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El ponente de la sentencia del plan E pide a las acusaciones que «concreten los actos ilegales»

La solicitud de precisión del magistrado se produce cuando ya se han celebrado seis sesiones del juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de varias obras municipales en Alicante y únicamente faltan los informes

Panorámica de la sala de vistas con los acusados en primer plano a la derecha, los fiscales a continuación, el tribunal al fondo y las defensas a la izquierda. | HÉCTOR FUENTES

El ponente del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Alicante por supuestas irregularidades en la adjudicación de varias obras municipales del plan E ha pedido a las acusaciones que «concreten los actos ilegales» que atribuyen a los acusados.

No es lo único que ha reclamado José María Merlos, uno de los tres miembros del tribunal, cuando ya se han celebrado seis sesiones de una vista oral que está solo a falta de los informes finales. El magistrado ha reclamado también a los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero y a la acusación popular, que ejerce la letrada Lourdes Perpiñán en nombre de la exedil socialista Carmen Sández Brufal, que precisen en qué pudo influir en las contratas presuntamente ilegales el que aparecieran los metadatos del ordenador del apoderado de una de las mercantiles que después resultó adjudicataria en documentos de varios de los proyectos municipales que aún no eran públicos.

Ambas peticiones las planteó el magistrado este lunes al término de la audición de las intervenciones telefónicas que habían seleccionado las partes y en las que, al margen de lo que el tribunal considere probado, se aprecia una incuestionable camaradería entre el técnico municipal ya jubilado José Lidón, acusado por estos hechos, y los empresarios que le acompañan en el banquillo, Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez, de Becsa y CCMS, respectivamente. Mucha más sintonía, al menos en los extractos escuchados ayer en sala, que con el entonces responsable político del área, el hombre fuerte en los mandatos de Sonia Castedo y entonces edil de Atención Urbana y vicealcalde, Andrés Llorens. Los cuatro se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por un delito de prevaricación: el exfuncionario y el expolítico como autores y los empresarios, como cooperadores necesarios.

Además de la petición de precisión del magistrado Merlos, la sesión de este lunes se ha consumido con las testificales de los peritos. Entre ellos los que analizaron el papel del hermano del exconcejal en estos hechos, quien llegó a cobrar 18.000 euros en concepto de asesoramiento en la instalación de contenedores soterrados cuando la empresa a la que se había contratada para ello ya lo ofrecía.

El perito de la acusación popular aseguró que en la factura que se cursó a nombre del hermano de Llorens figuraba que era en concepto de asesoramiento «pero no se especificaban las horas ni los servicios». Y agregó que, según sus cálculos, la remuneración por esa tarea se situaría en torno a los 5.000 euros y no los 18.000 que percibió de CCMS. Una versión diamentralmente opuesta a la que ofreció al tribunal el profesional contratado por Llorens, para quien el papel del hermano del expolítico fue básico y quien restó importancia al hecho de que careciera de titulación «porque daba la impresión de que controlaba el tema».

Otro perito que testificó a instancias de Valdivieso quitó valor a que se compraran contenedores soterrados de una marca de alta calidad y luego buena parte de los que se instalaron fueran de otra inferior «porque eran de similares características», dijo.

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