El comentario de una de las magistradas que forman el tribunal que está juzgando supuestas ilegalidades en la adjudicación por el Ayuntamiento de Alicante de varias obras del Plan E provocó este viernes el momento de mayor tensión desde que el martes comenzó a juzgarse el caso. Un proceso en el que están acusados de prevaricación, además del exvicealcalde del PP Andrés Llorens, el técnico municipal jubilado José Lidón y los empresarios Javier Álvarez y Juan Manuel Valdivieso.
Ocurrió cuando quedaba poco para que concluyera la sesión mientras el fiscal Anticorrupción Pablo Romero estaba preguntando al máximo responsable técnico de la concejalía de Infraestructuras (antes Atención Urbana) sobre si se había percatado de la presencia de los metadatos del ordenador de Valdivieso, apoderado de unas de las empresas que optaban a las obras (Becsa), en varios proyectos municipales que aún no eran público. Una de las pruebas en que se apoyan las acusaciones para sostener que había connivencia entre el funcionario y los empresarios.
Fue entonces cuando la magistrada Montserrat Navarro intervino para apuntar que «eso no estaba tan claro» cuando de la presencia de los citados metadatos en los documentos no hay dudas por el rastro que dejan. Cuestión aparte es que de ahí se pueda inferir que los proyectos los redactó Valdivieso, como afirma la acusación pública y la popular.
Fue ese el momento en el que el otro fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que estaba sentado al lado de su compañero, increpó a la magistrada preguntándole que qué era lo que no le había quedado claro. «¿Está usted prejuzgando? ¿Por qué dice que no le ha quedado claro?», volvió a insistir Briones airado ante la mirada atónita de la juez, quien también el lunes había interrumpido la declaración del inspector que dirigió la investigación precisamente en este punto de los metadatos.
«No ha sido un expresión afortunada», acertó a decir Navarro a modo de disculpa continuando Romero con el interrogatorio en el que el jefe de servicio de la concejalía admitió que no había reparado en el citado rastro que el ordenador del apoderado de Becsa había dejado en los proyectos. El funcionario había sido citado como testigo por la mercantil como autor de un informe encargado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento donde concluía que todo se hizo correctamente. «No hubo perjuicio ni en la adjudicación ni en las ejecución», aseveró.
A preguntas del fiscal concretó que el que una empresa redacte un proyecto y luego se presente a él «no significa que sea un traje a medida». Y a la de la defensa de Llorens, que los concejales no intervienen en la parte técnica porque no tienen capacidad.
También declaró el delegado de Becsa en Castellón, quien dijo que no era habitual que la empresa tuviera los proyectos antes de que salieran a concurso. El lunes es el turno de los peritos.
