Segundo revés judicial en una semana para la administración autonómica. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha dado la razón al Colegio de Médicos de Alicante y ha condenado a la Generalitat Valenciana por el retraso con el que fueron vacunados los médicos que trabajan en clínicas y centros privados de la provincia. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, declara la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajan en la sanidad privada y hace responsable de esta vulneración la Generalidad Valenciana, “con su inactividad consistente en no vacunarles, en clara discriminación con el personal de la sanidad privada”.

El fallo declara el derecho del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Alicante a ser indemnizado por la administración autonómica, en concepto de daños morales, con una cuantía de 10.000 €. La Generalitat también tendrá que pagar las costas del proceso judicial.

En su argumentación, el juez recuerda que el Ministerio de Sanidad, cuando elaboró la primera estrategia de vacunación, marcó como los tres grupos prioritarios a vacunar a los ancianos y trabajadores de las residencias, al personal sanitario de primera línea y al resto del personal sanitario. La diferencia entre el personal de la pública y la privada a la hora de recibir la vacuna, “la creó artificialmente la Generalidad Valenciana desde el momento en que (voluntaria o involuntariamente) acordó no vacunar a los sanitarios que trabajaban en la sanidad privada, abandonándolos a su suerte”.

La sentencia prosigue explicando que el trato por parte de la Administración autonómica valenciana “debió ser el exactamente mismo para el personal sanitario que ejercía en la sanidad pública como el para el que se encontraba ejerciendo sus funciones en la sanidad privada. Máxime cuando en la vacunación del primer grupo (residentes y personal sanitario en residencias de ancianos) no se distinguió entre aquellas residencias pertenecientes al sector público y las integradas por el sector privado”.

Además, añade, “era perfectamente fácil y factible que el personal sanitario privado hubiera sido vacunado junto al personal sanitario público, bien por la propia Administración autonómica o y demandada, bien remitiendo lotes de vacuna a los centros sanitarios privados (hospitales, mutuas, policlínicas, a los propios colegios profesionales en materia sanitaria…)”.

La sentencia contiene argumentaciones muy duras hacia la administración autonómica en el trato recibido por los médicos de la privada. “Fueron pura y simplemente ignorados por la administración autonómica, como si no existiesen. No es que hubiera una priorización del personal de la sanidad pública; es que hubo una exclusión inexplicable del personal de la sanidad privada; sobre todo porque la normativa aplicable nunca contempló esta distinción”.

Para justificar que las vacunas no llegasen a los médicos de la privada, la Generalitat alegó falta de dosis, algo con lo que también discrepa el juez. “Es absolutamente inasumible que a fecha 4 de febrero de 2021 la Comunidad Valenciana hubiera recibido 182,690 dosis de vacuna y ni una sola de las mismas fuese a parar a los sanitarios del ámbito privado”.

Este fallo judicial se suma al emitido por otro juzgado de Alicante condenando a la Conselleria de Sanidad por la falta de protección con la que trabajaron los sanitarios en la primera ola. Sanidad tendrá que indemnizar a 154 médicos de la provincia con cuantías de hasta 49.000 euros en función de la gravedad de las consecuencias de haber trabajado sin estas medidas.