Compromís busca presionar al equipo de gobierno de Alicante, de PP y Ciudadanos, para que agilice los trámites de cesión de una parcela del PAU 1 a una fundación de origen oriolano para la puesta en marcha de un centro de salud mental, dirigido a la atención de personas con trastorno mental grave, en convenio con la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra. Esta propuesta ha vuelto a poner en pie de guerra a los vecinos del barrio, que recogieron más de 1.200 firmas a finales del pasado verano, en poco más de un mes, en contra de la cesión de una parcela municipal del "poco suelo dotacional" del barrio a una fundación privada "sin consenso ciudadano, ni consulta o exposición publica del proyecto".
La coalición progresista ha registrado una iniciativa al próximo pleno municipal, previsto para el 31 de marzo, con el objetivo de agilizar la tramitación de cesión de la parcela situada entre las calles Doctora Matilde Pérez Jover, Médico Manuel Alberola y Enfermera Angelina Ceballos. Así figura en el documento, que contiene un único acuerdo propuesto: "El Ayuntamiento de Alicante agilizará el trámite para el cumplimiento efectivo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 2020 de otorgamiento de cesión a ADIEM de una parcela de 4956 m2 en el PAU 1".
Propuesta de acuerdo de la iniciativa plenaria: "El Ayuntamiento agilizará el trámite para el cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local de cesión a ADIEM de una parcela en el PAU 1"
El acuerdo de la Junta de Gobierno al que hace alusión el grupo municipal concreta que el "concesionario -ADIEM (Asociación para la Defensa e Integración de Personas con Enfermedad Mental )- promoverá y construirá a su costa los edificios que integren el equipamiento, previo el otorgamiento de las oportunas licencias y autorizaciones municipales", tomando "como referencia el contenido del Proyecto de dos miniresidencias, centro de día y equipo de apoyo social comunitario para personas con enfermedad mental crónica, presentado en el Ayuntamiento por la entidad el 9 de noviembre de 2019 que, a estos efectos, tendrá la consideración de anteproyecto de mínimos, pudiendo ser mejorada, pero no minorada. La concesión durará en tanto el concesionario cumpla fielmente el objeto de la misma y, como máximo, setenta y cinco años".
Así, Compromís, además de presionar el ejecutivo municipal, también conseguirá que el resto de grupos municipales se posicione respecto a una iniciativa rechazada por la asociación de vecinos del barrio. "Desde hacía meses no sabíamos nada del proyecto.
En verano, cuando se conoció la cesión del solar, nos movilizamos porque supondría darle un solar publico a una fundación privada. No tenemos nada en contra del proyecto, pero sí de que ocupe parte del poco suelo dotacional del barrio. Además, si la sanidad queremos que sea pública, que sea pública de verdad", señala Francisco Sampere, presidente de la asociación vecinal, quien recuerda que hace meses frenó las propuestas de movilizaciones tras una reunión con el alcalde, Luis Barcala, y otros concejales del equipo de gobierno:
"En ese encuentro, hubo una lluvia de millones. Todo fueron promesas, proyectos a incluir en los Presupuestos y no hemos visto nada. También nos dijo el alcalde que iba a analizar el tema y nos diría algo. Un mes después de esa reunión, registré un escrito en Alcaldía para conocer el posicionamiento y no he vuelto a recibir ninguna respuesta. Por esas promesas, y por querer ir de buenas con el Ayuntamiento, en su momento apaciguamos los ánimos, porque la gente quería movilizarse".
No tenemos nada en contra del proyecto, pero sí de que ocupe parte del poco suelo dotacional del barrio
Los vecinos, en ese encuentro de septiembre que se prolongó unas cuatro horas, ya desvelaron al regidor popular que se plantearán acudir a los tribunales si el proyecto sigue adelante "por no haber habido un proceso de participación", además de realizar movilizaciones. "Le planteamos que lo mejor es que revoque la cesión, pero nos dijo que eso costaría dinero porque habría que indemnizar. Ese es el problema de los que dieron el permiso, no nuestro", añade el dirigente vecinal, quien subraya que desde la asociación han mantenido reuniones con todos los grupos municipales, salvo con Compromís. La coalición está al frente de la Conselleria de Políticas inclusivas. "No sabemos nada de ellos. No entendemos que un partido que defiende la sanidad pública, apoye la concesión del servicio a una fundación privada", añaden desde la asociación vecinal.
La inversión prevista en el proyecto del centro de salud mental es de casi cuatro millones de euros, que se financiaría la entidad en un 80% con fondos públicos y el 20% restante con aportaciones privadas, para abrir una instalación con tres servicios: uno de ellos con dos miniresidencias de veinte plazas en cada una; un centro de día con otras 25 plazas; y un área para el equipo de apoyo social comunitario con 40 plazas más. Las instalaciones estarán atendidas por 25 profesionales.
La cesión de la parcela a la Fundación Adiem Sentit se realizaría mientras dure la prestación y por un periodo máximo de 75 años, a cuyo vencimiento revertiría con todas las instalaciones al Ayuntamiento, con la obligación de que se encuentre en buen estado, según informó en su día el bipartito.
La Asociación para la Defensa e Integración de Personas con Enfermedad Mental (Adiem), con sede social en Alicante y origen en Orihuela, cuenta con centros de recursos asistenciales, de rehabilitación e integración social en Alicante, Orihuela y Torrevieja, además de viviendas tuteladas, atendidas por 71 trabajadores. La petición de la cesión de esta parcela fue presentada en noviembre de 2019 "con el objetivo de construir un centro de día y dos miniresidencias para personas con trastorno mental grave".
