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Bravo pide a Justicia 11 nuevos juzgados para la Comunidad, cuatro de ellos en la provincia

La consellera expone en la conferencia sectorial con el Gobierno las demandas para ampliar la planta judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales de Alicante, Valencia y Castellón

Gabriela Bravo, tercera por la derecha, en la conferencia sectorial de Justicia celebrada en Avilés.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de once nuevos juzgados -cuatro de ellos en Alicante y Elche- y tres plazas de magistrado para aliviar la carga de trabajo de los tribunales de la Comunidad Valenciana. Bravo ha realizado esta petición durante su intervención este viernes en la conferencia sectorial de Justicia del Gobierno con las comunidades autónomas que se celebra en Avilés. Las nuevas unidades judiciales se ubicarían en los partidos de València, Alzira, Llíria, Sagunto, Sueca, Alicante, Elche, Nules y Quart, según la Conselleria de Justicia.

Desde Justicia señalan que la propuesta pretende «aliviar» la carga de trabajo de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana y señalan que las nuevas unidades van a ir a partidos judiciales que están «muy saturados de trabajo». La tasa de litigiosidad es actualmente del 118,5 por ciento y el objetivo es acercarla a la media nacional, del 116,5%.

En el caso de la provincia alicantina, la propuesta contempla la puesta en marcha del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Alicante, que asumiría la demarcación de San Vicente del Raspeig, y la creación del juzgado de lo Penal 11 de Alicante con competencia exclusiva sobre Violencia sobre la Mujer. El pasado diciembre se creó el Penal 10 con la intención de que se dedicara solo a malos tratos, pero el Poder Judicial rechazó la propuesta al considerar necesario un segundo juzgado, que es el propuesto ahora por el Consell.

La Generalitat también ha pedido un segundo juzgado de malos tratos en Elche, ampliando su competencia a la demarcación de Novelda. La propuesta se completa con el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 en Elche.

En cuanto a Valencia, Bravo ha pedido el juzgado 5 de Violencia sobre la Mujer en la capital (que surge de la agrupación de juzgados especializados de Valencia, Mislata y Quart de Poblet). Esta concentración de juzgados se propone también para crear el de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alzira (que agrupa el de Carlet) y el número 1 de Sueca (que asume el de Catarroja).

Asimismo, se piden tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción para Llíria y Sagunt, así como una plaza de magistrado para la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia y otras dos más para la Audiencia de Valencia. Para la provincia de Castellón se ha solicitado el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Nules.

Bravo ha resaltado que esta agrupación de partidos en juzgados de malos tratos ha sido «consensuada con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia», porque «no podemos consentir que haya una justicia de primera y otra de segunda», en referencia a que las víctimas del terrorismo machista no reciben igual atención en un juzgado especializado que en otro ordinario.

Por otro lado, la conferencia también ha abordado el futuro esquema común a todas las autonomías para elaborar planes de igualdad, un asunto en el que la Comunidad ya cuenta con uno desde 2017, según la consellera . Está en revisión y Bravo ha propuesto que se incluya la posibilidad de intermovilidad administrativa como ya existe en la Comunidad para las mujeres maltratadas.

La consellera Gabriela Bravo en la conferencia sectorial de Justicia en Avilés. INFORMACIÓN

Además se ha tratado además el reparto de fondos para renovación y modernización tecnológica de la Administración de Justicia, de los que la Comunidad recibirá 36,1 millones. En este sentido, la consellera ha explicado que en la Comunidad están desarrollando «la nueva herramienta de gestión procesal Just@cv» y ha recordado que la Conselleria de Justicia ya ha invertido en los últimos años más de 38 millones en modernización tecnológica que, entre otras cosas, ha permitido celebrar más de 25.000 juicios telemáticos.

La consellera Gabriela Bravo ha lamentado en la conferencia sectorial que la Administración de Justicia no haya recibido fondos europeos Next Generation para mejorar la eficacia energética de los edificios judiciales de la Comunidad, como sí ha ocurrido en otras áreas. No obstante, la titular de Justicia ha recordado «los buenos resultados» que han dado iniciativas como el Programa Jessica o los Fondos Feder que, en el caso de la Comunidad Valenciana, han permitido alcanzar una inversión de 18,2 millones de euros para llevar a cabo 65 proyectos en 27 inmuebles de forma que, en dos años, el 70% del parque inmobiliario judicial valenciano «será sostenible».

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