La huelga de letrados de la Administración de Justicia ha tenido un seguimiento en la provincia de Alicante por encima incluso de la media nacional y de la propia Comunidad Valenciana. Mientras que en España, la huelga ha tenido una media del 60%, en la provincia de Alicante rondó el 75%, según los datos facilitados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), convocantes de la huelga. En València, el seguimiento ha sido del 35%.

La huelga ha obligado este miércoles a suspender medio millar de juicios en la provincia de Alicante, así como decenas de diligencias y comparecencias en las que era necesaria la firma del secretario judicial. De acuerdo con las estimaciones de la UPSJ, tras esta jornada de paro se han dejado de mover 1,5 millones de euros en la provincia de Alicante de dinero inmovilizado en cuentas judiciales por procedimientos judiciales abiertos y que necesitan de la firma del secretario judicial para salir del banco. El Ministerio de Justicia no prevé dar cifras hasta que hayan acabado los paros.

Paros del 100% en Elche y del 87% en Alicante

Una jornada de huelga que perseguía paralizar el juzgado para demostrar al Ministerio que los Letrados de la Administración Judicial son un pilar fundamental de los tribunales. En los juzgados solo se atendía lo urgente y lo que entraba dentro de los servicios mínimos, como servicios de guardia o trámites referidos a causas con preso. Según los datos de la UPSJ, convocantes de la huelga, en el partido judicial de Alicante, el seguimiento ha sido del 89%; en Elche del 100%; y en Benidorm del 85,5%.

“Estos datos indican que existe un malestar muy alto en el colectivo y que es generalizado, porque la huelga ha sido respaldada por personas ajenas a nuestra asociación”, aseguró a este diario Olaya Sagarribay, secretaria de organización de la UPSJ.

En otros partidos judiciales de la provincia, aunque con menor número de juzgados, los índices fueron muy diferentes. En La Vila y en Dénia, no hubo huelga. En Alcoy, tres de cuatro; en Novelda una de dos; en Ibi, uno de dos; Elda dos de cuatro; Orihuela, cinco de once; Torrevieja 8 de 11; San Vicente dos de cuatro.

Algunos juzgados habían suspendido con antelación las vistas, pero en otros las partes sí que estaban citadas para comunicarles que a causa de la huelga no se iban a poder celebrar la vista. “Hoy estaba citada en Alicante, pero mañana tengo otro juicio en Benidorm, sabiendo que no se va a celebrar tampoco”, se quejaba a este diario una letrada. Las dependencias judiciales de Benalúa estaban casi desiertas con letreros avisando de la huelga en cada juzgado que la respaldaba. 

Carteles anunciando la huelga en el Palacio de Justicia de Benalua. J. A. M.

En Alicante, entre esos servicios mínimos se encontraba un juicio en un juzgado de lo Penal por un robo con violencia y cuyo acusado estaba en prisión por no haberse presentado en su momento a la vista oral. Otros juzgados penales lograron celebrar algún juicio por conformidad. En la Audiencia se celebraron una prórroga de prisión y el resto de asuntos quedó suspendido. Este jueves en la Sección Primera debía comenzar un macrojuicio por fraude fiscal a treinta acusados por el presunto envío ilegal de 168 millones de euros desde Alicante a China procedentes de la venta de calzado entre 2005 y 2009 . El tribunal ha mantenido el señalamiento para todas las partes, aunque da por seguro que se acabará suspendiendo, por lo que aprovechará esta primera jornada para fijar cuestiones organizativas. El paro afectará también este jueves, esta vez en la sección ilicitana de la Audiencia, a la sesión del juicio por el Plan Zonal de basuras de la Vega Baja, pieza del caso Brugal, y por la que se sienta en el banquillo el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Imagen de la concentración del martes en la Ciudad de la Justicia de Elche. Información

Es la segunda convocatoria de huelga convocada por el colectivo, tras el paro del pasado 26 de enero. Aunque esta vez las protestas están convocadas para dos días consecutivos, el miércoles 9 y el jueves 10 de marzo, y hay otros tres días más el 5, el 6 y el 7 de abril. El colectivo viene reclamando tener voz propia e independiente en el proceso de negociación de sus propuestas ante el Ministerio de Justicia y otras Administraciones; así como adecuar sus retribuciones al aumento de funciones y responsabilidades que les van otorgando las distintas reformas legales que se están aprobando para la modernización de la Justicia. Hasta un total de 300 nuevas funciones, que no están retribuidas.

Preguntadas por este diario por las jornadas de huelga, fuentes del Ministerio de Justicia precisaron que ellos dialogan con todos sus interlocutores y negocian y atienden peticiones razonables, “lamentablemente la UPSJ no quiere negociar nada sino instalarse en un conflicto permanente defendiendo posiciones maximalistas que no permiten ningún tipo de acercamiento de posturas. Sus reivindicaciones se salen del marco legal y sindical y no le dan más opción al Ministerio que seguir avanzando con otros interlocutores más posibilistas y razonables”.