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El Gobierno tendrá que invertir mil millones de euros para pasar del trasvase del Tajo a las desaladoras

Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante alega que la conducción hidrológica costó 600 millones de euros y está prácticamente amortizada, generando riqueza para toda España

Imagen aérea de la desaladora de Torrevieja, cuya ampliación e interconexión con el resto de las plantas va a tener con coste millonario. | TONY SEVILLA

Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante sobre el trasvase Tajo-Segura revela que si se consuma la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de ir recortando los aportes de agua a Alicante y Murcia, y su sustitución por agua desalada hasta que llegue el día de su cierre, como aseguran los regantes, el coste para el Gobierno superará los 1.000 millones de euros, dinero necesario para ampliar e interconectar las desaladoras, instalar infraestructuras para utilizar energía fotovoltaica e, incluso, el pago de las posibles denuncias. En el estudio que firman los profesores Joaquín Melgarejo, Borja Montano y Marcos García-López, estos expertos analizan en profundidad la estructura tarifaria del agua del trasvase que, aplicados todos los costes, está en torno a los 0,27 euros/m³, en comparación con la desalada, que ya se paga a 1 euro/m³. Por ello, Joaquín Melgarejo, director del Instituto, apela al mantenimiento del trasvase, recuerda que la construcción de la infraestructura está prácticamente amortizada tras 42 años de uso y una inversión de 600 millones de euros, y asevera que el trasvase es, por lo tanto, la mejor opción técnica, económica y ambiental.

El informe subraya que en la situación actual, considerando el alto valor que se obtiene del agua en la zona receptora (Alicante y Murcia) y el coste de inversión que supondrían el resto de alternativas, así como otros problemas económicos y medioambientales que de ellas se derivarían, mantener el trasvase Tajo-Segura en funcionamiento es la opción más adecuada y sencilla. «Esto se debe principalmente a que la inversión y el impacto ambiental de la construcción ya se han producido y sería más adecuado rentabilizar ambos aspectos en lugar de generar nuevos costes económicos y daños ambientales», apuntan los profesores.

En cuanto a la desalación prevista, el director del Instituto, Joaquín Melgarejo, advierte de que «subir el agua desalada hasta Ojós representará una nueva hipoteca energética para Alicante y ya van más de tres: cambio de toma del Júcar-Vinalopó, sustitución del trasvase del Ebro y las elevaciones de los caudales por el cambio del Tajo-Segura por agua desalada».

El recorte de agua en el trasvase, por el previsto aumento del caudal ecológico y la modificación de las reglas de explotación amenazan, además, y según ha venido denunciando el Sindicato Central de Regantes, un volumen de negocio de 1.500 millones de euros, que es la aportación de la industria agroalimentaria del trasvase al PIB de la provincia, según el Sindicato de Regantes del Tajo-Segura. El PIB alicantino alcanza los 35.000 millones de euros, de los que un 4% (1.400 millones) corresponden a la agricultura. Si le restaran mil millones, el aporte se reduciría un 2,8% sobre ese 4%. Sesenta mil hectáreas de regadío distribuidas entre las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y l´Alacantí, cuyos productos, hortalizas y cítricos, tienen una gran aceptación en Europa, y contribuyeron, por ejemplo, a evitar desabastecimientos durante las semanas más duras del confinamiento. Una hectárea cultivada mantiene un empleo agrícola.

El valor económico de la producción agrícola es de 1.500 millones de euros al año, el 34% en la Vega Baja y el campo de Elche, pero los autores destacan que el agua es clave para sostener el turismo residencial. El impacto económico total anual es de 3.013 millones de euros. Y en cuanto a la huella de carbono, los regadíos evitan la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año. La sustitución del agua del trasvase del Tajo por agua desalada reduciría esta cifra a 700.000 toneladas.

El cierre deja sin enviar 54 hm³ de agua a Alicante y Murcia

El Gobierno tiene pendientes de trasvasar a Alicante, Murcia y Almería un total de 54 hm³ correspondientes a los 27 hm³ que restaban de suministrar cuando se cerró por obras la infraestructura a mediados del mes pasado, y otros 27 hm³ correspondientes a este febrero, al comprobar que la reserva de agua el martes, cuanto se toma la medida en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, obliga al trasvase máximo. El martes, en la cabecera había 633 hm³ efectivos de agua, mientras que el límite para que la reserva esté en Nivel 2 (envío completo) en febrero es de 597 hm³. El Ministerio tiene previsto terminar las obras de reparación la semana que viene.

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