En el tejado del tribunal encargado de juzgar supuestas irregularidades en la adjudicación de un macro vertedero en la Vega Baja, la pieza principal del denominado caso Brugal. Ahí es donde se encuentra la pelota tras concluir este miércoles las sesiones dedicadas a las cuestiones previas sobre las que ahora la sala tiene que pronunciarse. Cinco jornadas en las que las defensas de los trece acusados han peleado para convencer al tribunal de que dé carpetazo al proceso, antes de que comience el interrogatorio de los acusados el próximo 18 de enero, «por los graves defectos que presenta la instrucción». Una visión diametralmente opuesta de la que ha dibujado la Fiscalía Anticorrupción, para quien el proceso se ha investigado sin tacha y con todas las garantías legales.
En el procedimiento se intenta aclarar si el expresidente popular de la Diputación José Joaquín Ripoll, en detrimento del interés general y a cambio de regalos, se prevalió de su cargo para beneficiar a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en la instalación de la macro planta de residuos. Además del expolítico y de Ortiz, Fenoll y un hijo de este, están acusados la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, el empresario Rafael Gregory y el exdiputado socialista Antonio Amorós, entre otros.
En la sesión de este miércoles, la segunda que ha utilizado el Ministerio Público para responder a la carga de las defensas, el fiscal anticorrupción Pablo Romero ha justificado la intervención de los teléfonos de varios de los implicados «porque había indicios suficientes para hacerlo». Y ha precisado que, en el caso concreto de Ripoll, «había sospechas de que iba a recibir dos pisos pagados por otros implicados».
El fiscal ha rebatido que las prórrogas del auto por el que se autorizaron los pinchazos no estuvieran motivadas («se motiva el primero y los demás, como su propio nombre indica, son prórrogas», explicó), y ha tachado de «insultante que se diga que el juzgado se limitó a copiarlo» para mantener sine die las intervenciones.
El representante de Anticorrupción ha respondido también a las críticas por los tres años largos que estas actuaciones estuvieron declaradas secretas. «El tiempo fue proporcional a la gravedad del caso, además de que había otras investigaciones abiertas que se hubieran frustrado de haberse levantado el secreto».
Sobre el informe acerca de la economía de la familia Ripoll, del que su defensa dijo que lo había elaborado la Policía sin que nadie se lo pidiera, el fiscal Romero ha recordado que tanto el instructor como la Audiencia validaron el estudio en el que se afirmaba, entre otras aspectos, que el también exvicepresidente del Consell solo sacó 20 euros del cajero en dos años y medio.
En cuanto a la falta de concreción del escrito de la acusación pública, planteada por las defensas haciéndose eco de lo recogido en el sentencia de otra pieza del Brugal, la del PGOU de Alicante, Pablo Romero lo ha calificado como «quejas estereotipadas». Y ha añadido que «prueba de que el escrito de la Fiscalía no es impreciso es que el tribunal no lo rechazó y los abogados de los acusados han podido ejercer su defensa».
El fiscal ha pedido al tribunal que antes de que se reanude la vista en enero se pronuncie al menos sobre las criticas al escrito de la Fiscalía y acerca de las quejas por no haber entregado el juzgado a las defensas los soportes con todas las intervenciones telefónicas. Y que, en caso de no desestimarlas, con él plantea, que se indiquen las imprecisiones del escrito y se retrotraiga el proceso al punto en que puedan subsanarse ambas.
El debate sobre si los audios con los pinchazos tuvieron que entregarse
Frente a las quejas de las defensas, esgrimidas como causa de nulidad, porque el juzgado les negara los soportes con todas las intervenciones telefónicas de este proceso, el fiscal anticorrupción explicó que se hizo «para proteger el derecho a la intimidad de los acusados y de sus interlocutores, algunos de los cuales eran ajenos al procedimiento». Pablo Romero recordó que la Audiencia avaló esta decisión y que las defensas tenían la posibilidad de escuchar en el juzgado aquellas conversaciones en las que intervenían sus clientes. Algunas de las defensas tacharon de «asombroso» que se invoque la intimidad «cuando los audios habían llegado a la opinión pública cuatro años antes de cuando los pedimos», dijeron.
