El barrio de Carolinas se ha movilizado para tratar de impedir que tres familias, entre las que figura una madre soltera con dos hijos, tengan que abandonar el próximo lunes sus viviendas si se practica el desahucio reclamado en un juzgado de Alicante por la Sareb, el banco creado hace ya casi diez para gestionar la ruina inmobiliaria provocada por la crisis de 2008. Tres familias que, según los convocantes, pagaban sin falta el alquiler a la promotora dueña de los pisos que los explotaba en régimen de alquiler, pero cuyas viviendas pasaron ser propiedad del «banco malo».
La entidad no quiere negociar y la amenaza de que las familias se queden en la calle está ahí. El barrio está sembrado de carteles convocando a una concentración el lunes frente al portal del inmueble en la calle Elda. De las cinco viviendas del edificio que la entidad público-privada quiere desahuciar, tres se encuentran habitadas por familias que han sido, según, el Sindicat de Barrio de Carolines, «estafadas», porque, según los denunciantes, los afectados han pagado sus alquileres en todo momento.
Tras la quiebra de la antigua propietaria, la Sareb adquirió las viviendas y se ha negado a ofrecer nuevos contratos. Desde el Sindicat de Barri de Carolines, organización que trabaja por defender el derecho a la vivienda y frenar los procesos de desahucio de los vecinos del barrio, denuncian que estas viviendas deberían ser públicas, puesto que «la Sareb es una maniobra de rescate con fondos públicos de los activos inmobiliarios a los que los bancos no pudieron dar salida en la anterior crisis. En lugar de dirigir la inversión pública ya realizada a ofrecer alquileres sociales y nacionalizarla, la Sareb actúa como un intermediario que favorece los intereses privados de bancos y fondos de inversión frente a nuestros derechos», aseguran. Por eso han hecho suyo el lema que han popularizado otros sindicatos de barrio y colectivos de vivienda: «la Sareb és nostra». Los vecinos del Sindicat llevan varias semanas organizando pegadas de carteles en el barrio y reuniones con las familias, que han visibilizado su malestar descolgando pancartas en los balcones de las viviendas afectadas. Ahora exigen al Gobierno que «deje de llenarse la boca con palabras vacías y paralice los desahucios», y aseguran que no van a parar hasta que la Sareb renueve los contratos de alquiler. Aunque su intención, dicen, es que la Generalitat ejerza el derecho de tanteo y retracto en la compra de las propiedades y ofrezca un alquiler asequible a todas las familias.
En la ciudad de Alicante el problema de la vivienda sigue siendo acuciante y se arrastra desde la crisis de 2008, cuando cientos de familias perdieron sus viviendas por no poder pagarlas, sin que se le hayan dado soluciones desde entonces. El parque de vivienda pública sigue siendo muy escaso y muchas casas propiedad de los bancos permanecen vacías, u ocupadas de manera irregular por familias que no tienen otra alternativa de vivienda. De los tres casos de Carolinas Bajas, uno de los desahucios no debiera ejecutarse por afectar a una madre soltera con hijos a su cargo, pero para ello sería necesario un informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
