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Tres detenidos de una red de inmigración vinculada a un naufragio con siete muertos

Los arrestados en Alicante y Madrid por la Policía Nacional están acusados de pertenecer a una organización que cobraba 12.000 euros a cada persona - El viaje de Bangladesh a España de los migrantes duraba más de un año

Imagen de archivo de un policía custodiando a inmigrantes llegados en patera a Alicante. | INFORMACIÓN

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Alicante y a otra en Madrid por pertenecer a una red criminal transnacional que introducía a inmigrantes bangladesíes ilegales en la península y les cobraba 12.000 euros por el viaje desde su país, un trayecto en el que empleaban más de un año. Los investigadores calculan que esta red ha ganado varios millones de euros con la introducción ilegal de inmigrantes y vinculan a este entramado ilícito con un naufragio acontecido el 26 de noviembre de 2019 a 30 millas de Melilla, en el que murieron al menos siete personas.

Fuentes policiales informaron ayer de que uno de los detenidos era el presunto cabecilla que dirigía este entramado desde Madrid, pero tras el hundimiento de la patera huyó del país y se refugió en Dubai y Marruecos, poniéndose así fuera del alcance de las autoridades españolas. Las pesquisas policiales situaron recientemente al cabecilla en la provincia y el pasado octubre fue detenido en Alicante por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, este individuo era el encargado de coordinar la recepción de los migrantes tras cruzar de Argelia a Marruecos de manera clandestina. También se ocupaba de gestionar el alojamiento de los bangladesíes en una red de pisos que tenían en las ciudades de Fez, Tánger y Rabat, y, por último, era el responsable del cruce de embarcaciones desde Marruecos hasta España.

La investigación policial sostiene que de los 12.000 euros que la organización cobraba a cada migrante por el tránsito de Bangladesh a España, 5.000 euros correspondían al último cruce hasta la península mediante pateras. Esta cantidad era retenida por el coordinador desde Madrid a cambio de un porcentaje de la misma.

La Policía estima que los beneficios obtenidos por la red criminal podrían ascender a varios millones de euros.

La operación policial ha culminado con la desarticulación de la rama española y marroquí de esta red. Además de las detenciones la Policía realizó un registro en un local de Lavapiés en Madrid e intervino cuatro teléfonos móviles, un ordenador, 15 000 euros en efectivo, una máquina de contar billetes y documentación relacionada con la investigación.

Los investigadores han concluido que además de los arrestados en España la organización contaba con más integrantes en Bangladesh, India, Mali, Dubai, Marruecos y Argelia.

Acusados de homicidio

Los agentes de la Policía Nacional han constatado que esta red de inmigración irregular estaba implicada en al menos siete homicidios de otras tantas personas que viajaban en una patera que naufragó el 26 de noviembre de 2019. Ocurrió a unas 30 millas de Melilla y fallecieron al menos siete ciudadanos bangladesíes y subsaharianos.

La investigación asegura que diversos integrantes de la organización golpearon con palos y amenazaron con un cuchillo a los migrantes para obligarlos a subir a la embarcación, ya que se dieron cuenta de que estaba visiblemente defectuosa y no querían embarcar. Tampoco llevaban chalecos salvavidas y solo les entregaron cámaras de aire de color negro deshinchadas, sin tener en cuenta si sabían nadar o no. La patera, que tenía un tamaño muy pequeño en proporción a su ocupación, salió desde la ciudad de Nador en Marruecos hacia España y comenzó a hundirse cuando el motor dejó de funcionar. Según la Policía Nacional, los cuerpos de los inmigrantes fallecidos fueron arrojados al agua.

Los tres detenidos han sido acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delito de homicidio. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos y el tercero ingresó en prisión.

Las investigaciones policiales han acreditado que la rama desarticulada en España tenía una gran capacidad operativa y un alto nivel de implantación en todos los países involucrados en la ruta desde Bangladesh.

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