Prometía ser una medida para descongestionar los centros de salud, pero de momento no arranca. La falta de acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana mantiene bloqueado el convenio para que las boticas hagan test de antígenos y comuniquen los casos positivos a Sanidad.
El precio a pagar es el principal escollo. Los farmacéuticos quieren cobrar por los gastos que genera este nuevo servicio -entre ellos la adaptación del sistema informático y la adquisición de material de protección para la toma de muestras- y Sanidad sostiene que en ningún momento de la negociación se habló de contrapartida económica. Las farmacias aseguraron el martes que estaban en disposición de empezar con el servicio este jueves, pero en la tarde de ayer aún no habían recibido ningún protocolo de Sanidad sobre cómo registrar los casos positivos que detecten. «Sin estas instrucciones no podemos comenzar», advirtió ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García Mongars, quien confía en que la situación se desbloquee en los próximos días.
Ante la falta de acuerdo para que la conselleria les pague, los colegios profesionales decidieron el martes que fueran los clientes quienes pagasen porque este servicio, cuyo precio debe fijar cada botica. Preguntado por esta cuestión, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido este miércoles en Alicante que no ve «razonable» que las farmacias puedan cobrar «sin ningún tipo de control» a los usuarios por los test de antígenos que se practiquen en estos espacios. Puig ha subrayado que «en ningún momento se había planteado cobrar» durante las conversaciones entre Sanidad y los farmacéuticos, pero ha garantizado que están «en buena disposición» para llegar a un acuerdo. «Hay que buscar una solución clara y admisible desde el punto de vista de servicio público», ha recalcado. Ha señalado que las farmacias tienen consideración de servicio público en España y ha defendido la necesidad de que todas las personas que necesiten un test puedan realizárselo en «igualdad de condiciones» en estos establecimientos.
El objetivo de este servicio es descongestionar los centros de salud, totalmente colapsados estos días por la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicron. Atención Primaria no da abasto para registrar todos los casos que se producen y los principales perjudicados están siendo los trabajadores, ya que los médicos no pueden tramitar a tiempo todas las bajas y altas que la enfermedad genera. De esta manera, los pacientes podrán hacerse la prueba en las farmacias y en caso positivo éstas lo comunicarán a Sanidad, acortando así trámites y tiempos. El sistema, voluntario tanto para los usuarios como para las farmacias, consiste en transmitir mediante un enlace informático los resultados positivos de test de antígenos realizados en la propia oficina de farmacia. Para que las farmacias puedan registrar y notificar directamente al sistema público de salud el resultado de estos test de antígenos en caso de dar positivo, deberán hacerse de forma presencial en la propia oficina de farmacia y los usuarios consentir voluntariamente en aportar los datos personales para que sean informados.
Los consumidores ven inadmisible que el usuario pague
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha tachado de «inadmisible» que las farmacias puedan cobrar a los usuarios por comunicar a la Conselleria de Sanidad los test de antígenos que se practiquen presencialmente en estos establecimientos. Avacu, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha contrapuesto esta situación al anuncio del Gobierno de limitar los precios de test de antígenos. Avacu, ha defendido que «debería instalarse un sistema que sea gratuito, ya que la pandemia ya nos ha costado y nos sigue costando mucho dinero». «Los consumidores no podemos pagar las cantidades que se están pagando por dichos test y, además, que paguemos también por la gestión de enviar los resultados a la Conselleria».
