Los metadatos fueron protagonistas este martes de buena parte de la segunda sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Alicante por supuestas componendas entre un técnico municipal ya jubilado, José Lidón, y dos empresarios, Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez, en las adjudicaciones de obras del plan E que, según Anticorrupción, habrían provocado un quebranto a las arcas municipales de 1,2 millones.
Un asunto que explotó en julio de 2011y en el que también está acusado el exvicealcalde Andrés Llorens, hombre fuerte en los gobiernos municipales de Sonia Castedo y quien ha declarado ante el tribunal que confiaba plenamente en los técnicos y que él ordenaba que se hicieran las obras, pero no cómo hacerlas porque no estaba capacitado para ello.
Pero fueron los metadatos de los PDF de varios de estos proyectos que conducían hasta el ordenador de Valdivieso, apoderado de Becsa, una de las adjudicatarias, los que han generado las únicas preguntas que ha formulado el tribunal y los que despertaron las sospechas de la Policía. Así lo explicó ayer el inspector que dirigió la investigación en una declaración tensa que obligó al fiscal Felipe Briones a recordar a las defensas que los responsables de la instrucción judicial son el juez, la acusación pública y hasta los propios abogados de los investigados, no los agentes que indagan el caso hasta su judicialización. El inspector relató que los referidos metadatos, que se repetían en varios PDF generados en tres días distintos en el ordenador de Valdivieso, les llevaron a concluir que la empresa que después resultó adjudicataria había redactado previamente los proyectos.
El funcionario destacó también la trayectoria de CCMS, la mercantil con la que Becsa subcontrataba las obras y con la que el técnico tenía vinculaciones personales (varios familiares habían trabajado ahí). Relaciones que los investigadores sospechaban que iban más allá, pero que no pudieron probar, según admitió el inspector.
La empresa, creada en 2006 y con una dependencia casi exclusiva de las obras municipales, pasó en tres años de 6 a 61 empleados y facturó tres millones en este periodo de tiempo. «Documentalmente no hay nada que diga que Lidón era el dueño de CCMS, pero está claro que existía una connivencia con su responsable, Javier Álvarez, y que el técnico velaba por los intereses de la empresa por encima de los del Ayuntamiento», concretó el funcionario policial. Los informes patrimoniales de los acusados no desvelaron ingresos injustificados.
Valdivieso, por su parte, negó que hubiera redactado esos proyectos, atribuyó la presencia de sus metadatos a que Lidón le pidió el ordenador para compilar varios ficheros en un PDF y aseguró que jamás se había reunido con ningún político del Ayuntamiento de Alicante. El fiscal le apuntó que de las 23 empresas que optaban a las obras, en el registro de la casa de Lidón sólo se encontraron documentos de Becsa.
Otra de las declaraciones más esperadas de esta segunda sesión era la de José Felipe Llorens, hermano del exvicealcalde, quien trabajaba en la empresa a la que compró contenedores soterrados una de las adjudicatarias bajo sospecha y de la que además cobró 18.000 euros en concepto de un asesoramiento en la instalación de la que no existe prueba documental, según admitió él mismo.
En contra de lo que el expolítico del PP había declarado unas horas antes afirmando que desconocía que su hermano trabajara en una mercantil de contenedores, pero que le daba igual porque, en cualquier caso, no había sido la adjudicataria de ningún proyecto municipal, José Felipe aseguró que el exvicealcalde sí que era conocedor de donde estaba empleado, pero concretó que apenas se veían en esa época y negó que tuviera intereses económicos con su hermano más allá de la herencia familiar.
A lo largo de esta sesión, que ocupó toda la jornada, también se escuchó el testimonio de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal, quien con su denuncia dio origen a este proceso en el que ahora ejerce la acusación popular a título personal. La excompañera de Corporación de Llorens relató que la primera alerta sobre este asunto llegó a través de un correo anónimo donde indicaban que Lidón había creado una empresa con una persona interpuesta para optar a obras menores y que una vez que Llorens le facilitó los proyectos y vio en varios el nombre de Valdivieso lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
El extraño caso de la empresa de cartelería que vendía contenedores
Una de las declaraciones más cortas pero clarificadoras de esta segunda sesión fue la de José Luis Pomata, responsable de la empresa de cartelería Cartel 21 a la que mercantil en la que trabajaba el hermano de Andrés Llorens vendió tres contenedores para que esta a su vez se los vendiera a Becsa, una de las adjudicatarias bajo sospecha. Pomata explicó que nunca vio los equipos, que los compró porque sabía que inmediatamente los iba vender, que desconocía el destino y que lo hizo porque obtuvo una comisión de 15.000 euros por cada uno. Anticorrupción sostiene que esta operativa se hizo para ocultar la relación del hermano de Llorens con la contratista tras la polémica por la primera tanda de contenedores.
