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La limpieza de colegios de Alicante atrae a las empresas: ocho propuestas para un contrato de 45 millones

El servicio se presta hace dos años fuera de contrato, tras dos intentos frustrados de regularizarlo - Entre las candidatas, la actual adjudicataria y la nueva responsable de las zonas verdes de la ciudad

Limpieza en un centro educativo, en imagen de archivo

Ocho empresas aspiran al contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales. Así se ha revelado este miércoles en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, con motivo del primer sobre de una licitación que ha sufrido numerosos contratiempos. De hecho, el servicio se presta fuera de contrato desde hace casi dos años. Además, la controvertida gestión llevó a crear una comisión de investigación municipal, que concluyó incumplimientos en la prestación del servicio durante la actual adjudicación, en manos de una UTE formada por Clece y Fissa.

Entre las ocho licitadoras candidatas a conseguir un contrato por cuatro años con un presupuesto total que supera los 45 millones de euros figuran la actual concesionaria, además de la empresa encargada desde hace un año del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Alicante, STV Gestión. También se incluyen Grupo NET (con sede en Elche), OHL Servicios, Sacyr, Samyl, Eulen y Optima Facility.

La apertura de las ofertas económicas se espera para finales de este mes de enero.

El pasado mes de noviembre se reactivó el proceso de contratación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, que lleva sin contrato en vigor desde febrero de 2020. Esta nueva tentativa incluye un incremento presupuestario de unos 340.000 euros, al pasar de 45,41 a 45,75 millones de euros, tras aceptar el recurso presentado por Comisiones Obreras, que obligó a retrotraer el procedimiento a la casilla de inicio.

El primer intento se inició en agosto de 2020, con un presupuesto inicial de 37,87 millones. Sin embargo, en septiembre, se paralizó tras la presentación de tres recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. La segunda tentativa se licitó en junio de 2021, pero también se tuvo que paralizar por dos recursos más presentados, uno de ellos del PSOE, que fue inadmitido. El gobierno local acabó por aceptar la propuesta de Comisiones Obreras, tras «constatarse la existencia de un error material en la relación de personal subrogable facilitada por la UTE contratista originaria del servicio, que a su vez también contó con el aval del tribunal, lo que ha llevado a iniciar un tercer procedimiento para la regularización de un servicio que se lleva prestando fuera de contrato desde febrero de 2020, hace casi dos años.

Retrotraer la licitación al punto de salida es una práctica nada nueva en un servicio «maldito» en los últimos años en Alicante. De hecho, el tripartito, en 2016, también paralizó un proceso de licitación, en este caso para intentar incluir cláusulas sociales, entre críticas de la entonces oposición (PP y Cs) por retrasar la adjudicación. En aquella época, una empresa de Enrique Ortiz estuvo hasta veinte meses prestando el servicio fuera de contrato, hasta que a principios de 2017 decidió renunciar. Ahora, es la UTE formada por Clece y Fissa la que presta el servicio fuera de contrato desde hace 23 meses, y aún pasará alguno más hasta que se regularice el servicio con la nueva adjudicación.

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