El Consell también se suma a la corriente de rechazo a la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que acaba de aprobar el Pleno municipal de Alicante con el respaldo de PP y Ciudadanos (que impulsaron el documento desde la Junta de Gobierno) y de Vox, frente a la oposición del bloque de izquierdas y también de más de cuarenta entidades sociales, incluida Cáritas. La portavoz y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, considera que se producen «síntomas alarmantes» cuando Vox condiciona determinados gobiernos, como a su juicio ocurre en la capital provincial. La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas defiende que con este documento, que ahora se expondrá al público, abriéndose el periodo de alegaciones en el que Ciudadanos prevé suavizar la redacción, se «estigmatiza» todavía más a las mujeres prostituidas y a las personas sin recursos. Todo ello utilizando una dialéctica que, según valora Oltra, recuerda a la que empleaba el régimen franquista cuando calificaba a determinadas personas como individuos de peligrosidad social.
Así se pronunció la «dos» del Botànic liderado por Puig este viernes, durante su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, donde fue cuestionada sobre si cree que hay partidos políticos, al margen de Vox, que no respetan la democracia y los derechos humanos; una aseveración que ella misma ha empleado en un momento de su intervención para referirse a la ultraderecha. En concreto, y preguntada por el uso de la violencia machista como arma política, advirtió de que desde la entrada de Vox existe una «anomalía democrática» en el Parlamento valenciano, recalcando que se trata de «un partido de extrema derecha, negacionista de la violencia de género, que está fuera del ámbito constitucional y de la defensa de los derechos humanos». Además, Vox ha sido el único grupo que ha presionado a Barcala para aprobar la ordenanza.
La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas cuestionó que la respuesta del Ayuntamiento de Alicante sea multar a las mujeres prostituidas, víctimas de violencia machista y de explotación sexual. «A mi eso me preocupa, es añadir más daño a las víctimas y es ir en dirección contraria a las normativas internacionales, al Convenio de Estambul, a lo que Naciones Unidas plantea sobre cómo abordar esta cuestión», enfatizó la vicepresidenta primera de la Generalitat, para después ironizar con el proyecto normativo del gobierno liderado por el popular Barcala: «Lo último que se tiene que hacer es multar a la víctima o a las personas sin recursos. Es inútil multar a personas sin recursos».
La consellera cree que además de estigmatizar a las víctimas se emplea «una dialéctica de individuos de peligrosidad social, lo que le gustaba al régimen franquista». Con ello, recalcó que atisba «derivas preocupantes cuando Vox condiciona los gobiernos». Con todo, dijo que espera que vuelva a equilibrarse la situación y que se pueda «sacar de la confrontación política algo compartido por todo el mundo», como es la condena de la violencia de género.
La controvertida ordenanza de Alicante incluye multas de hasta 3.000 euros y excluye todo tipo de intervención social, lo que aleja el texto municipal del borrador impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Alicante (FEMP).
Más recursos
La Red de entidades para la Atención de Personas Sin Hogar en Alicante (Reapsha) asegura que en las calles de la capital duermen más de 200 personas, una veintena más que antes del estallido de la pandemia. Esas cifras, según subrayan, suponen una ratio de seis personas por cada 10.000 habitantes en Alicante, frente a la tasa de 5,12 de València o en torno a 4,4 en Madrid y Barcelona.
En este contexto, y con motivo del Día de las personas sin hogar, desde Reapsha apelan a las administraciones a que «tomen medidas» para «mejorar las condiciones de vida de estas personas, proporcionando más recursos económicos y materiales dirigidos a las personas sin hogar, que es la población más vulnerable y desprotegida». Además, reclaman la creación de «recursos específicos y bien dimensionados para los perfiles no suficientemente cubiertos, como víctimas de violencia, de adicciones, con problemas de salud mental, fomentando la atención específica al alquiler asequible de habitaciones o el acceso a vivienda en condiciones adecuadas».
Este sábado, en los jardines de la Diputación de Alicante, la Red de entidades para la Atención de Personas Sin Hogar celebra una jornada de concienciación, de 10 a 14 horas.
