El juzgado ha paralizado la orden de desalojo de una familia con dos menores de uno y seis años en el barrio de Carolinas de Alicante y ha solicitado a los afectados una serie de documentos que tienen que presentar en el plazo de cinco días, como una declaración de vulnerabilidad, es decir, que tienen niños a su cuidado, y que los adultos no tienen trabajo, tan solo una ayuda parcial. El desahucio estaba previsto para las 9 de la mañana en la calle Pelayo de Alicante, un edificio de la Sareb, lleno de familias desde hace siete años. Tampoco ha asistido la comisión judicial a practicar el lanzamiento de una mujer de unos 60 años que también está tramitado esa declaración de vulnerabilidad al carecer de ingresos. En las últimas semanas han acabado paralizándose todos los desahucios que estaban previstos en Carolinas y Colonia Requena, en algunos casos con asistencia de la comisión judicial que lo ha frenado tras certificar la existencia de menores. El denominado banco malo quiere desalojar diez pisos en el inmueble de la calle Pelayo.
Desde el Sindicat de Barri, que se moviliza cada vez que conocen que se va a practicar un lanzamiento, han explicado que todo este bloque de la calle Pelayo está ocupado por familias que reclaman a la Sareb que les ofrezca las viviendas en alquiler social para poder regularizar su situación y no quedar expuestos a un desahucio, señala Borja García, portavoz del colectivo. "Es una promoción fallida. La Sareb quiere el bloque para venderlo a un fondo de inversión. Actúan como intermediarios de activos tóxicos en el cambio de propiedad".
Este colectivo está preparando para el día 22 una protesta en Alicante para demandar que la Sareb, rescatado con fondos públicos, sea nacionalizado y el parque público de vivienda se ponga a disposición de las familias que lo necesiten. El Sindicat de Barri también pide a la Generalitat que incremente el parque de alquiler social haciendo uso del derecho de tanteo y retracto.
José Antonio Cortés, padre de dos menores, ha explicado que accedieron al piso hace siete años "porque no teníamos otra opción. La Sareb nos estafó porque nos pidieron la documentación para un alquiler social pero después nos demandó", ha asegurado. El hombre, que iba a ser desahuciado hoy con su familia, afirma que lleva dos años y medio apuntado para acceder a un alquiler social; y ocupantes de otras viviendas del mismo bloque hasta siete años.
Tras la quiebra de la antigua propiedad del edificio, la Sareb adquirió las viviendas y se ha negado a ofrecer nuevos contratos.
Desde el Sindicat de Barri de Carolines, organización que trabaja por defender el derecho a la vivienda y frenar los procesos de desahucio de los vecinos del barrio, denuncian que estas viviendas deberían ser públicas, puesto que «la Sareb es una maniobra de rescate con fondos públicos de los activos inmobiliarios a los que los bancos no pudieron dar salida en la anterior crisis. En lugar de dirigir la inversión pública ya realizada a ofrecer alquileres sociales y nacionalizarla, la Sareb actúa como un intermediario que favorece los intereses privados de bancos y fondos de inversión frente a nuestros derechos», aseguran.
