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Cáritas, contra la ordenanza de mendicidad: «Se centra en sancionar a vulnerables»

La entidad social, dependiente de la Iglesia, anuncia trece alegaciones al documento, aprobado inicialmente con los apoyos del bipartito y Vox

Una persona pide ayuda en una céntrica calle de Alicante Áxel Álvarez

Cáritas Diocesana, la entidad social dependiente de la Iglesia, no quiere en Alicante una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que se limite a recoge sanciones, de hasta 3.000 euros, y no incluya ningún tipo de medida social hacia los más vulnerables de la sociedad. En un intento de mejorar ese documento, aprobado inicialmente en el Pleno con los votos a favor de los socios del bipartito (PP y Cs) y de Vox, la entidad ha registrado trece alegaciones, según señalaron. «Desde que conocimos la propuesta de texto, Cáritas ha estado preocupada por la repercusión que puedan algunos artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual, considerando puntos de su articulado lejanos, incluso contrarios, a las políticas sociales puestas en marcha por las administraciones», explicaron desde la entidad, que considera «que algunos puntos se centran más en la imposición de sanciones como solución a la realidad de las personas sin hogar y las mujeres que ejercen la prostitución que en la búsqueda de soluciones a las situaciones de las personas».

Tal como aseguran que recoge el documento de alegaciones, la organización ve «fundamental» la prevención y la «no promoción de la criminalización de la pobreza en el espacio público». El espacio público, según la entidad social, «debe ser un lugar de todas las personas, incluso de aquellas a las que se trata de invisibilizar o expulsar por su realidad de pobreza, exclusión o desigualdad».

En base a ello, Cáritas ha registrado trece alegaciones al articulado del texto, «tanto de supresión, como de modificación e innovación, desde una visión de la no discriminación, protección e inclusión de todas las personas que residen» en Alicante. «Las propuestas realizadas tienen como fin último el reconocimiento de los derechos de todas las personas, derechos inherentes a las mismas con independencia de su situación personal», según la entidad, que defiende que «no tiene sentido penalizar a través de una ordenanza municipal cuestiones que ya vienen sancionadas por la normativa civil y penal». 

Con el objetivo de «explicar el espíritu, contexto y contenido de las alegaciones», desde Cáritas Diocesana pretenden acercar su propuesta a los socios del equipo de gobierno municipal. Para ello, según añaden, tienen previsto solicitar reuniones en los «próximos días». Además, desde Cáritas anunciaron que defenderán ante PP y Ciudadanos «la necesidad de contar en Alicante con un plan especial de protección de las personas vulnerables del municipio para dar respuesta a las realidades de exclusión que se encuentran en las calles».

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