El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha lanzado este jueves una campaña para recordar a toda la sociedad la importancia “para todo y para todos” del trasvase Tajo-Segura. Lo ha hecho con motivo de la celebración del 43 aniversario de esta infraestructura, que como cada año se conmemora el 31 de marzo. Ese día, pero en 1979, llegaban a la cuenca del Segura los primeros metros cúbicos de agua del Tajo. De entrada, aniversario con sorpresa: el Gobierno ha eleminado del decreto de sequía el precio simbólico de 0.30 euros para el agua desalada, con lo que ahora habrá que negociar todos los años la tarifa del agua desalada que este ejercicio está en 0,47 euros/m3 por el drama del descontrol energético, pero cuyo precio real está en 1,2 euros/m3.
“Nuestro objetivo una vez más es poner en valor ante la sociedad la importancia del trasvase Tajo-Segura en la zona del Levante español. Recordándoles que, además de para nuestros 80.000 regantes, es vital también para el abastecimiento de la población porque sus aguas también se utilizan para beber, lavar, limpiar, fregar, ducharnos...”, recalca Lucas Jiménez, presidente del SCRATS.
Esta campaña se va a desarrollar bajo el lema “Trasvase Tajo-Segura. Esencial para todo y para todos" en medios de comunicación y en redes sociales. Como punta de lanza presenta un dinámico spot que recuerda los múltiples usos del agua que aporta el Trasvase (https://www.youtube.com/watch?v=SJMNlSRW0XM). “Y no podía faltar el más importante: el de alimentarnos gracias al trabajo diario de los agricultores, que tienen en esa agua su herramienta básica”, inciden desde el SCRATS. Un vídeo que, además, destaca que esta infraestructura “garantiza un futuro digno a miles de familias de Murcia, Alicante y Almería”.
El trasvase Tajo-Segura se ponía en funcionamiento el 31 de marzo de 1979 con su primer envío de agua y desde entonces ha permitido el desarrollo de las sociedades de Almería, Murcia y Alicante, basado en la importante aportación que realiza el sector agrícola a la economía y el empleo. “Sin ir más lejos, los últimos datos muestran que las zonas regadas por el trasvase emplean a cerca de 107.000 personas y aportan al PIB nacional de 3.013 millones de euros”, informa el presidente del SCRATS.
Un desarrollo que el SCRATS teme que pierda fuerza debido a los últimos recortes anunciados por el Gobierno central. "Estos ataques al trasvase –“solo apoyados en decisiones políticas”, indica Jiménez Vidal- se traducen en la reducción de sus envíos mensuales y el aumento de sus caudales ecológicos. Medidas que “no tienen los criterios técnicos válidos que avalen su conveniencia. Si el ataque al trasvase persiste, el futuro agrícola del Levante no existe y así se pondrá en peligro el futuro del suministro alimentario que la zona produce desde hace décadas”, adelanta el presidente del SCRATS.
Un informe del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, con datos del departamento de estudios de la Cámara de Comercio de Alicante, revela que el agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia no solo beneficia a estas dos provincias, sino que sostiene el 43% de la exportaciones agrícolas de España a la Unión Europea. En concreto, el 71% de las hortícolas y un 25% de la producción de frutas.
Pese a la importancia de los datos, el estudio subraya también que en los 43 años de funcionamiento del acueducto, tan solo en un año, en 2001, llegaron los 600 hm3 que contempla la ley, ya que la media anual está en los 350 hm3. El valor económico de la producción agrícola es de 1.500 millones de euros al año, el 34% en la Vega Baja y el campo de Elche, pero los autores destacan que el agua es clave para sostener el turismo residencial. El impacto económico total anual es de 3.013 millones de euros. Y en cuanto a la huella de carbono, los regadíos evitan la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año. La sustitución del agua del trasvase del Tajo por agua desalada reduciría esta cifra a 700.000 toneladas. Más de cien mil empleos dependen del agua del Tajo.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha tratado de suavizar su discurso en cuanto al futuro del trasvase Tajo-Segura tras la movilización de los regantes en Madrid, y no solo les ha ofrecido 500 millones de euros para mejorar la infraestructura hidráulica en la cuenca del Segura, sino que, incluso, la propia vicepresidenta Teresa Ribera reconoció en una reunión con los regantes que la contaminación del río Tajo no es culpa del trasvase si no de las aguas residuales mal depuradas que Madrid vierte al cauce.Es ya inminente que la Confederación Hidrográfica del Tajo publique su propuesta sobre los caudales ecológicos en el Tajo en Aranjuez. En un principio se deslizó que de los 6 m3/segundo actuales se pasará a 8,52 m3/ segundo, lo que dejaría a Alicante y Murcia sin 130 hm³ de agua al año.
El presidente del Sindicato Central, Lucas Jiménez, ha trasladado hasta en tres ocasiones a la vicepresidenta Teresa Ribera que los regantes no admiten ningún aumento del caudal, por lo que las espadas están en el aire.
Ayudas insuficientes
Por otro lado, una piedra más en las ruedas del carro del campo. LA UNIÓ considera que el paquete de ayudas directas aprobado esta senana por el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania va a tener un efecto mínimo en el campo, que ha visto incrementado sus costes de producción en más de 4.000 millones de euros desde enero de 2021 hasta ahora. La ayuda al sector lácteo es insuficiente para paliar las pérdidas que están asumiendo los ganaderos debido a la subida de los piensos y al mal funcionamiento de la cadena alimentaria, y hay otras muchas producciones y ganados también afectados.
La organización, tras analizar las ayudas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2022 destinadas específicamente al sector agrario, las valora como incapaces de compensar el encarecimiento de los costes de producción que las explotaciones agrarias están teniendo que soportar. Particularmente en el sector lácteo los 169 millones de euros que se le destinan apenas compensarían el 13% de lo que está suponiendo para los ganaderos el incremento del coste de la alimentación en estos sectores, sin entrar a considerar otros inputs.
Los ganaderos temen, además, que industrias lácteas puedan aprovechar el argumento de estas ayudas para no llevar a cabo el incremento necesario del precio pagado al ganadero en los contratos que se estén revisando ahora. “Desde LA UNIÓ vamos a estar atentos para denunciar cualquier intento de descontar estas ayudas del precio de la leche”, apuntan.
Por otro lado, en relación a los 193,5 millones de euros de la ayuda excepcional de adaptación, igualmente se estiman escasas en relación a los 4.000 millones de euros más que ha supuesto la cuenta de inputs del sector a lo largo de las crisis de estos últimos 14 meses, “con la incertidumbre que supone, además, para producciones agrícolas como frutas y hortalizas vino, aceite y frutos secos, además de la apicultura y la ganadería integrada (donde los productores pagan la energía), también afectadas por la subida de los costes y que hasta el momento no saben si contarán o no con estas ayudas, además de las incertidumbres en cuanto a las exportaciones”.
Tampoco satisface la bonificación de 0,2 euros litro que se aplicará a todos los combustibles y que afectará también al gasóleo agrícola, teniendo en cuenta que en 2020 el precio medio del gasóleo no llegaba a 0,72 €/litro y en este momento se ha multiplicado por dos, hasta los 1,432 €/litro.
LA UNIÓ critica por tanto que no se destinen más fondos al sector agroalimentario. Ha reivindicado que el paquete de ayudas directas debería alcanzar los 1.000 millones de euros para que tuvieran algún efecto sobre la resiliencia de las explotaciones ante esta crisis. Pero también señala que, ante la insuficiente dotación de las medidas, las ayudas deberían concentrarse en los agricultores y ganaderos profesionales “que son aquellos que realmente están sufriendo sobre sus rentas los efectos de la crisis.
La organización también apunta que, tanto para los ganaderos del lácteo como para el resto de los agricultores y ganaderos, no estaríamos hablando de escasas ayudas si el Gobierno y el Legislativo hubieran dotado al sector de una Ley de la Cadena Alimentaria que estuviese funcionando bien y asegurando precios por encima de costes.
