Cero de dos. Por segunda vez, el Ayuntamiento de Alicante se ha quedado fuera de una convocatoria de ayudas europeas del Gobierno central para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus al no alcanzar la puntuación mínima exigida en el proceso. Tras el reciente fiasco en turismo, llega la decepción en comercio. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha rechazado las propuestas registradas por el Ayuntamiento de Alicante en el programa de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, encaminadas a la mejora de la movilidad urbana en el ámbito comercial y turístico del centro histórico de la capital alicantina y al impulso de la eficiencia energética, accesibilidad, movilidad e imagen con la modernización del Mercado Central y el de Carolinas.
El concejal de Coordinación de Proyectos del Ayuntamiento de Alicante, el popular Antonio Peral, criticó este lunes que el Ministerio de Industria haya dejado fuera a Alicante de los fondos Next Generation dirigidos a Comercio y Turismo sostenible. Peral cuestionó «que se prime a los ayuntamientos gobernados por el mismo partido que preside el Gobierno central y la falta de transparencia y la ausencia de criterios de valoración que permita determina el peso de cada proyecto». Según el concejal, «se ha realizado un reparto discrecional, a dedo, sin que se faciliten ni los criterios de evaluación ni la puntuación obtenida por los proyectos», quien concretó que el Gobierno central ha destinado 66,3 millones de euros a mercados urbanos sostenibles, 4,8 a mercados rurales y 32 a zonas de gran afluencia turística, «pasando de largo las iniciativas de la ciudad de Alicante».
Uno de los dos proyectos rechazados para financiar con el fondo de ayudas europeas para la recuperación económica tras la pandemia de covid se refiere a la mejora de la movilidad urbana en el ámbito comercial y turístico del Centro Histórico. Una iniciativa con un presupuesto de 2,1 millones, de los que el Ayuntamiento consideraba subvencionables 1,5 millones. Sin embargo, esta iniciativa se quedó en 48 puntos, del umbral de 50 de 100 que exigía el ministerio para acceder a los fondos. Los principales déficits de la oferta, según el evaluador, son la supuesta falta de contribución a la financiación del proyecto por la entidad local (con cero puntos de diez), pese a que el bipartito tenía previsto financiar más de 600.000 euros (casi un 70%), lo que todo apunta a que estaba incluido dentro de los parámetros de la convocatoria a nivel nacional: «El importe de la financiación a conceder será de un mínimo del 60% y un máximo del 100% sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado hasta en un 40% por el beneficiario de la ayuda».
De la oferta rechazada, los técnicos también señalaron el nulo grado de innovación y de carácter demostrativo del proyecto (también con cero de diez puntos). Tampoco consiguió buena valoración el porcentaje de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario que se benefician de las actuaciones sobre el total de comercios del área de actuación del beneficiario (con tres de quince puntos).
Pese a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, el ministerio ha acabado por rechazar las dos propuestas alicantinas. «Habíamos puesto mucho interés en estas convocatorias, contratando las asistencias técnicas oportunas, para preparar los proyectos con el fin de que obtuvieran una buena valoración, sin que al final hayan sido siquiera considerados», lamentó el edil, quien sostiene, sin aportar datos, que el reparto de ayudas «tiene un claro sesgo político, que prima a los ayuntamientos del mismo color político del Gobierno, sin tener en cuenta el esfuerzo y la dificultad en preparar los proyectos, así como el coste asumido para poder acceder a la financiación necesaria para llevarlos a cabo».
Solicitudes por un total de más de 120 millones de euros
Según el bipartito, el Ayuntamiento de Alicante ha presentado solicitudes de ayudas europeas con fondos Next Generation por un global que supera los 120 millones. Las dos primeras resoluciones han sido negativas para los intereses municipales.
