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El colapso de Acción Social en Alicante se agrava: más de 2.500 expedientes sin resolver

La concejalía acumula unas 1.600 tramitaciones de la dependencia pendientes de valoración y 900 relativas a la Renta de Inclusión - Sigue sin solucionar la contratación del centenar de trabajadores cuyos contratos terminaron en diciembre

Usuarios de servicios del centro social de Gastón Castelló, en la Zona Norte de la ciudad de Alicante, en una imagen reciente. | ALEX DOMÍNGUEZ

El colapso en la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento no deja de agravarse con el paso de los días, tal y como constatan los contados funcionarios con los que cuenta el área después de la salida, a final de año, de un centenar de trabajadores cuyos contratos finalizaron ante la incapacidad mostrada por el bipartito de Alicante de dar solución a un problema que no se reproduce en otros municipios de la Comunidad, como València o Elche.

La firma del Contrato Programa entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Políticas Inclusivas no fue suficiente en la ciudad de Alicante para dar la anunciada estabilidad a la plantilla de trabajadores sociales en un tiempo marcado por el incremento de la vulnerabilidad por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia.

Así, según datos oficiales, la Concejalía de Acción Social acumula más de 2.500 expedientes en los cajones, ante la imposibilidad de ir al día por la falta de personal en un área, además, cuestionada por la gestión de su máxima responsable, la popular Julia Llopis. En la actualidad, según las cifras oficiales a las que ha tenido acceso este diario, existen 1.672 expedientes de dependencia pendientes de valoración y 909 expedientes a la espera de resolver relativos a la Renta Valenciana de Inclusión. Es decir, casi 2.600 familias a la espera de que la tramitación continúe para recibir ayudas.

Este colapso en la gestión de los expedientes en la Concejalía de Acción Social se evidencia también en las interminables listas de espera que ya deben guardar las personas que necesitan ser atendidas, en ocasiones simplemente para una primera cita para evaluar cada caso. Según fuentes internas, la espera ya se alarga hasta agosto en los centros sociales de la ciudad más saturados, como pueden ser los que dan servicio a los barrios de la Zona Norte. Esta espera, según las mismas fuentes, suelen ser para la tramitación de ayudas económicas para familias con necesidades. Las listas de espera para atender a mayores están ahora por abril, tal y como explican las mismas fuentes, que añaden que cada centro social tiene una gestión propia, por lo que hay instalaciones municipales que han decidido no dar cita para fechas tan lejanas, apostando por apuntar a los solicitantes en un listado, para llamarles según vayan a poder ser atendidos por los profesionales.

Estos retrasos, según explican fuentes internas de la concejalía, no harán más que ir a peor si no llega cuanto antes el centenar de trabajadores que dejaron su puesto en el Ayuntamiento el pasado 31 de diciembre. En esa fecha, se extinguieron los contratos anuales firmados, que no pudieron renovarse casi de manera automática ya que el bipartito no realizó ningún ajuste a tiempo en el Presupuesto de 2021, prorrogado ante el retraso en la aprobación de unas cuentas de 2022 que todavía siguen sin pasar ni siquiera por la Junta de Gobierno local.

Hace ya casi dos semanas, el portavoz del gobierno local, Antonio Manresa (Ciudadanos), aseguró que en «breve» se resolvería la contratación del centenar de trabajadores de la Concejalía de Acción Social. «Está en vías de solución. No podemos dar fecha. Pero en muy breve plazo se va a solucionar el tema», apuntó Manresa durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Por ahora, sin novedad. Fuentes municipales calcularon incluso que las contrataciones podrían llevarse a cabo antes de que terminase este enero, sin tener que esperar finalmente a la aprobación del Presupuesto, que no se prevé en vigor para antes de marzo. La primera semana del año, el alcalde, Luis Barcala (PP), se mostró optimista con la actitud del área de Intervención, estimando incluso que podría desbloquearse en esas fechas. La realidad a día de hoy es que, según el bipartito, todavía no se ha resuelto el trámite del Presupuesto en Intervención, donde el documento económico lleva ya un mes, aunque inicialmente se preveía que estuviera diez días hábiles.

El Síndic apremia una respuesta urgente al caso de una madre

El Síndic de Greuges vuelve a alertar de los sistemáticos incumplimientos que hace el Ayuntamiento de Alicante. En una reciente resolución, el Defensor del Pueblo valenciano apremia al bipartito a que tramite con «urgencia» el expediente de vulnerabilidad solicitado hace «meses» por una mujer, madre de tres hijos, en riesgo de desahucio. Además, el Síndic recomienda al gobierno que «revise el procedimiento técnico implantado en la atención ciudadana en los servicios sociales para lograr una atención rápida y eficaz». El Ayuntamiento ni siquiera respondió a las peticiones del Síndic.

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