El trasvase Júcar-Vinalopó va camino de Bruselas. La Junta Central de Usuarios tiene decidido abrir una batalla judicial contra el Gobierno en España, y administrativa en la Unión Europea si esta misma semana no se resuelve el último rejón contra el trasvase, en concreto que se haya quedado, de facto, sin agua, debido a que en el nuevo plan hidrológico del Júcar figura que el agua ahorrada en la modernización de los sistemas de riego de la Acequia Real del Júcar, deberá ir íntegramente a la Albufera de Valencia. Obras de mejora, por otro lado, que se realizan a cargo de la Administración desde 1998 y durante 60 años, en virtud de un acuerdo suscrito ahora hace 24 años, en el que también se contempló que una parte del caudal ahorrado, unos 80 hm³ al año, se trasvasaría a Alicante, algo que se ha suprimido ahora, según denuncia la Junta Central de Usuarios.
Su portavoz, Ángel Urbina, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, lamenta que «desde 2001, siempre quitando. Al final, quieren eliminar el regadío. No vemos otro objetivo. Ni agua, ni acuerdos, sólo provocaciones. Este año queremos, necesitamos regar, tenemos que hacer obras, hacer sustituciones, pero con qué ánimo afrontan esto las administraciones. Sólo somos personas del campo que queremos regar a precio que sea posible. Ya está bien».
La Junta Central ha pedido una reunión urgente con la Conselleria de Agricultura, y si no hay marcha atrás acudirá a Bruselas utilizando un argumento que considera clave: la propia CE subvencionó con 120 millones de euros las obras del trasvase debido a que el objetivo de la infraestructura era traer agua para dejar de extraerla de los acuíferos, algunos con el nivel a 500 metros de profundidad. Oficialmente, el trasvase está operativo desde 2010 pero a la provincia tan solo han llegado unos 10 hm³ cuando debían trasvasarse 80 hm³ al año.
La Generalitat, por su parte, ha cedido hasta ahora a los intereses del Ayuntamiento de València y del propio Ministerio de Transición Ecológica, al validar en el nuevo plan hidrológico del Júcar que todo el agua que se ahorre de la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar vaya a la conservación del parque natural de la Albufera. El agravio es aún mayor porque tampoco se plantea que los regantes valencianos utilicen los 100 hm³ de agua depurada en la planta de Pinedo, con lo que habría agua par la provincia. Algo que se quiere imponer en Alicante con las depuradoras, no todas con el sistema terciario que elimina el contenido en sal del agua.
La aprobación del plan hidrológico del Júcar en 1998, con la unanimidad de todos los usuarios de la demarcación, trajo consigo importantes acuerdos para materializar las medidas previstas en el plan. Los llamados «Pactos del 98» incorporaron primero el «Convenio de Alarcón», por el cual la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, legítimos propietarios de ese embalse, cedían a la Administración, la Confederación Hidrográfica del Júcar, su gestión a cambio de una reserva de garantía de agua para sus demandas, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la condonación de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años, o sea hasta 2058.
No menos importante resultó otro de los acuerdos, el «convenio para la modernización de los regadíos integrados, suscrito el 23 de julio de 2001. Convenio que establecía, precisamente, la necesidad de modernizar los regadíos del Júcar para generar los excedentes para atender la demanda del trasvase Júcar-Vinalopó y, obviamente, conservar los recursos subterráneos en los acuíferos del sistema Vinalopó-l`Alacantí.
La Generalitat se implicaba directamente en la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar para garantizar que el agua ahorrada llegara a la provincia de Alicante. El trasvase adquirió la condición de ser una demanda del sistema Júcar con el nivel de prioridad diferente a los que les corresponde a la cuenca cedente pero, en definitiva, una demanda adicional, como lo es, según subrayan desde la Junta Central, el Canal Júcar-Turia, que ha generado importantes contraprestaciones para os usuarios tradicionales del Júcar. Es decir, los denominados sobrantes no son más que una definición previa a la modernización, una forma de definir los volúmenes destinados al trasvase Júcar-Vinalopó.
Según expertos consultados por el periódico, «no debe confundirse esta cuestión porque, de lo contrario, el trasvase estaría a merced del agua que llegue a la desembocadura sin ningún tipo de regulación, y de lo que pueda decidirse, ahora o en un futuro, en los planes de cuenca respecto a nuevas demandas, como ocurre con el Plan Especial de la Albufera», al que se da prioridad sobre el envío de agua a Alicante.
La Diputación lo define como una condena a la desertificación
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Ana Serna, reclama al Gobierno mayores inversiones y la ejecución y modernización de las infraestructuras que permitan mejorar la calidad del agua del Júcar y reducir el precio del agua del trasvase. Asimismo, ha lamentado que «la Generalitat vuelva a dar la espalda a los regantes y agricultores y apoye con sus alegaciones la propuesta del Ejecutivo que supondrá una reducción del agua a trasvasar a las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí». «El PSOE ningunea una vez más a esta provincia y la condena a la desertificación», sentencia Serna, quien critica que el nuevo plan hidrológico del Júcar, «auspiciado por Pedro Sánchez y avalado por Ximo Puig, resultará perjudicial».
