Unidas Podemos y Compromís no tiran la toalla. Ambos grupos han presentado enmiendas al informe técnico que acepta buena parte de las alegaciones de Ciudadanos a la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica. Dentro del plazo establecido, que finalizaba el mediodía de este martes, ambos grupos han registrado propuestas de cambio que, en general, buscan reducir las multas a mendigos y prostitutas, que pueden llegar hasta los 3.000 euros, según el documento impulsado por el gobierno de Barcala.
Estas propuestas, al igual que la ordenanza con los cambios de Ciudadanos incluidos, se abordarán en la Comisión de Presidencia prevista para este miércoles. Todavía no se ha dado a conocer la fecha del pleno en el que se aprobará definitivamente el documento con los votos a favor previstos de los socios del bipartito, PP y Ciudadanos, y de Vox, frente al "no" de los grupos de la izquierda.
Entre las enmiendas registradas por Compromís, se recoge que "tendrán la consideración de infracciones leves y serán sancionadas con multa simbólica de 1 euro las conductas tipificadas como infracciones para la parte ofertante de servicios sexuales". Actualmente, tras los cambios propuestos por Ciudadanos, las multas para las mujeres prostituidas estarían entre 100 euros a 750 euros, frente a los 750.01 euros a 1.500 euros para los hombres que demanden el servicio.
Por parte de Unidas Podemos se propone en que las conductas descritas en el apartado 1 del artículo anterior (Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales) serán constitutivas de apercibimiento por parte de los agentes municipales, frente a las multas previstas en el documento impulsado por el gobierno municipal de hasta 750 euros. En cambio, la coalición propone endurecer las sanciones a las personas que demandan los servicios sexuales: "Serán muy graves cuando tengan lugar a menos de 200 metros de distancia de centros docentes o educativos en los que se imparten enseñanzas del régimen general, con una multa de 1.500,01 a 3.000 euros".
Por otro lado, la coalición pide que el Ayuntamiento de Alicante "proveerá de recursos suficientes y desarrollará con la mayor premura las medidas integradas en el Plan de Inclusión Social de la ciudad a fin de conseguir erradicar la necesidad de ejercer la mendicidad en nuestro municipio". Además, propone que "el Ayuntamiento de Alicante deberá ofrecer alternativa habitacional a las personas sin hogar mediante plaza en en Centro de Acogida e Inserción para Personas Sinhogar, una plaza en un Centro de Inserción de Baja Exigencia, vivienda pública semitutelada o cualquier otra fórmula, con la mayor premura. Para conseguir este fin podrá colaborar con diferentes administraciones públicas y entidades sociales".
