Que dos de los tres miembros del tribunal que está juzgando las supuesta irregularidades del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja se aparten y se designen otros dos con los que formar nueva sala para continuar con el juicio. Es lo que ha pedido el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll a escasos días de que, como acusado, preste declaración en la vista oral que por estos hechos comenzó el 2 de noviembre del año pasado y que está previsto que se prolongue hasta finales de junio. Junto a él se sientan otras doce personas más entre políticos, empresarios y técnicos por unos hechos que se remontan a 2010 y por los que se piden penas de hasta 16 años de cárcel.
En un escrito remitido en plenas fechas navideñas a la sección penal de la Audiencia en Elche, donde se está desarrollando este juicio, el abogado de quien también fuera vicepresidente de la Generalitat plantea la recusación de Cristina Fernández y Francisco Javier Sarabia, este último ponente, por «falta de parcialidad objetiva que motivaría, si no se accediera a la misma, la vulneración del derecho a un proceso con las debidas garantías».
La defensa de Ripoll, el letrado Bernardo del Rosal, apoya su petición en que ambos magistrados estarían contaminados porque resolvieron el recurso de su cliente contra el auto de pase a procedimiento abreviado. Del Rosal explica que la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos «impide que magistrados que han tenido conocimiento de la instrucción (...) puedan entrar a juzgar esa causa al haber perdido la garantía de imparcialidad».
Por tanto, argumenta Del Rosal, «los magistrados concernidos (Fernández y Sarabia) deben abstenerse de enjuiciar el presente asunto y la Audiencia Provincial tendrá que designar dos nuevos magistrados para formar una sala que no se encuentre contaminada». Y agrega que por el auto con el que resolvieron el recurso citado «se deduce que entraron en contacto con la prueba y procedieron a expresar y valorar su contenido con la conclusión de la existencia a efectos indiciarios propia por los delitos de que se acusa a mi representado, integrando una razón legítima para considerar objetivamente justificados los temores sobre una falta de imparcialidad del tribunal».
En previsión de lo que pueda objetar la sala acerca del momento en que se plantea la recusación, dado que el recurso se resolvió en 2016 y desde el año siguiente se conoce la composición del tribunal, el letrado se centra en que «lo que importa es que se haya dado a los órganos judiciales la oportunidad de reparar la lesión cometida y restablecer en sede jurisdiccional ordinaria el derecho fundamental que se dice vulnerado».
Además del escrito de Del Rosal, la sala ha recibido otro de la Fiscalía Anticorrupción donde recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite no admitir a trámite los incidentes de recusación si no se plantean nada más tener conocimiento del hecho que los motiva.
El próximo 18 está previsto que se reanude el juicio con la declaración de los acusados después de que el tribunal dejara para sentencia las peticiones de nulidad planteadas por las defensas durante la fase de cuestiones previas.
