La controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de la ciudad de Alicante, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica, llega a las Cortes Valencianas de manos de Unides Podem, que ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en busca de que el Parlamento valenciano, con mayoría de la izquierda, condene «cualquier acto administrativo que criminalice a las mujeres prostituidas o el ejercicio de la mendicidad en cualquier municipio, comarca, provincia o autonomía».
Aunque es una propuesta generalista, la iniciativa va directamente contra la ordenanza impulsada por el gobierno del bipartito de PP y Cs en Alicante, que contó con el necesario aval plenario de Vox para su aprobación inicial el pasado noviembre. En la propuesta de resolución, también se incluye que las Cortes instarán al Consell a «realizar las gestiones necesarias con las instituciones implicadas que facilitan estas ordenanzas para evitar la estigmatización, la exclusión, la desigualdad y la criminalización de la pobreza de las personas que son víctimas y que profundizan en una mayor marginalidad». Además, en caso de aprobarse, las Cortes emplazarán al Botànic a llevar a cabo «campañas de sensibilización para evitar la violación de los derechos humanos más básicos y para proteger y garantizar la inclusión de todas las personas».
El documento municipal, que está ahora en fase de alegaciones hasta este miércoles, recoge multas máximas de 3.000 euros, mientras que excluye, por el momento, todo tipo de intervención social municipal. Desde Ciudadanos, tras idas y venidas, registraron alegaciones para hacer «más social» el texto. También lo han hecho desde el PSOE y desde Unidas Podemos prevén realizarlo antes de que se cumpla el plazo. No se prevén propuestas de Vox, que comparte la redacción, ni desde Compromís, que reclaman la retirada total del texto. También han registrado alegaciones desde Esquerra Unida.
