones de euros- con otras fuentes de recursos como la reutilización de aguas residuales y la modernización de los regadíos.
«Tenemos un problema y no tenemos un planeta B, pero para solucionar este tema resulta fundamental hacerlo desde el consenso y evitar las guerras del agua y los frentismos que no conducen a nada». El presidente se refirió a los trasvases como infraestructuras «básicas» para garantizar agua a la provincia de Alicante, y en este sentido reiteró la irrenunciabilidad del Tajo-Segura.
LAS CIFRAS
25%
La modernización de los regadíos reduce un 25% el consumo de agua agrícola
La Federación de Comunidades de Regantes reveló en la jornada que el uso del agua agrícola se ha reducido en un 25% por hectárea en 20 años en la Comunidad.
27
Millones de españoles con problemas
27 millones de españoles tendrán problemas por la falta de agua en 2050.
El jefe del Consell destacó que la «geografía agraria» de la Comunidad Valenciana, donde más de 80.000 personas viven directamente de la agricultura, requiere «soluciones sostenibles» tanto medioambientales como en el tiempo y en costes, porque la «transición hídrica también tiene que ser justa».
Además de los trasvases, Ximo Puig ha explicado que la estrategia hídrica de la Generalitat también se basa en la sostenibilidad y la innovación. En concreto señaló que la Comunidad Valenciana es la autonomía que más agua reutiliza en toda España, asegurando que se está trabajando en la renovación y mejora de las depuradoras para conseguir «agua reutilizable de calidad», además de contar con la desalación como «complemento esencial».
Por otro lado, Ximo Puig, valoró la apuesta por la innovación en el regadío, lo que ha permitido que actualmente el 70% de los cultivos de riego en la Comunidad utilizan sistemas de goteo, y subrayó que el Plan de Modernización de Regadíos hasta el año 2040 «ya está transformando realidades».
Costes inasumibles
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reivindicó, por su parte, con firmeza y datos en la mano, la continuidad del trasvase Tajo-Segura en una provincia que sin el agua del Tajo tiene comprometido su futuro energético y ambiental. Barcala subrayó que la alternativa de la desalación sobre el trasvase es inviable, recordando que cada metro cúbico del trasvase supone un coste de un kw/hora, mientras que producir un metro cúbico de desalada cuesta cuatro kw/hora. Barcala acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de penalizar a una provincia «modélica en el uso del agua», como lo demuestra que sea puntera económicamente con tan solo 408 m por habitante y año, un 85% menos que la media de España (2.800 m³), según el alcalde.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, lo dejó claro. «Podemos presumir de haber reducido un 25% el uso de agua para regadío por hectárea, pero los costes energéticos son inaguantables y desde agosto la situación es insostenible. Hay que acabar con la contaminación sí, pero con la contaminación política». Del Campo cogió el guante lanzado por la vicepresidenta. «Ahora en el que vamos a un escenario de sequías y lluvias torrenciales es el momento de, precisamente, de apostar por las obras de regulación, embalses y trasvases».
La jornada no estuvo exenta de polémica ya que no se invitó al presidente de la Diputación y edil alicantino, Carlos Mazón, pese a que la institución provincial lleva la defensa del agua para la provincia. Los organizadores le trasladaron que en este ciclo no se invita a las diputaciones y el listado de invitados remitido por el Ayuntamiento volvió sin su nombre.
