Carta blanca para exigir el pasaporte covid en hostelería, hospitales y residencias de mayores de la Comunidad Valenciana. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio ayer su visto bueno a esta medida que trata de frenar la expansión de la pandemia a las puertas de la Navidad y de aumentar el porcentaje de personas vacunadas.
Con el visto bueno del TSJ, la medida comenzará a aplicarse el viernes y se mantendrá vigente durante un mes, incluyendo por tanto todas las vacaciones de Navidad. Según la hoja de ruta marcada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el siguiente paso ahora es convocar a las juntas de seguridad para implicar a todas las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de esta medida.
Estar vacunado o presentar una PCR o test de antígeno negativo será requisito para entrar a establecimientos de hostelería, restauración y ocio con aforo superior a 50 personas, festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes, así como para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias, entre otras actividades.
LA CLAVE: ARGUMENTACIÓN
Una medida «equilibrada» con más beneficios que perjuicios
El TSJ de la Comunidad Valenciana entiende que obligar a presentar el pasaporte covid en locales de ocio y hospitales no causará perjuicios económicos y evitará nuevas restricciones.
El TSJ considera que son medidas «equilibradas», pues se derivan de ellas «más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto», al tiempo que cumplen el «juicio constitucional de proporcionalidad».
Los magistrados argumentan que estas medidas son idóneas para reducir el riesgo de transmisión del virus en los interiores de aquellos lugares donde, por su idiosincrasia, no es posible hacer un uso continuo de la mascarilla.
La resolución alude a los datos científicos recogidos en el informe epidemiológico aportado por la Generalitat, que avalan que el riesgo de infectarse es menor entre vacunados que en no vacunados y que, en caso de infección, la transmisión de la covid es mucho menor entre las personas vacunadas.
Las medidas, por tanto, son necesarias, ya que no se conocen otras «para conseguir el propósito con igual eficacia», y resultan «indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir o -al menos- minimizar el incremento de la transmisión del virus», precisa la sala.
Además, la exigencia del certificado covid busca evitar que se llegue «al escenario de nuevas restricciones de derechos fundamentales mucho más intensas de la que aquí se trata» y el anuncio de su implantación ya ha incentivado la vacunación.
La medida resulta igualmente proporcionada -prosigue el Tribunal Superior- porque «apenas va a producir afectación a la actividad económica» e incluso «puede facilitarla», de forma que obtiene «un buen encaje de las dos piezas más importantes de este insólito puzzle que representa la actual pandemia».
LA CIFRA: 30
Días que estará vigente la obligación del pasaporte covid en hostelería
La medida arrancará el viernes y será válida en locales de más de 50 personas, en hospitales y en geriátricos.
Límites
Una de las incongruencias del pasaporte covid es que limitará el acceso a los locales de hostelería, hospitales y residencias de ancianos de aquellas personas que no están vacunadas, pero por contra no se podrá actuar sobre aquellos trabajadores de estos establecimientos que no se hayan querido inmunizar. Sólo en el caso de los geriátricos, esta cifra supone un 6% de los empleados. Una situación que tiene mal encaje legal «porque una cosa es desarrollar una actividad voluntaria, como puede ser entrar a un bar o a un restaurante, y otra muy distinta es que la continuidad de tu trabajo dependa de algo que no es obligatorio como es la vacunación», señala Carmen Viqueira, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alicante.
«Una cosa es entrar a un bar y otra que tu trabajo dependa de un acto no obligatorio, como es la vacunación»
Viqueira cree en este sentido que sería necesario un paraguas normativo de ámbito nacional para tratar de obligar a los trabajadores a inmunizarse, puesto que esta medida no puede tener cabida en las actuales normativas de prevención de riesgos laborales. «El marco jurídico actual no está pensado para situaciones tan complejas» señala Viqueira, para quien la única posibilidad es que la vacunación sea obligatoria en el ámbito de la salud pública, a través de los mecanismos que contemplan las leyes orgánicas de 2011 y 1986, por lo que su aplicación en todo caso depende de los cambios normativos que pudiera hacer el Gobierno central.
