Todos contentos en la bancada de la derecha. El PP de Luis Barcala conseguirá salvar su ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, tras incluir las principales alegaciones presentadas por Ciudadanos (abriendo la puerta a la intervención social y reduciendo las multas a las prostitutas), que a su vez consigue así hacer más social el controvertido texto que continúa, pese a esos retoques, contando con el apoyo determinante de Vox. Ese signo en el voto, clave para la ordenanza ante el rechazo en bloque de la izquierda, lo confirmó este viernes el portavoz de la formación ultra tras conocerse el informe técnico de la Concejalía de Seguridad, en manos del PP, que acepta cuatro de las seis propuestas de Cs (deja fuera dos de rango menor «por entender que no afectan sustancialmente al contenido de la ordenanza, siendo meras redacciones de estilo»), mientras que rechaza todas las demás alegaciones, incluyendo las políticas de los grupos del PSOE y de Unidas Podemos y las presentadas por entidades sociales, como Cáritas Diocesana, la Plataforma Feminista y Médicos del Mundo, entre otras.
Las iniciativas de Ciudadanos iban encaminadas en incluir cláusulas sociales en el documento, además de buscar no equiparar las multas a las mujeres prostituidas y a los hombres que solicitan los servicios. Así, la ordenanza recogerá, entre otras acciones, que el Ayuntamiento deberá adoptar «todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas en Alicante y para dotar a todos los ciudadanos de Alicante de una vivienda digna» y que los «agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad de los servicios de atención social a los que puedan acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas». Respecto a la prostitución, el Ayuntamiento «coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren en situación de prostitución en Alicante». Además, también habrá cambios en el apartado económico, ya que las sanciones a las mujeres prostituidas pasarán de ser consideradas leves (de 100 a 750 euros), mientras que seguirán como graves la petición de los servicios (de 750,01 a 1.500 euros). Las mayores multas de la ordenanza se mantendrán en los 3.000 euros, relativas a la mendicidad.
Los grupos municipales están convocados el próximo miércoles (9:15 horas) para la Comisión de Presidencia previa al pleno. En esa sesión, según fuentes municipales, solo se votará el documento con las alegaciones aceptadas ya incluidas, por lo que no habrá votaciones parciales. Por ahora, tampoco hay fecha para el Pleno en el que se aprobará definitivamente (a priori, con la misma distribución de votos que en el visto bueno inicial) una ordenanza que entrará en vigor quince días después de su publicación.
Reacciones
Tras conocerse el informe técnico, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, mantuvo el apoyo al texto, pese a los cambios previstos: «Nos sigue pareciendo una muy buena ordenanza para la seguridad en Alicante. Las alegaciones, en el fondo, no cambian nada de lo que nos importa. Nuestro objetivo es que se sancionen los comportamientos incívicos».
Por su parte, desde los dos grupos que presentaron alegaciones (tumbadas por los técnicos), la socialista Llanos Cano criticó al bipartito: «Está claro que se ha tomado el pelo a la ciudadanía al no tenerse en cuenta ninguna de las alegaciones ni del resto de grupos políticos, ni de Cáritas, ni de los sindicatos UGT y CC OO ni de expertos en la materia». Por su parte, desde Unidas Podemos subrayaron que «aceptar las alegaciones de Ciudadanos no supone más que maquillar una ordenanza que va a seguir persiguiendo a las personas más vulnerables de esta ciudad», según el portavoz de la coalición morada, Xavier López.
Desde Compromís señalaron que «el PP solo pretende con esta ordenanza de la vergüenza contentar a sus socios ultras y conseguir su apoyo en presupuestos».
Por parte del bipartito, el concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, defendió que se trata de una «ordenanza muy necesaria, que nace para resolver los conflictos ciudadanos, asegurar la convivencia, actuar contra las conductas incívicas, las mafias y la mendicidad coactiva». La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se mostró «altamente» satisfecha tras tramitarse a favor las alegaciones de su grupo porque «mejoran el texto inicial, con un marcado carácter social».