La Diócesis Orihuela-Alicante defiende la legalidad de las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia en su demarcación, mediante un comunicado en el que afirma que las incidencias sobre propiedades en la provincia (hay varias más en la zona del Alcoià y en la Marina Alta, que pertenecen al Arzobispado de Valencia) "no afectan de ningún modo" a la titularidad legal de las citadas posesiones.
Este es el comunicado íntegro:
En relación a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación en los últimos días sobre el Estudio de la Conferencia Episcopal Española sobre los procesos de inmatriculación queremos esclarecer los datos referentes a la Diócesis de Orihuela-Alicante:
El pasado lunes 24 de enero de 2022 la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo público un estudio con el análisis que ha realizado la Iglesia sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998-2015 que el Gobierno de España entregó al Congreso de los Diputados el 16 de febrero de 2021. Tras este estudio, y la entrega del mismo -en el marco de la reunión celebrada entre monseñor Juan José Omella, presidente de la Conferencia y Episcopal; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España-, la CEE ha informado al Gobierno de aproximadamente un millar de errores en el listado elaborado por el Gobierno.
El informe de la CEE ha sido elaborado a través de consultas oportunas y en contacto permanente con las diócesis, y en el contexto del diálogo con el Gobierno. Ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes mencionados. De este informe no se puede extraer que la Iglesia se vea obligada a devolver algo que tiene y no es suyo, o a devolver bienes de los que se haya apropiado de manera indebida.
En lo referente a la docena de incidencias que en dicho informe aparecen en relación a la Diócesis de Orihuela-Alicante queremos aclarar y matizar que son en su mayoría errores que no afectan de ningún modo a la titularidad legal de dichas propiedades por parte de esta iglesia diocesana, por lo que no se trata de bienes inmuebles ni propiedades que se deban devolver.
En primer lugar, una serie de bienes inmuebles de los cuales a la Diócesis le falta información para poder ubicarlos geográficamente. Se deduce por tanto, que no están en situación de irregularidad, sino que la carencia de información sobre el bien impide la búsqueda del mismo. Dada la dificultad mencionada de situarlos dentro del municipio, se está llevando a cabo una labor de búsqueda en los archivos de la Diócesis y de las parroquias, además de solicitar nueva información a los Registros de la Propiedad con la finalidad de que puedan facilitarnos los datos necesarios para su localización. Se encuentran en esta situación un supuesto colegio e iglesia en Callosa de Segura, un par de terrenos y un templo en Elche, un inmueble en Novelda y un patio parroquial en Sax.
En segundo lugar, en el caso de la ermita del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el camino de Beniel (Orihuela), cuya propiedad por parte de la Iglesia de Orihuela-Alicante se ha puesto en tela de juicio desde diversos medios de comunicación, queremos manifestar que no hay ninguna duda sobre la misma. Se inmatriculó por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en fecha 23 de junio de 1998. Posteriormente la Diócesis, detectándose un error en la inmatriculación, procedió a elevar a público la Escritura de Compraventa ante Notario en fecha 24 de abril de 2001, cumpliendo la legislación vigente, siendo a día de hoy el titular la parroquia Santa Justa y Rufina de Orihuela.
Por último, el resto de errores que aparecen en el informe son incidencias que nada tienen que ver con irregularidades en cuanto a propiedades de la Iglesia de Orihuela-Alicante. Son casos a los que se hace mención por aparecer duplicados en el listado que el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el pasado febrero de 2021 (Iglesia parroquial de Alfaz del Pi) o por estar inmatriculados en fechas diferentes al periodo entre 1998-2015, del que trata el Informe (Casa parroquial Alfaz del Pi y Cementerio parroquial de Torremanzanas), o por adquisiciones diferentes a la certificación (permutas, donaciones, herencias…).
Queremos manifestar igualmente que, una vez conocido este informe de la Conferencia Episcopal Española, desde las instancias diocesanas pertinentes se continuará revisando cada uno de los casos para subsanar los errores detectados y completar los datos que faltan.
Una vez más queremos recordar la legalidad de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia. La propia vicepresidenta primera del Gobierno, Dña. Carmen Calvo, subrayaba en el Consejo de Ministros del 16 de febrero de 2021 en el que se hacía público el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia que “las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal”. Es decir, el Gobierno reconocía que la Iglesia ha inmatriculado sus bienes conforme a la legalidad. El Secretario General de la CEE, monseñor. Luis Argüello, ese mismo día se sentía agradecido por el “reconocimiento que se hace en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador” y precisaba que la Iglesia “no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo [...] Por eso si alguien viniese con mejor derecho y pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide”.
