«¿Creen los que gobiernan que si yo tuviera opción estaría pidiendo en la calle? Para mí esto es duro. Yo quiero trabajar pero en mis últimos empleos me han engañado y no me han pagado lo que me debían. Quiero trabajar con mi contrato de 40 horas en el que me paguen lo acordado», dice Josué, un treintañero que vende libros en la avenida de Maisonnave. «He trabajado como publicista pero me pagaban cuatro horas por trabajar doce al día. También he sido ayudante de cocina, pero me han despedido sin siquiera pagarme lo que me debían».
Josué no es la persona que más afectada puede verse por la nueva ordenanza municipal para perseguir la mendicidad y la prostitución en Alicante; él tiene la posibilidad de volver a incorporarse al mercado laboral y duerme bajo un techo. Otros, sin embargo, no se encuentran en una situación tan esperanzadora. Para Josué, esto se debe a que la mendicidad puede convertirse en un hábito: «Hay gente que pidiendo en la calle consigue sacar el mismo dinero que en algunos trabajos mal pagados. Muchos convierten la calle en costumbre, prefieren pedir a que les engañen».
David, que tiene algo más de cuarenta años, se encuentra pidiendo en la calle, pero duerme bajo techo. Para él, el problema es que no se puede volver a incorporar al mercado laboral por una enfermedad: «Veo mal la nueva ordenanza. Yo tenía trabajo hasta 2007, en la construcción. Si estoy aquí, en la calle, es porque no puedo trabajar por mis problemas médicos».
Carlos, un hombre con aspecto desaliñado, solicita dinero en un banco de la antigua estación de autobuses y también está en contra de la nueva ordenanza: «La veo mal. Yo solo pido dinero en un banco, no molesto a nadie. Puedo entender que no quieran que la gente esté tirada por la calle y molestando, pero no es mi caso ni el de otros que conozco».
A Emilio, un hombre de avanzada edad que, según su cartel, pide para comer, hablar de la ordenanza le enfada con los gobiernos: «A nosotros nos quieren multar por pedir en la calle mientras ellos (los gobiernos) roban. Yo no exijo a nadie que me dé nada, estoy aquí sentado y si alguien me quiere dar una moneda se la acepto».
Emilio, Josué y Jesús, un hombre que duerme en la calle cerca del Rico Pérez, se preguntan si en lugar de pedir en la calle sería mejor delinquir: «¿Prefieren que robe? ¿Sería mejor para la ciudad que por necesidad fuera a un banco y al primero que saliera le robara la cartera o le pegara un tirón al bolso de una señora?», apunta Emilio. Jesús opina de manera similar: «Es un derecho tener acceso a una vivienda y a un trabajo. ¿No les parece suficientemente humillante que estemos así? ¿Prefieren que nos pongamos a robar?».
Respecto a qué harían si le ponen una de estas multas, una mujer, que también duerme cerca del Rico Pérez y que no ha querido que publiquemos su nombre, ha tildado de «vergüenza» la ordenanza, ya que ella no tiene capacidad para afrontar una multa de esas cantidades. Algo en lo que están de acuerdo todos a los que les hemos preguntado. David ha añadido: «¿Creen que si yo pudiera pagar una de estas multas estaría así? No tiene ningún sentido». Por su parte, Josué cree que algunos preferirían ir a la cárcel a tener que pagar una de estas multas: «’ menos allí tienes comida».
Josué tiene la esperanza de que la policía se porte bien con ellos: «La mayoría de los agentes nos conocen y no suelen decirnos nada. Saben que no hacemos daño a nadie. Incluso saben dónde solemos ponernos; si alguna vez hemos estado pidiendo en otro sitio, nos han reconocido». Sin embargo, no todos tienen el mismo optimismo en la benevolencia de la policía. Jesús ha mostrado su enfadado al hablar de los agentes: «Muchas veces llaman a los camiones de la basura y nos tiran todo lo que tenemos: hasta las mantas. ¡A nosotros, que no tenemos nada y lo único que queremos es no pasar frío por la noche! No me fío nada de que la policía nos vaya a tratar bien aunque otros digan que con ellos sí han tenido respeto».
Como ha publicado INFORMACIÓN, la ordenanza municipal fue aprobada el jueves por el pleno con los votos a favor del PP, Vox y Ciudadanos, aunque estos últimos paralizaron la ordenanza hace un año con la misma redacción. Toda la izquierda votó en contra, y más de cuarenta entidades sociales han manifestado su rechazo, incluida Cáritas, ante una medida que prevé sanciones de hasta 3.000 euros.
