Expertos y agricultores coincidieron en la jornada final del «El futuro del agua» que celebró este martes en Alicante, que el problema a solucionar de inmediato, no dentro de 30 años, sino ahora, camino de 2022, es buscar un precio asequible para el precio del agua desalada, que no se puede comprar por encima de los 0,3 euros/m³ y no a un euro o más, al que está abocada hoy la tarifa debido al coste energético, que representa un 60% de la producción en la desaladora de Torrevieja. Mientras, el Gobierno se niega a abrir el debate de la subvención pese a tener recursos legales para ello, como ayer volvió a demostrar el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que incluso llegó cuestionar el porqué del empeño en hablar «de un trasvase cuando hay muchos en España, entre ellos a Bilbao y Vigo», en clara alusión al Tajo-Segura.
Los ponentes, entre ellos Hugo Morán, apostaron por un pacto del agua pero demostraron que no tienen claro cómo articularlo. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, planteó, al menos, trabajar por un acuerdo en el que haya al menos 10 puntos sobre la política del agua que queden negro sobre blanco, y sean de cumplimiento gobierne quien gobierno.
Morán, como sucedió el lunes con la vicepresidenta Teresa Ribera, no fue concreto sobre el futuro del Tajo-Segura aunque aseguró que los trasvases forman parte de la planificación del agua en España «y así seguirán». Mientras, Jorge Olcina, apuntó que «la política hidráulica basada en la oferta de agua para repartir debe cambiar y para ello aseguró que hay soluciones técnicas para encontrar soluciones al corto plazo, porque todo lo que no se haga hasta 2030, difícilmente podrá hacerse después».
Algo que suscribió el portavoz de la Coag y agricultor, Miguel Padilla, la voz del campo en la jornada, que subrayó que «estoy de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, que habrá una disminución de las lluvias, pero como agricultor y productor les dijo que con el precio del agua por encima de 0,3 euros el metro cúbico la agricultura no es rentable y parece mentira pero se nos olvida que los agricultores damos de comer a mucha gente».
En la jornada que cerraba el foro «El futuro del agua» también participó, con la moderación de la redactora jefa de Política y Economía de INFORMACIÓN, María Pomares, la consellera de Medio Ambiente, que dejó claro «que hay asumir el cambio los efectos del cambio climático, reflexionar y trabajar sobre recursos de agua diferentes pero lo que está claro es que un recurso que no se puede pagar no es recurso».
Hugo Morán, número dos del Ministerio para la Transición Ecológica, no se bajó de sus planteamientos en ningún momento y llegó a defender, entre sus ideas sobre lo que debiera figurar en un hipotético Pacto Nacional del Agua, que «la planificación hidrológica debe estar por encima de la planificación agrícola, económica o turística. No se pueden plantar hectáreas de cultivos y luego reclamar agua para sostenerlas». Reflexión del secretario de Estado que, sin quererlo, dibujó el escenario que desde hace años se da en Castilla-La Mancha, autonomía gobernada por su compañero en el PSOE, Emiliano García-Page, firme defensor del cierre del trasvase. Morán defendió también que el valor de lo producido tiene que tener un precio, pero sin aclarar sin en el mercado o en los costes.
Mireia Mollá, consellera de Agricultura, se postuló por «evitar las tensiones y construir desde el acuerdo y el conocimiento, asumiendo que el cambio climático obliga a buscar una nueva y eficiente planificación».
Jorge Olcina señaló, por su parte, que «sé que no es popular, pero me preocupa la situación de la cabecera del Tajo y del Júcar. Los datos están ahí. Cada vez habrá menos agua para trasvasar y hay que asumirlo y buscar soluciones, desde la ciencia y la tecnología».
