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La Policía sitúa a Ripoll en el epicentro de la trama del plan Zonal de la Vega Baja

Un investigador atribuye al expresidente de la Diputación un papel de mediador para que Ortiz, como adjudicatario del macrovertedero, compensara a Fenoll comprándole el terreno para instalarlo

Ripoll (i) junto a los Fenoll (detrás) y Ortiz (d) en una de las sesiones del juicio. | ANTONIO AMORÓS

El jefe del grupo de blanqueo de capitales de la UDEF Central cuando se estaba investigando el caso Brugal considera que el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ejercía un papel de mediador entre los intereses de Enrique Ortiz, quien con la ute que había constituido con Cespa había conseguido la contrata del macrovertedero, y los de Ángel Fenoll, el empresario de Orihuela afín al PP cuya propuesta había sido rechazada pero a quien el expolítico popular quería que se compensara tras quedarse fuera del negocio de las basuras. ¿Cómo? Con la compra por parte de Ortiz de unos terrenos para instalar la planta que el oriolano había adquirido poco antes supuestamente por 424.000 euros y que pretendía vender por más de 9 millones.

Así lo ha explicado este martes el investigador ante el tribunal de la sección de la Audiencia de Alicante con sede en Elche que está juzgado estos hechos en una sesión más corta de lo habitual al tener que suspenderse al filo del mediodía por indisposición de una de los miembros de la sala.

«Una obligación»

A preguntas del fiscal Pablo Romero, porque no dio tiempo a más, el policía calificó la adquisición de esa finca de «obligación» para Ortiz (incluso se localizó un documento con una promesa de compra) y destacó el interés de Ripoll en el éxito de esta operación. Momento en el que por primera vez desde que se reanudó la vista la semana pasada con la declaración de los acusados se escuchó hablar en la sala de los dos pisos que los investigadores y la acusación pública mantienen que se iban a regalar al expresidente provincial del PP como pago por sus gestiones. Se hablaba de los pisos o de un millón, que presuntamente era su contravalor.

El inspector se refirió también a la invitación de Ortiz a Ripoll en la Feria de Sevilla y a las tres ocasiones en que el expolítico popular estuvo a bordo de embarcaciones del promotor. «Ortiz no quería comprarle el suelo a Fenoll y con el acercamiento a Ripoll buscaba que la presión para que lo hiciera disminuyera», concretó.

El agente habló también de la existencia de contactos entre Fenoll y los también acusados Rafael Gregory (amigo del empresario y de Ripoll) y Vicente Gomis y de los intentos para influir en el entonces diputado socialista Antonio Amorós para que el oriolano consiguiera el concurso, lo que no ocurrió.

En el apartado de la documentación localizada en las oficinas de Ortiz, el inspector citó el borrador de una carta donde se sugiere un cambio de ubicación del macrovertedero, un mail donde se pide un plazo para ofertar la variación y la propuesta presentada con una rapidez increíble al día siguiente.

El inspector tendrá que comparecer de nuevo ante el tribunal para responder como testigo a las defensas, que este martes no han podido preguntar, y como perito en aquellos informes en los que así haya sido citado, como el que se realizó sobre el patrimonio de Ripoll y su familia.

Los interrogatorios continúan hoy, salvo imprevistos, con más agentes.

Ausencias: Desbandada en el banquillo

Menos de la mitad de los trece acusados en el proceso por el macrovertedero de la Vega Baja ocupaban este martes su lugar en el banquillo. Entre los que estaban, los dos Fenoll (padre e hijo), José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortíz y Rafael Gregory. El resto tienen autorización para ausentarse tras haberlo solicitado así sus abogados.

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