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Los desahucios en la provincia se duplican en un año por los impagos de alquileres

Las entidades sociales alertan de que el encarecimiento en un 65% de las rentas dispara los desalojos por arrendamiento frente a los hipotecarios - En los nueve primeros meses de 2021 hubo más de 2.000 lanzamientos

Tres familias afectadas por desahucios paralizados en el barrio alicantino de Carolinas. | DAVID REVENGA

El encarecimiento de los alquileres está detrás del «sorpasso» en la provincia de los desahucios por impago de alquileres a los hipotecarios. Así lo denuncian las entidades sociales que intentan frenar los desalojos por orden judicial, que sufren una escalada en las últimas semanas, con una advertencia: el agravamiento de esta situación que prevén en los próximos meses a causa de la reestructuración del mercado inmobiliario. Los lanzamientos (procedimiento judicial que obliga al ocupante de una vivienda a abandonarla) se han duplicado en la provincia en un año por los impagos de arrendamientos. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que recopila todas las actuaciones al respecto, entre enero y septiembre de 2021 se practicaron 2.207 desahucios por impago frente a los 1.265 del mismo periodo de 2020.

«La problemática actual está relacionada sobre todo con la subida media de los alquileres, que se han disparado, con un repunte del 65% en la Comunidad. Los reales decretos de emergencia por la pandemia van a desaparecer antes o después (expiran el 28 de febrero aunque se espera una nueva prórroga), y la gente, por la inflación y la pérdida del trabajo no tiene la capacidad de pagar un arrendamiento. En los próximos meses esta situación se agudizará si no hay medidas definitivas», afirma Borja García, miembro del Sindicat de Barri de Carolines en Alicante.

Este colectivo fue fundado en febrero de 2021 para atender la necesidad de alimentos derivada de la pandemia en un distrito de Alicante con gran cantidad de viviendas ocupadas, hacia lo que ha dirigido ahora su acción, extendiéndola a otras zonas de la ciudad. Cuando se prevé un desahucio, convocan a los vecindarios y a la ciudadanía a una protesta sindicada, «de pancarta, cartel y agitación en la calle, como forma de manifestación de la clase obrera y herramienta de negociación colectiva. Generar conflicto en la calle es la única manera que tenemos de intentar acceder a negociaciones de alquileres sociales para que las familias puedan pagar», admite. Todos los desalojos en los que ha intervenido en las últimas dos semanas han sido paralizados y el 8 de febrero se movilizarán en otro.

Volviendo a las estadísticas, cerca del 60% de los desahucios que se practicaron en los nueve meses del pasado año de los que hay datos fueron por arrendamiento y el resto hipotecarios. En todo el año 2020 se realizaron 2.073 desahucios en la provincia. En tres primeros trimestres de 2021 (faltan por publicarse los datos de octubre a diciembre) se supera ya esa cifra pese al escudo social que desplegó el Gobierno cuando estalló la pandemia de coronavirus con la suspensión de los desahucios de sus viviendas de personas o familias afectadas por la crisis del covid. Eso sobre el papel porque los requisitos estrictos para acogerse a la paralización de un desalojo frenan en la práctica que los ciudadanos puedan beneficiarse de la moratoria en la provincia.

Tanto el Sindicat de Barri como Obra Social PAH Alicante reclaman a las administraciones que se responsabilicen y amplíen el parque público de vivienda social en la provincia. «Sabemos que hay familias que llevan dos y tres años esperando. Es agotador para ellas porque la burocratización es impresionante», señala García.

El Sindicat desarrolla intentos de negociación con las propiedades de la Sareb (banco malo, con casi la mitad de capital público) para intentar que las adquiera la Generalitat y las ofrezca en alquiler social; y también con las filiales de una entidad bancaria con viviendas en dación de pago para alquileres sociales que, explican, no se han renovado y han ido a fondos de inversión.

Por su parte, Celeste Doello, de Obra Social PAH, afirma que en la provincia las Administraciones no solo no sancionan a los bancos que acumulan pisos vacíos en lugar de cederlos a Generalitat o ayuntamientos para alquiler social, sino que tampoco controlan ni realizan seguimiento alguno de las personas que cobran renta de inclusión o salario mínimo frente a otras familias que no perciben nada. «Es una realidad paralela. El derecho es de todos pero debe estar regulado porque hay familias que no hacen nada por progresar y otras que necesitan una asistencia diferenciada y es complicado que salgan de la exclusión», señaló, afirmando que hay personas que «cuando las han desalojado de bloques que queríamos para alquiler social se han metido de okupas». «Para arreglarlo se necesita voluntad política. Hay una moratoria pendiente (de la norma que limita los desahucios) y una ley de vivienda y alquiler por aprobar pero no se ha hecho nada».

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