La polémica por posible enchufismo en la Policía Local de Alicante llega al Defensor del Pueblo. El alto comisionado de las Cortes para la defensa de derechos constitucionales ha recibido denuncias sobre las posibles irregularidades en el proceso selectivo que ya está siendo investigadas en la Agencia Antifraude. Una de ellas fue archivada el pasado mes de febrero por falta de pruebas. En los últimos días, el Defensor del Pueblo ha recibido nuevas denuncias en las que se alerta del listado de aprobados a las oposiciones realizadas en el Ayuntamiento de Alicante en el que figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos. También están incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos como PP, PSOE y Vox y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento, salpicando a siglas como UGT y CSIF, según las mismas fuentes. En la denuncia presentada ante el alto comisionado se reclama la realización de una "profunda y exhaustiva investigación" sobre los hechos señalados para una "posible depuración de responsabilidades".
El asunto, por ahora, está siendo ya investigado por la Agencia Valenciana Antifraude, también a raíz de denuncias presentadas en este caso en la entidad dependiente de las Cortes Valencianas. De igual forma, la agencia archivó la primera denuncia recibida por falta de concreción, pero ha abierto una investigación tras recibir otras comunicaciones más fundamentadas.
Según la Agencia Valenciana Antifraude, la cuarta parte de las denuncias recibidas en 2021 se refirió a irregularidades en oposiciones a Policía Local en la Comunidad, como la filtración de preguntas, ante lo que esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el Ivaspe, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas.
El Ayuntamiento de Alicante tendrá que remitir a la Agencia Valenciana Antifraude el "expediente completo" relativo a la oposición a la Policía Local, que se está investigando por supuestas irregularidades. En el expediente, que según Antifraude aún no se ha reclamado, deberá constar "toda" la documentación relativa al proceso, incluyendo información sobre el tribunal, los aspirantes y los exámenes y pruebas realizadas. Además, según el director de la agencia, Joan Llinares, la entidad puede realizar entrevistas a personas que "puedan aportar datos", sin concretar si se llamará a dirigentes políticos, al jefe de la Policía Local, que a su vez fue el presidente del tribunal o a aspirantes, tanto los que han conseguido plaza como los que se han quedado fuera del proceso.
Además, en breve, una comisión política también empezará a realizar la "revisión del proceso de oferta pública de empleo y dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación". El alcalde será, por normativa, el presidente nato del órgano, aunque podrá delegar el cargo. Lo previsible es que lo deje en manos del concejal de Seguridad, José Ramón González. A la comisión, que se espera poner en marcha "cuanto antes", serán citados "los funcionarios municipales que se estimen convenientes". Se da por hecho que el primer interviniente será el jefe de la Policía Local y presidente del tribunal de la oposición, José María Conesa. Las sesiones, que no deben celebrarse con una periodicidad de más de 15 días, serán públicas. La comisión finalizará con un dictamen con las conclusiones, previamente votadas por los grupos, que se elevará al pleno para su conocimiento.
