El tribunal del proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante ha decidido asegurar el cumplimiento de una de las dos condenas que dictó en esta causa y ha restado de la fianza que va a devolver al empresario Enrique Ortiz la multa que le impuso por el regalo de una chaqueta a la entonces alcaldesa del PP Sonia Castedo, que fue absuelta.
El otro condenado, también por un delito de cohecho como el constructor, es el exalcalde popular Luis Díaz Alperi por el viaje que le pagaron en un jet privado a Creta.
En una providencia notificada este martes, la sala accede a la petición planteada por Ortiz y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, quien también estaba acusado, para que les devuelvan las cantidades que ambos consignaron: 1.390.000 euros el primero y 33.500 el segundo. Los dos en concepto de reparación del daño para garantizarse la aplicación de esa atenuante.
Ortiz fue condenado a una multa de 18.000 euros por el cohecho mientras que el empresario ilicitano resultó absuelto pese a admitir ante el tribunal que había pagado para que le recalificaran unos terrenos. Un reconocimiento de los hechos al que Ortiz se apuntó cuando faltaban unos meses para que diera comienzo el juicio a cambio de asegurarse que no ingresaría en prisión, pero del que se retractó poco antes de que comenzara la vista.
De hecho, 600.000 de esos 1.390.000 euros fueron ingresados a la firma de esa conformidad y se consignó el resto cuando se desdijo de su culpabilidad. Con ello se cubrió la responsabilidad civil que pedían las acusaciones por el perjuicio económico que las circunstancias que rodearon la redacción y el posterior desistimiento de ese planeamiento urbanístico habían causado a las arcas públicas. En el total se incluyeron también los intereses y las costas.
El tribunal ha acordado restar de la cantidad consignada por Ortiz los 18.000 euros de su condena (se acuerda devolverle 1.372.000 euros) aunque la sentencia no es firme. El constructor no ha anunciado recurso en el plazo habilitado para ello pero sí lo han hecho Alperi y Anticorrupción. De así estimarlo la Fiscalía del Supremo, quien tiene la última palabra, el Ministerio Público va a reclamar la anulación del juicio que se celebró por estos hechos para que vuelva a celebrarse de nuevo.
Una finca
Durante la instrucción, los acusados fueron requeridos para que hicieran frente a una fianza de 1,3 millones para el pago de esa responsabilidad civil en caso de condena. El dinero debía abonarse de forma solidaria entre los dos exregidores, los abogados urbanistas del bufete Salvetti y el empresario Ramón Salvador, además del propio Ortiz. El juez eximió de esta obligación a los también acusados Pablo Rico, Santiago Bernáldez y Virgilio Ortiz, hoy todos absueltos.
La defensa del promotor alicantino, el letrado Francisco Ruiz Marco, presentó entonces en el juzgado los datos de una finca que se ofreció como fianza. Se trata de unos terrenos de unos tres millones de metros cuadrados situados en Monforte del Cid y valorados en 1.406.985 euros con los que se cubrió el total de la fianza y que a día de hoy continúan en poder de la Administración de Justicia hasta que la sentencia adquiera firmeza.
